La situación de las VTC en Zaragoza sigue siendo complicada. Las tres plataformas del sector, Uber, Cabify y Bolt, así como la patronal mayoritaria nacional Unauto VTC, insisten en que el Ayuntamiento de la capital aragonesa mantiene bloqueadas todas las solicitudes de nuevas licencias para las plataformas en los últimos años, conservando tan solo 59 licencias activas en la ciudad.
Apoyándose en la regla del 1/30 —la norma que establece que solo puede haber un vehículo de las plataformas por cada 30 taxis—, el Ayuntamiento que dirige Natalia Chueca sigue a la espera de que exista una nueva normativa en todo Aragón antes de revisar las autorizaciones. Según han dejado claro fuentes cercanas a las plataformas de VTC, lo habitual es que no reciban respuesta oficial por parte de las instituciones locales, las cuales, a diferencia de otros ayuntamientos, han considerado el silencio administrativo como una negativa.
Desde Unauto VTC se ha señalado que la falta de un reglamento en Aragón es lo que permite esta decisión a nivel local. La patronal mayoritaria del sector en el país ha expresado a Merca2 el deseo de recuperar el diálogo con ambas partes una vez que concluya la temporada estival, con la idea de alcanzar una solución clara que permita resolver la situación sin una gran crisis legal y sin recurrir a los tribunales. Mientras tanto, durante el pasado mes de enero, la otra gran patronal del sector en el país, Movea, planteaba llevar el caso a los tribunales nacionales, aunque de momento no se ha concretado esa acción.
Movea no es la única organización que se plantea llevar el caso a la justicia. Fuentes cercanas a las tres grandes plataformas de la nueva movilidad, Uber, Cabify y Bolt, explican que se han planteado presentar una denuncia conjunta por la situación, o al menos otras medidas legales. No sería la primera vez que se recurre a la vía legal para destrabar licencias en alguna comunidad autónoma o ayuntamiento en España; de hecho, ya ha ocurrido en casos como el de Madrid con las licencias de Cabify.
Un conflicto entre las plataformas y el Ayuntamiento desde hace meses
La realidad es que las plataformas del sector llevan ya casi un año en conflicto con el Ayuntamiento de Zaragoza. Y es que, al intentar tramitar nuevas licencias urbanas para seguir creciendo en diferentes zonas de España, Uber, Cabify y Bolt se han topado con varios obstáculos, pero ninguno tan complejo como el de la capital aragonesa. De hecho, en la comunidad apenas hay aprobadas unas 327 licencias de VTC frente a las 2.165 del taxi, lo que la convierte en una de las pocas regiones en las que su capital no ejerce como punta de lanza de este crecimiento.
De ahí la urgencia por destrabar esta crisis. Aunque no se trata necesariamente de una de las zonas más prioritarias por volumen de turismo o población —factores que marcan sus decisiones a la hora de definir dónde seguir expandiéndose—, existe la necesidad de extender su presencia en todo el territorio, sobre todo ante la posibilidad aún presente de una expulsión del mercado catalán. Mientras tanto, el Ayuntamiento sigue defendiendo que la superposición de regulaciones y decisiones contradictorias, desde las cortes locales hasta la posición europea, dificulta una solución clara.
A la par, según ha reportado El Periódico de Aragón, la Consejería de Fomento trabajaba en una evolución de la norma impulsada por José Luis Soro (CHA) durante el gobierno de Javier Lambán, pero se mantiene a la espera de que los tribunales y las administraciones superiores, Europa incluida, aclaren el marco jurídico.
Mientras tanto, los conductores acumulan sanciones
El problema es que las plataformas continúan sumando dificultades en la zona y las pocas VTC que operan en Zaragoza acumulan sanciones. En enero se avisaba de que acumulaban más de 1.000 denuncias, si bien en su mayoría se trataba de vehículos con licencia de otras zonas de Aragón que realizaban desplazamientos urbanos en la capital.
En los últimos dos años, bajo la presión del sector del taxi, la Policía Local ha intensificado sus controles en la ciudad para evitar estas situaciones, lo que ha elevado el total de sanciones. A esto se suma que los taxistas siguen reiterando que no se necesitan más vehículos de VTC en la ciudad, donde defienden que hay taxis más que suficientes para cubrir la demanda.
Uber, Cabify y Bolt quieren una regulación nacional
Mientras tanto, Uber, Cabify y Bolt siguen insistiendo en que la mejor solución ante este tipo de situaciones sería una regulación nacional para el sector que sirviera como marco general. Es un objetivo que plantean sobre todo de cara al próximo año, una vez que echen a andar las nuevas legislaturas tras las elecciones generales y autonómicas en todo el país. Será de interés comprobar cómo se movilizan y si los resultados marcan una tendencia para el nuevo reglamento.
Por ahora dependen de las normativas de cada comunidad autónoma, de las cuales algunas se niegan a crear una regulación o alargan el proceso durante años. El mejor ejemplo vuelve a ser la controvertida «ley taxi» de Cataluña, que acumula más de un año en trámite y no se prevé que sea aprobada durante 2026. Al no haber señales de que el Gobierno central pretenda impulsar una regulación estatal, a las plataformas no les queda más opción que negociar con los distintos gobiernos locales y autonómicos.
