Fidelity, la gestora estadounidense que maneja más de 7 billones de dólares en activos, ha pedido al Senado de Estados Unidos que apruebe la Clarity Act, el proyecto de ley que busca dotar de reglas claras al mercado de criptoactivos. El anuncio, difundido el viernes a través de la cuenta de Política Pública de la firma en X, sitúa a uno de los mayores inversores del mundo del lado de los grupos de presión del sector, que llevan meses empujando para sacar adelante la norma.
La Clarity Act lleva meses en punto muerto a pesar de que los republicanos la aprobaron en la Cámara de Representantes el año pasado. El principal escollo han sido las stablecoins —criptomonedas diseñadas para mantener un valor estable— y los intereses que podrían ofrecer a los clientes. Los grandes bancos estadounidenses temen perder depósitos si los intercambios de cripto ofrecen productos más atractivos, y esa presión ha frenado el avance legislativo.
Qué contiene la Clarity Act y por qué genera tanto debate
El nuevo borrador que circula por el Senado esta semana prohíbe a los funcionarios públicos y a sus familias emitir o promocionar criptomonedas. Esta medida responde a las críticas de la senadora demócrata Elizabeth Warren, quien lleva meses señalando que la familia del presidente Trump podría beneficiarse de forma injusta de empresas vinculadas al sector. Warren argumentó esta semana que la ley podía servir de trampolín para esos intereses, pero la inclusión de la cláusula de incompatibilidad pretende neutralizar esa objeción.
Además de las restricciones a cargos públicos, la ley establecería una estructura de mercado para los activos digitales, definiendo qué organismo —la SEC o la CFTC— supervisa cada categoría. El objetivo es acabar con la inseguridad jurídica que, según los defensores de la norma, frena la innovación y empuja la actividad cripto hacia jurisdicciones con marcos más predecibles.
La división no es solo partidista. Hace seis meses, Coinbase, uno de los mayores intercambios de cripto del mundo, retiró su apoyo público al proyecto. La plataforma chocó con los pesos pesados de la banca, que exigían que se prohibiera por completo ofrecer rendimientos sobre las stablecoins. Desde entonces, la Clarity Act ha quedado varada en un limbo de idas y venidas.
Fidelity suma su peso a una coalición poco habitual
El respaldo de Fidelity no llega en solitario. Junto al gigante de Boston, la carta de apoyo la firman asociaciones de defensa del sector como el Crypto Council for Innovation, la Blockchain Association y la Digital Chamber. Pero la coalición incluye un aliado menos esperado: la National Fraternal Order of Police, el mayor sindicato policial del país, que también ve con buenos ojos un marco legal más definido.
La diversidad de apoyos refleja la evolución del debate. Ya no se trata solo de empresas tecnológicas y fondos de inversión pidiendo manga ancha; hay actores institucionales clásicos que empiezan a considerar que unas reglas claras son preferibles al actual vacío regulatorio.
El peso de un gestor de 7 billones de dólares cambia el tablero: la regulación cripto en EE.UU. ha dejado de ser una pelea de nicho para convertirse en un asunto de primer orden financiero.
Los ETF al contado de bitcoin y otros activos digitales, que la SEC aprobó en 2024, han sido un punto de inflexión. Fidelity gestiona varios de estos productos, que permiten a los inversores estadounidenses exponerse al cripto sin comprar las monedas directamente. Un marco legal estable daría mayor seguridad a los clientes y protegería a las gestoras de riesgos reputacionales y sanciones.
Un pulso estratégico en plena carrera global
La parálisis legislativa de Washington preocupa a quienes creen que la hegemonía financiera estadounidense se juega también en el terreno de los activos digitales. Mientras Pekín afianza el yuan digital y la Unión Europea despliega el reglamento MiCA, el Congreso de EE.UU. sigue sin resolver quién manda sobre las criptomonedas. La pelea entre la SEC y la CFTC, un clásico de los últimos años, se ha cobrado ya varias víctimas en forma de proyectos que abandonaron el país o de sanciones que los tribunales han tumbado por exceso de celo.
El movimiento de Fidelity puede interpretarse como un termómetro de la paciencia del capital institucional. Las gestoras necesitan saber bajo qué reglas operarán en 2027 y más allá. Sin una ley de estructura de mercado, las decisiones de inversión se estancan y la innovación se fuga a Singapur, Suiza o Emiratos Árabes.
Eso sí, la Clarity Act no resolverá todos los problemas. La polémica sobre los rendimientos de las stablecoins sigue abierta, y el pulso entre la banca tradicional y los intercambios cripto no desaparecerá por decreto. Además, una ley que limite la participación de funcionarios en cripto suena bien en campaña, pero su verdadero impacto dependerá de cómo se vigile su cumplimiento. Sin mecanismos de supervisión sólidos, la cláusula puede quedarse en papel mojado.
El siguiente movimiento está en el Senado. De momento, la pelota sigue en el tejado de los legisladores, que tendrán que decidir si el respaldo de un gigante de 7 billones basta para desatascar una ley que lleva demasiado tiempo en punto muerto.
