El decreto de centros de datos de Moncloa ha activado al PP y amenaza una inversión cloud que solo en Aragón roza los 47.000 millones de euros. La dirección nacional del partido ha coordinado una ofensiva común contra un texto que, de aprobarse por la vía de urgencia, elevaría a España el marco más restrictivo de Europa.
Claves de la operación
- Aragón y Madrid defienden inversiones por 62.000 millones de euros. En conjunto, ambas comunidades concentran los proyectos más avanzados y el mayor retorno fiscal esperado.
- El decreto afectaría de forma retroactiva al 80% de los proyectos. La patronal SpainDC y el PP aseguran que quedarían tocados todos los desarrollos aún no conectados a la red.
- El choque es también político: once autonomías contra Moncloa. Génova ha activado a sus consejeros para fragmentar la norma desde la soberanía energética autonómica.
La contrarreloj autonómica contra el decreto
La reunión del pasado lunes se convocó, según fuentes próximas al encuentro, de un día para otro y con la máxima discreción. Alberto Nadal, vicesecretario de Economía del PP, lideró una cita telemática que no figuró en las agendas oficiales ni de las CCAA ni del partido.
Las once comunidades gobernadas por el PP irán todas a una, aunque con matices. La intención de Génova es evitar que la batalla se lea como una disputa territorial aislada. El trasfondo es una regulación que condiciona suelo, agua y electricidad, tres recursos que dependen directamente de los gobiernos autonómicos.
La Moncloa tramita el real decreto por la vía de urgencia y amplió el trámite de audiencia hasta el 10 de septiembre. Ese calendario comprimido ha irritado al sector, que reclama seguridad jurídica para proyectos de ciclo largo. Los inversores no deciden en semanas.
La retroactividad, talón de Aquiles del decreto
Según el reportaje de El Mundo, la patronal SpainDC y la dirección del PP denuncian que el real decreto es el marco más estricto de Europa. El 80% de los proyectos en curso quedarían tocados por arrastre, al afectar retroactivamente a todos aquellos que todavía no se hayan conectado a la red. Una condonación implícita.
En Génova lo resumen con una frase que ya circula internamente: «El inversor que levanta el vuelo ya no vuelve». La promesa de retorno no resiste un cambio normativo que reaparece cuando los proyectos ya han comprometido ingeniería, suelo y financiación.
El inversor institucional es exigente, pero aún más miedoso: prefiere una regulación dura y previsible a una urgencia que altera las reglas a mitad de partida.
Aragón y Madrid ya han encajado los números. En Aragón, los data center han prometido inversiones por 47.000 millones de euros para 2029, más 10.000 empleos y un retorno fiscal de unos 4.300 millones. En la región madrileña hay 56 proyectos en curso, 15 ya en construcción, con una inversión de unos 15.000 millones y hasta 24.000 empleos potenciales.
Los equipos de Isabel Díaz Ayuso y Jorge Azcón trabajan a contrarreloj para afinar alegaciones. La dirección nacional no quiere que sea una cruzada individual. Once comunidades, un solo frente.
Desde Aragón denuncian «un sinsentido y un golpe de miles y miles de millones al territorio». La brecha entre el discurso industrial y la norma final empieza a medirse en riesgo reputacional.
Lo que arriesga España si el inversor no vuelve
España lleva una década compitiendo como el hub de datos del sur de Europa. La combinación de renovables baratas, suelo disponible y posición geográfica para cables submarinos ha atraído a operadores que miran a Portugal, Francia o Italia.Este real decreto introduce una variable que no estaba en las proyecciones originales: la discrecionalidad regulatoria.
El Gobierno justifica el endurecimiento con los problemas de estabilidad de la red y el encarecimiento de la luz en Estados Unidos o Irlanda. La lógica es defendible: anticiparse a un colapso. El problema es el cómo. La vía de urgencia sin consulta previa con sector y CCAA resta previsibilidad a infraestructuras con retornos a 10 o 15 años.
En el mercado español de infraestructuras, esta secuencia ya se ha visto en renovables y redes. La comparación con la evolución de precios y accesos en el sector energético indica que los cambios bruscos penalizan antes a los proyectos apalancados que a los ya conectados.
La batalla no es solo técnica. Es política. Las alegaciones de Aragón y Madrid se presentarán con matices, pero el mensaje de fondo va a ser idéntico: el centro de datos no puede ser el nuevo vertedero regulado del despliegue digital.
El siguiente hito llegará cuando se conozca el texto definitivo tras el 10 de septiembre. Si la norma mantiene la retroactividad, la discusión ya no será sobre agua y electricidad, sino sobre si España es un lugar fiable para la infraestructura de la inteligencia artificial.
