Merlin Properties defiende en Botorrita un centro de datos de 1.200 millones de euros y aviva el choque social de los centros de datos en Aragón. La visita del consejero delegado, Ismael Clemente, al municipio zaragozano de menos de 600 habitantes resume el nuevo frente que afronta la infraestructura digital en España.
Claves de la operación
- Merlin invertirá 1.200 millones de euros en 28,8 hectáreas del polígono San Antonio. El centro de datos sumará 144 MW de capacidad informática y 227 MW de potencia eléctrica.
- El ayuntamiento espera 800.000 euros anuales de IAE e IBI cuando su presupuesto roza los 900.000. El alcalde defiende que el proyecto duplicará la capacidad fiscal del pueblo.
- La licencia social no está garantizada. Unos 80 vecinos acudieron a la reunión, varios amenazaron con marcharse y el ecologismo local denuncia impacto ambiental y arqueológico.
La batalla social por los centros de datos en Aragón
El encuentro en el Cine-Salón Cultural se prolongó más de dos horas. Asistieron unos 80 vecinos, una cifra notable para una localidad de menos de 600 habitantes. Clemente acudió acompañado por David Martínez, director de Desarrollo Inmobiliario de Merlin Properties y ex CEO de Aedas Homes.
‘Esto de los centros de datos es una ciencia. Lo que queremos es intentar contestarlas en castellano para que nos entendamos todos’, resumió Clemente ante el público. El directivo negó el efecto isla de calor, aseguró que el consumo de agua será nulo y se abrió a estudiar un alejamiento del complejo respecto a las viviendas de la carretera a Jaulín.
La sociedad gestora defendió que pagará en torno a 800.000 euros al año entre el Impuesto de Actividades Económicas y el IBI. También plantea asumir actuaciones municipales por el valor del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). La mayoría de los vecinos que acudió a la reunión escuchó las cifras con escepticismo.
El alcalde, José María Castillo, aseguró que el proyecto es ‘una oportunidad que muchos otros querrían’. Destacó que solo en impuestos se recibirán más de 800.000 euros anuales, frente a un presupuesto municipal que apenas supera los 900.000. En noviembre se firmará un convenio para adecuar infraestructuras con el dinero que pagaría la socimi por el ICIO.
No todo fue descripción técnica. Vecinos denunciaron la existencia de un yacimiento arqueológico, la proximidad al casco urbano y el futuro estrés térmico. Dos concejales manifestaron su posición contraria al centro de datos y criticaron la falta de información para presentar alegaciones a la Declaración de Interés General de Aragón (DIGA), cuyo plazo concluye el viernes 11 de septiembre.
Mil doscientos millones de inversión no sustituyen la legitimidad de un pleno municipal ni la paciencia de 600 vecinos.
La letra pequeña: impuestos, agua y expropiaciones
La tramitación administrativa es clave. El proyecto cuenta con una Declaración de Interés General de Aragón, trámite previo al Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA). Esa figura recorta los plazos administrativos a la mitad y permite exenciones fiscales y facilidades expropiatorias.
Merlin insiste en que no recurrirá a la expropiación salvo que no haya acuerdo. Clemente señaló que la empresa apostará por ‘llegar siempre a convenios’, y ofreció sufragar una excursión a un centro de datos ya operativo y poner en contacto a alcaldes. Con todo, el clima de bronca ocupó la mitad de la reunión.
El riesgo reputacional de Merlin Properties en su apuesta ibérica
La escena tiene una lectura de mercado. La socimi del Ibex 35 ha convertido los centros de datos en su vector de crecimiento: suma tres activos operativos y una cartera en desarrollo en España. Botorrita no es un caso aislado; es la primera línea de una tensión que se repetirá en cada municipio que compita por albergar infraestructura digital.
La apuesta de Merlin choca con la concentración del sector en Aragón. La comunidad ya concentra grandes proyectos de cloud y energía, impulsados por el cierzo y la conexión con la diagonal ibérica de fibra óptica. Clemente admitió que no podría llevar el centro de datos a su propio pueblo, Valencia de Mombuey, porque faltan viento, energía y fibra.
La vía de los ingresos fiscales es la baza del proyecto: los 800.000 euros anuales podrían prácticamente duplicar el presupuesto de Botorrita. La oposición local, en cambio, pide garantías ambientales y sanitarias. Un vecino llegó a preguntarse si una empresa de ese calibre dejaría que el pueblo le dijera lo que tiene que hacer.
La reunión se cerró entre politonos de teléfonos móviles y sillas vacías. Merlin ha llegado a Botorrita con la tramitación a favor, pero sin el consenso asegurado. En los próximos meses se verá si los convenios urbanísticos y la fiscalidad municipal desactivan el rechazo o si el proyecto se enfrenta a una judicialización que retrase el calendario.
