El Tribunal Supremo ha cambiado su doctrina y obliga a la Agencia Tributaria a informar al autónomo desde el mismo instante en que arranca una inspección. Lo ha hecho en tres sentencias de 8 y 14 de julio de 2026 que refuerzan la transparencia del procedimiento inspector y dan un nuevo argumento a los contribuyentes que se enfrenten a Hacienda.
Hasta ahora, la jurisprudencia venía diciendo que si la Administración no respondía a un recurso de reposición y se producía el silencio administrativo, el ciudadano podía acudir directamente a los tribunales sin tener que pasar por la vía económico-administrativa. El argumento era que Hacienda no podía beneficiarse de su propio incumplimiento. Pero los nuevos fallos matizan esa protección: si desde el primer momento la Inspección te explicó de forma clara qué recursos tenías que interponer, ya no puedes saltarte la vía económico-administrativa aunque la Administración guarde silencio después.
Dicho en cristiano: si la notificación inicial de Hacienda ya incluía una información completa sobre el recorrido que debías seguir para recurrir —incluida la obligación de presentar una reclamación económico-administrativa—, esa vía es obligatoria. Solo si la Agencia Tributaria fue opaca desde el inicio y encima no te contestó al recurso de reposición, podrías acudir directamente al contencioso.
El giro doctrinal: información desde el minuto uno
Las tres sentencias (dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo el 8 y el 14 de julio de 2026) zanjan una cuestión que llevaba años generando inseguridad. En los litigios originales, varias empresas habían recurrido liquidaciones tributarias. Primero interpusieron el recurso potestativo de reposición y, al no obtener respuesta en plazo, optaron por ir directamente a los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, sin agotar la reclamación económico-administrativa.
Los Tribunales Superiores de Justicia les dieron la razón. Pero la Agencia Tributaria recurrió al Supremo, que ahora unifica doctrina y resuelve: si la liquidación original ya describía con detalle el camino a seguir —y ese camino pasaba por el tribunal económico-administrativo—, no se puede prescindir de él. La nueva doctrina se apoya en los artículos 69.c) y 25.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y en los artículos 225.5 y 249 de la Ley General Tributaria.
La clave ya no es solo que la Administración guarde silencio, sino si informó o no desde el primer contacto.
El matiz respecto a sentencias anteriores (como las de 7 de marzo y 3 de mayo de 2023) es importante. Entonces el Supremo protegió al ciudadano porque la Administración no le había explicado qué recurso utilizar. Ahora, en cambio, considera que si esa información existió desde el inicio, el contribuyente no puede alegar desconocimiento para saltarse un paso obligatorio.
Qué implica para los autónomos inspeccionados
Para un autónomo que recibe una comunicación de Hacienda, la doctrina se traduce en dos reglas prácticas. La primera: exige que la Inspección te diga, negro sobre blanco, qué vías de recurso tienes y por dónde empieza el camino. Si no lo hace, podrías tener un argumento sólido para ir directamente al contencioso si después se produce el silencio administrativo.
La segunda: si la notificación inicial sí detallaba todo el procedimiento, no puedes acortar el recorrido. Tendrás que presentar la reclamación económico-administrativa aunque Hacienda no te conteste al recurso de reposición. El plazo para esa reclamación suele ser de un mes desde que se entienda desestimado el recurso de reposición por silencio, y no es un trámite que convenga dejar pasar.
El Tribunal Supremo, de hecho, avala la postura de la Agencia Tributaria en estos casos concretos porque las liquidaciones iniciales informaban de forma «completa, puntual y detallada» de la obligación de acudir a la vía económico-administrativa. Así que el foco se desplaza al primer documento que te envían: léelo con lupa y comprueba si contiene o no esa información.
Un antes y un después en la defensa del contribuyente
La doctrina que fija el Supremo tiene un efecto doble. Por un lado, obliga a Hacienda a ser transparente desde el inicio, lo que refuerza la seguridad jurídica y los derechos de los autónomos. Por otro, pone un deber de diligencia sobre el contribuyente: una vez que sabe el camino, debe seguirlo. No caben atajos basados en el silencio si la hoja de ruta estaba clara.
Es un equilibrio distinto al de hace un par de años. En 2023, la balanza se inclinaba hacia la protección del ciudadano desinformado; en 2026, se subraya que el ciudadano informado debe respetar el procedimiento. Para los autónomos, la lección es evidente: cada vez que llegue una carta de la Inspección, el primer paso es leer con atención qué recursos te indican. Ese párrafo puede definir toda la estrategia de defensa.
Este cambio de doctrina, además, se convierte en un argumento nuevo para quienes ya están litigando contra liquidaciones y consideran que Hacienda no les informó adecuadamente. Si ese es tu caso, conviene revisar la documentación inicial y valorar si la sentencia puede ayudarte a impugnar.
Guía rápida del trámite
- 📅 Plazos: Durante la inspección no hay un plazo tasado, pero si se produce silencio administrativo tras un recurso de reposición, dispones de un mes para presentar la reclamación económico-administrativa. La clave es actuar rápido.
- ✅ Requisitos clave: Estar siendo objeto de un procedimiento de inspección, haber recibido una notificación de liquidación y que la Agencia Tributaria no te haya informado con claridad sobre la obligación de agotar la vía económico-administrativa.
- 🌐 Dónde solicitarlo: La obligación recae en Hacienda. Si consideras que no te informó, puedes alegarlo ante el Tribunal Económico-Administrativo o en la vía contencioso-administrativa citando las sentencias del Tribunal Supremo de 8 y 14 de julio de 2026.
- 💰 Importe o coste: No existe un coste directo, pero perder la posibilidad de recurrir puede suponer la firmeza de la liquidación y el pago de la deuda más recargos e intereses de demora.
- ⚠️ Error a evitar: Creer que el silencio administrativo te permite saltarte siempre la vía económico-administrativa. Si la notificación inicial ya te informaba de ese paso, estás obligado a recorrerlo.
