La guerra por el control de la radio en Castilla y León ha entrado en una nueva fase. Lo que comenzó como una batalla casi personal de un periodista, José Antonio Abellán, contra un sistema administrativo que consideraba abandonado, ha acabado convertido en una disputa que amenaza con salpicar a todo el sector.
El movimiento que ha cambiado el tablero tiene fecha: 18 de septiembre de 2025. Ese día, dentro del procedimiento abierto por la Dirección General de Telecomunicaciones de Castilla y León, COPE presentó sus alegaciones y, lejos de limitarse a defender sus propias frecuencias, incorporó un documento explosivo: una relación de 123 emisoras que considera ilegales o sin título habilitante de sus competidores.
La lista incluía nombres que atraviesan todo el mapa radiofónico español. Según la documentación aportada en el procedimiento y a la que ha tenido acceso MERCA2, aparecían referencias a emisoras vinculadas a Cadena SER (12 postes), Onda Cero, esRadio, Los 40, Cadena Dial, Kiss FM y Radio María, entre otras.
Según la Ley General de Telecomunicaciones estatal y la legislación regional del mismo campo, la sanción por la utilización de postes piratas rebasaría los 3.000 millones de euros: COPE sumaría 121 millones euros por sus seis señales, su hermana musical Cadena 100 más de 160 millones, la eclesial Radio María rebasaría los 500 euros y el resto de emisoras denunciadas por COPE acumularían 2.400 millones de euros.
La jugada es de alto voltaje. Una investigación que hasta entonces tenía como protagonistas a determinadas frecuencias denunciadas por el célebre locutor José Antonio Abellán sobre COPE se ha transformado en una batalla general sobre el modelo radiofónico de Castilla y León.
La pregunta cambió de inmediato: ya no era solo quién tenía o no tenía licencia. La pregunta era si todo el sistema está afectado.
El origen de una batalla que viene de 2010
La historia arranca, según la documentación elaborada por Abellán, alrededor de 2010, cuando COPE buscaba reforzar su cobertura nacional tras el fichaje del equipo de Deportes de la SER liderado por Paco González y antes de la incorporación de Carlos Herrera desde Onda Cero.
La tesis del denunciante es que aquella necesidad de ampliar cobertura provocó una expansión territorial mediante fórmulas que posteriormente habrían generado problemas administrativos.
En uno de los documentos aportados se recoge una conversación atribuida a Fernando Pérez del Puerto en la que se habla de la creación inicial de una red de 30 emisoras pirata. Abellán sostiene que aquel modelo habría crecido posteriormente hasta convertirse en un problema mucho mayor.
El periodista lleva años recopilando documentación sobre esta cuestión. Sus primeras comunicaciones formales se remontan a 2016, aunque el salto administrativo llega en 2020, cuando comienza a presentar denuncias ante la Junta de Castilla y León por la existencia de emisoras que, según su versión, funcionaban sin título habilitante.
Según la documentación aportada por Abellán, entre 2020 y 2025 presentó seis denuncias ante los organismos responsables de telecomunicaciones. La falta de respuesta que denuncia le llevó a acudir a los tribunales.
De las denuncias a la querella judicial
En junio de 2025, Abellán presentó una querella ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid contra responsables de Telecomunicaciones de la Junta de Castilla y León por la gestión del problema.
La investigación judicial se centró en la posible falta de actuación administrativa ante las denuncias recibidas. El caso coincidió además con otro terremoto en el sector: la anulación judicial del concurso de frecuencias FM convocado por Castilla y León.
El concurso, resuelto en diciembre de 2022, había adjudicado 138 licencias. Entre los beneficiarios figuraban, según las informaciones publicadas sobre la resolución inicial, Radio María con 27 licencias, y COPE, Onda Cero y Radio Marca con 11 cada una.
Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló la adjudicación al apreciar irregularidades en el procedimiento, una decisión que convirtió el mapa radiofónico autonómico en un escenario de incertidumbre.
El contraataque de COPE
La respuesta de COPE ha resultado uno de los capítulos más sorprendentes del conflicto. En lugar de limitarse a justificar sus propias emisiones, la cadena puso encima de la mesa un argumento distinto: el problema no sería una cuestión particular, sino una anomalía extendida en todo el sector.
El documento presentado ante la Administración incluía 123 frecuencias señaladas como presuntamente irregulares. El movimiento fue interpretado por algunos actores del sector como una defensa lógica: si existían irregularidades, debían investigarse todas.
Fuentes del sector lo advierten como una maniobra de presión: convertir una investigación sobre determinadas emisoras en una revisión completa del mercado. La clave está en una pregunta: ¿de dónde salió ese listado?
Según la información aportada por Abellán, el documento tendría relación con información procedente de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC), una organización que agrupa a operadores del sector. Esa afirmación forma parte de la documentación del denunciante y debería ser contrastada con las partes implicadas.
Castilla y León, un mapa bajo sospecha
El núcleo del conflicto está en una cifra que aparece repetidamente en los documentos: 46 emisoras inicialmente denunciadas por Abellán. Posteriormente, la lista presentada por COPE elevó el foco hasta 123 frecuencias.
La documentación del denunciante llegó a manejar una cifra superior a 200 emisoras afectadas entre las distintas relaciones aportadas. La Junta, mientras tanto, ha defendido que los procedimientos administrativos deben seguir su curso y que corresponde a los tribunales resolver las cuestiones judicializadas.
El problema es que el tiempo se ha convertido en uno de los protagonistas del caso. Según Abellán, durante años no se realizaron inspecciones suficientes. En su relato, la Administración solo aceleró actuaciones después de la vía judicial.
Se da la circunstancia de que la propia Junta de Castilla y León y los principales ayuntamientos y diputaciones regidas por el PP contratan publicidad en las citadas emisoras pirata de Ábside Media (COPE), con la que también realizan conciertos y otros eventos deportivos y musicales.
La pregunta que surge es, ¿cómo facturan las distintas emisoras sin licencia por actividades organizadas con fondos públicos?
Marzo de 2026: llegan las inspecciones
El siguiente capítulo llegó el 6 de marzo de 2026, cuando, según la documentación aportada, se ordenaron inspecciones sobre únicamente 5 de las 46 emisoras inicialmente denunciadas. Abellán cuestionó además la precisión técnica de algunas órdenes, señalando errores de ubicación o frecuencia en varios casos concretos.
La presión aumentó después de los cambios en la estructura de la Consejería responsable de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con el relevo de responsables del área, en un contexto marcado por la polémica.
Una guerra que puede cambiar la radio regional
La batalla de Castilla y León tiene todos los elementos de una gran guerra mediática: grandes grupos enfrentados, licencias administrativas, tribunales, política y millones de euros en juego. Para Abellán, el caso es un escándalo de gran magnitud con implicaciones políticas, económicas y mediáticas.
Para COPE, según su movimiento dentro del expediente, el problema afecta a un número mucho mayor de operadores y debe analizarse de forma global.
Para sus competidores, la lista presentada supone un desafío que obliga a revisar la situación de numerosas frecuencias.
