EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La DGT registró en 2025 un récord de 246,8 millones de euros en multas por radar, un 14% más que el año anterior, según la asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA).
- ¿Quién está detrás? La Dirección General de Tráfico (DGT) y sus más de 1.000 radares, de los que solo 50 concentraron casi la mitad de las denuncias.
- ¿Qué impacto tiene? Los conductores que circulan por la A-7 a su paso por Valencia, la CV-905 en Alicante o la M-40 madrileña son los más castigados. La polémica entre recaudación y seguridad vuelve a estar sobre la mesa.
La Dirección General de Tráfico (DGT) cerró 2025 con una cifra récord de recaudación por multas de velocidad: 246,8 millones de euros ingresados por sus radares fijos, según los datos que acaba de publicar Automovilistas Europeos Asociados (AEA). El incremento, un 14% más que en el ejercicio anterior, no se explica tanto por una mayor indisciplina al volante como por la activación de nuevos dispositivos estratégicos, según interpreta la organización de defensa de los conductores. La estadística, correspondiente al año pasado, deja dos conclusiones inmediatas: la eficiencia recaudatoria de medio centenar de cinemómetros es altísima y la geografía sancionadora se concentra en apenas tres provincias: Valencia, Madrid y Cádiz.
El top 3 de los radares que más multan: Valencia, Alicante y Madrid
El radar más activo de España está en el kilómetro 326 de la A-7, a la altura de La Canyada (Valencia). En 2025 formuló 90.766 denuncias, una cifra que ningún otro dispositivo alcanza. De cerca le sigue el segundo cinemómetro más rentable, situado en la CV-905 kilómetro 7 (Alicante), que sumó 72.557 multas en el mismo periodo. La Comunidad Valenciana no solo lidera el ranking de radares más sancionadores, sino que también encabeza la recaudación provincial: 18,9 millones de euros, por delante de Madrid (17,9 millones) y Cádiz (16,5 millones).
La capital no se queda atrás. Según desvela el informe de AEA, el radar que más multa en Madrid se encuentra en la M-40, kilómetro 20,2, un punto de paso diario para miles de conductores que entran y salen de la ciudad. La presión sancionadora en la almendra central y en los grandes corredores de acceso convierte a la región en la segunda que más aporta a las arcas de Tráfico.
¿Recaudación o seguridad? La crítica de los automovilistas
El presidente de AEA, Mario Arnaldo, ha sido contundente al señalar que «la DGT debería replantearse su política de radares, ya que no se está consiguiendo el objetivo de evitar los excesos de velocidad, ni los accidentes, convirtiendo los radares en meros instrumentos de recaudación». La asociación subraya que el grueso de las denuncias se impone en autopistas y autovías, no en las carreteras secundarias donde se producen el 70% de los siniestros con víctimas. De hecho, casi la mitad del impacto económico de la campaña recae sobre 50 radares especialmente «afinados», en palabras de AEA, que emitieron 1,34 millones de denuncias conjuntas.
Los datos de AEA demuestran que medio centenar de radares concentran la mitad de la recaudación: eso no es disuasión, es una máquina de multar perfectamente afinada.
Hoja de Ruta: Claves del Viaje
El impacto para el conductor es doble. Por un lado, la sanción económica media se sitúa en los 100 euros —con la consiguiente pérdida de puntos, entre dos y seis— cuando el cinemómetro salta. Por otro, el mapa de radares más activos dibuja un puñado de puntos negros, todos ellos en tramos de alta densidad de tráfico, no en vías especialmente peligrosas. La lectura que hace AEA, y que compartimos en parte, es que la DGT ha afinado su maquinaria electrónica para maximizar denuncias en lugares de tránsito masivo, lo que asegura ingresos pero no necesariamente salva vidas.
La zona cero es claramente la Comunidad Valenciana, con el radar de la A-7 como punta de lanza. Le sigue Madrid, cuya M-40 es la gran arteria que canaliza miles de vehículos diarios y donde la tentación recaudatoria crece a cada ejercicio. Provincias como Ourense (1,3 millones de recaudación) o Cáceres (1,6 millones) quedan lejos de este ‘top sancionador’, lo que refuerza la idea de que la política de radares no es uniforme ni puramente preventiva.
El dato que resume la noticia son los 90.766 boletines de denuncia del radar valenciano, pero también los 246,8 millones que la DGT ingresó en 2025, un 14% más que el año anterior. La institución defiende que la siniestralidad ha descendido ligeramente, aunque los expertos recuerdan que ese descenso es multifactorial y no puede atribuirse solo a los cinemómetros. El pulso entre los conductores y la Administración se recrudece cada vez que se publican balances como este, y el debate sobre si los radares deben priorizar la prevención o la caja común seguirá vivo en 2026. La próxima cita la pondrá, de nuevo, la asociación de automovilistas cuando presente el balance semestral de 2026.
