Según una investigación del Financial Times, la Administración Trump ha recaudado más de 13.000 millones de dólares en lo que va de año procedentes de las ventas de crudo venezolano bajo control estadounidense. He analizado los datos y lo que me encuentro es una opacidad casi total sobre el destino de esos fondos, en un momento en que Venezuela afronta una emergencia humanitaria agravada por los terremotos del 24 de junio.
El plan anunciado por el secretario de Estado, Marco Rubio, contemplaba transferir partidas al Gobierno interino de Delcy Rodríguez para gastos concretos como sanidad o infraestructuras. El Tesoro estadounidense supervisaría el proceso y aprobaría los presupuestos mensuales. Para evitar que los fondos quedaran bloqueados por las sanciones, Washington abrió una cuenta en Catar que canalizaría los ingresos.
Los números que no cuadran
Pero la realidad que reflejan las cifras es bien distinta. Aunque el alto funcionario del Departamento de Estado Michael Kozak declaró en abril ante el Congreso que ya se habían enviado unos 3.000 millones de dólares y que KPMG estaba auditando las cuentas, los registros públicos cuentan una historia mucho más modesta.
- 13.000 millones de dólares: total recaudado por EE.UU. por las ventas de petróleo venezolano en 2026, según los cálculos del diario económico.
- 3.000 millones: cantidad que Kozak aseguró haber transferido a Venezuela hasta abril.
- 300 millones: único movimiento registrado en la web de transparencia del Gobierno de Caracas (Transparencia Soberana), correspondiente al mes de marzo.
La diferencia es abismal y alimenta las sospechas de que la mayor parte del dinero sigue bajo control estadounidense sin que se conozca su uso real.
«Están tomando su petróleo a punta de pistola, vendiéndolo y decidiendo para qué se usará ese dinero de un país de 30 millones de personas». — Chris Murphy, senador demócrata por Connecticut, Estados Unidos
La urgencia humanitaria y la promesa incumplida
El aparente expolio resulta aún más difícil de aceptar tras los seísmos que el 24 de junio sacudieron el país. Aquellos terremotos causaron más de 5.000 muertos y dejaron a cerca de 18.000 personas sin hogar. El Banco Mundial estima un coste de reconstrucción de hasta 50.000 millones de dólares, una cantidad que contrasta con los apenas 346 millones que Venezuela ha tenido que solicitar a su propio tramo de reserva en el FMI para empezar a recuperarse.
La intervención militar estadounidense del pasado 3 de enero —la captura y el traslado forzoso a EE.UU. de Nicolás Maduro, dirigente sin legitimidad electoral reconocida— despertó expectativas de que se abriría una vía de cambio tanto económico como político. Sin embargo, hasta ahora solo se han visto reformas limitadas del sistema judicial y de la ley de hidrocarburos, además de una ley de amnistía que aviva las esperanzas de una transición que no termina de llegar. Las negociaciones entre el chavismo y la oposición, previstas para comenzar el 1 de agosto con un encuentro entre Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera bajo la mediación de Mauricio Claver-Carone, buscan desembocar en elecciones libres, pero aún sin calendario cerrado.
Análisis: el coste de la opacidad geopolítica
Lo que veo aquí es una gestión de los ingresos petroleros venezolanos con niveles de secretismo que recuerdan a los peores episodios de guerra económica. Que Washington ingrese 13.000 millones de dólares por un crudo que no le pertenece, sin explicar cómo se utilizan, erosiona su credibilidad como defensor de la transparencia y la legalidad internacional. Además, la discrepancia entre los 3.000 millones supuestamente enviados y los 300 millones reales registrados arroja dudas razonables sobre la eficacia del mecanismo.
No se trata solo de una cuestión de cifras: cada dólar retenido es un dólar que no llega a las víctimas de la catástrofe. Si el dinero se hubiera liberado con agilidad, parte de la reconstrucción podría estar en marcha y se habría evitado que Venezuela tuviera que recurrir a sus reservas en el FMI. La presión bipartidista dentro del Congreso estadounidense es un síntoma de que el modelo actual no es sostenible. El próximo 1 de agosto, las negociaciones auspiciadas por Mauricio Claver-Carone ofrecen una oportunidad para que la administración Trump clarifique el destino de los fondos y demuestre que la reconstrucción de Venezuela pasa por la rendición de cuentas, no por un nuevo capítulo de opacidad.
🌍 El impacto en España y Europa
La gestión opaca de estos ingresos petroleros tiene repercusiones directas para los intereses españoles y europeos. España, con una de las mayores comunidades venezolanas fuera del país caribeño, sigue de cerca la evolución de la crisis; además, compañías como Repsol mantienen inversiones relevantes en el sector energético venezolano. Cualquier desvío de fondos que deberían destinarse a la reconstrucción podría retrasar la normalización del país y, con ello, la capacidad de las empresas europeas para operar con garantías jurídicas. Aunque el Euríbor no se ve afectado de forma directa, la incertidumbre geopolítica en un proveedor de crudo pesa sobre las primas de riesgo y obliga a la diplomacia comunitaria a exigir mecanismos de fiscalización internacionales que eviten que la ayuda financiera se convierta en un arma de presión. Bruselas ya ha manifestado su disposición a colaborar en la reconstrucción, pero condiciona cualquier apoyo a la transparencia total sobre el uso de los recursos.
