El futuro decreto de centros de datos ha desatado un frente común en el sector energético español. La exigencia de cubrir con nueva capacidad renovable al menos el 80% de su consumo, acreditada hora a hora, ha sido tachada de ‘ideológica’ por Endesa y de inviable por Engie, mientras Repsol pide recuperar la cordura en la política energética europea.
Un 80% renovable acreditado hora a hora: qué exige el futuro decreto
La futura norma, que el Ministerio para la Transición Ecológica prepara aún como borrador, impone condiciones de conexión y de operación que van más allá del simple acceso a la red. El objetivo declarado es evitar que los centros de proceso de datos canibalicen la generación limpia destinada a hogares e industria. La obligación de acreditar el origen renovable hora a hora supone un salto cualitativo respecto a los certificados anuales: cada megavatio-hora consumido tendrá que estar respaldado por producción verde en la misma franja horaria.
La medida busca dar cobertura legal a una demanda eléctrica que, según los gestores de la red, crecerá con fuerza en los próximos años. Los centros de datos concentran consumos equivalentes a los de una gran ciudad en pocos metros cuadrados y su conexión tensa la planificación de las infraestructuras. El sector eléctrico asume que la infraestructura es estratégica, pero rechaza las puertas que el decreto pone al crecimiento.
De Endesa a Repsol: el sector energético contra la norma
El consejero delegado de Endesa, Gianni Armani, lo verbalizó con claridad en el XI Foro Energía de elEconomista.es: ‘es claramente parte de una decisión ideológica’. Para Armani, si Europa aspira a ser más independiente en un mundo menos globalizado, ‘esta infraestructura tenemos que tenerla aquí donde estamos. El directivo defendió facilitar todo desarrollo económico que genere productividad, empleo y riqueza, y alertó del obstáculo que la norma supone para la electrificación.
Mario Ruiz-Tagle, consejero delegado de Iberdrola España, aportó el argumento de la frontera. Si un centro no se instala en España, ‘se va a instalar en Francia y en Portugal, pero bien pegadito a la frontera’, explicó. Esa demanda consumirá energía barata exportada por España. ‘No le pongamos puertas al campo’, resumió, convencido de que la expansión de los centros de datos ‘no se va a parar, ni desde Europa ni menos desde España’.
Ruiz-Tagle distinguió además el empleo directo de un centro de datos —escaso— del que generan las gigafactorías de software, mucho mayor. Su mensaje fue rotundo: ‘los necesitamos y se instalarán en España o fuera de España’. El riesgo que dibujó no es tecnológico, sino de ejecución. Si España levanta el límite pero no desbloquea los proyectos, ‘se va a seguir hablando de teoría de crecimiento, no de realidad de crecimiento’.
La advertencia de las eléctricas es unánime: si los proyectos no se ejecutan en España, se levantarán al otro lado de la frontera consumiendo electricidad española.
La consejera delegada de Engie España, Loreto Ordóñez, fue aún más directa. A su juicio, las condiciones actuales hacen ‘prácticamente inviables desde un punto de vista físico’ los centros de datos. Solo sobrevivirán, advirtió, ‘aquellos pocos que tengan unos compromisos de sostenibilidad muy, muy altos’ y puedan integrar ese coste en su ecuación. Realmente es una llamada para que la gente se instale en otro sitio y es una pérdida como país que yo creo que no nos podemos permitir’, sentenció.
En la misma mesa, la presidenta de bp España, Olvido Moraleda, puso el foco en la seguridad de suministro. La flexibilidad y la diversificación de fuentes son, a su juicio, la prioridad. Reconoció que España está mejor preparada que Europa gracias a las inversiones renovables de los últimos años.
Maarten Wetselaar, consejero delegado de Moeve, subrayó que la electrificación de Europa avanza lenta y que España necesita más refino y más moléculas verdes. Su diagnóstico encaja con quienes exigen considerar el conjunto de la cadena energética, no solo la red.
El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, elevó el debate a la política comunitaria. ‘Es momento de recuperar la cordura en Europa en política energética’, afirmó. Lamentó que Europa haya despreciado el refino ‘cuando se debe cuidar como una joya’ y reivindicó su papel en la autonomía energética del continente.
Imaz cargó contra los derechos de emisión de CO₂, que calificó de desventaja frente a Estados Unidos y China. En materia de inversión, aseguró que Repsol sigue ‘completamente comprometida con Venezuela’ y que la petrolera continúa invirtiendo.
La consejera delegada de Acciona Energía, Arantza Ezpeleta, advirtió del riesgo de que suban los precios, sobre todo el del gas, en el próximo año 2027. Un encarecimiento que, en plena pugna por la demanda industrial, añadiría presión al consumidor electrointensivo.
El riesgo de empujar los centros de datos al otro lado de la frontera
La tensión no es nueva, pero el borrador la ha convertido en disputa abierta. España dispone de un recurso que pocos países europeos pueden replicar: suelo, sol y viento para generar electricidad renovable barata. Esa ventaja es la que atrae a los operadores de centros de datos. El debate es si la regulación debe priorizar la descarbonización del consumo eléctrico existente o captar nueva demanda industrial para financiar la red. Esa pugna no es solo española: las grandes economías europeas compiten por los mismos operadores con incentivos fiscales, suelo industrial y plazos de conexión más cortos.
El argumento de la frontera va más allá de la retórica. Las interconexiones con Francia y Portugal permiten que un centro situado en territorio vecino consuma electricidad española sin quedar sujeto a la regulación española. Red Eléctrica monitoriza esos flujos en sus informes mensuales y el saldo exportador de la península lleva años ampliándose. Si la demanda migra, la huella de carbono no desaparece: cambia de jurisdicción.
La contradicción es evidente. El mismo plan que pide más electrificación para descarbonizar la economía pone condiciones que, según Engie, hacen físicamente inviables algunos proyectos. No se trata de elegir entre renovables y centros de datos; se trata de decidir si España quiere ser anfitrión de la economía del dato o mero exportador de la electricidad que la alimenta. La diferencia es relevante en términos de renta, empleo y autonomía tecnológica.
El decreto nace con un objetivo climático, pero su primer efecto puede acabar siendo desplazar la demanda española al otro lado de la frontera, no eliminarla.
La batalla regulatoria no se resolverá solo en los despachos de Madrid. El Gobierno mantiene su intención de aprobar la norma, pero las eléctricas han dejado claro que medirán la propuesta con una vara de ejecución: si la demanda se instala al otro lado de los Pirineos, la teoría de crecimiento se quedará en otra promesa. La posición de las compañías no es idéntica —Repsol pone el acento en el refino, Moeve en las moléculas verdes, Acciona en los precios—, pero la conclusión sobre el decreto converge. El siguiente hito llegará con la publicación del borrador definitivo y, después, con la batalla europea por el marco de renovables para la demanda industrial.
