La Comisión Europea se prepara para imponer las restricciones más ambiciosas de su historia al acceso de los menores a las redes sociales. Un panel de expertos ha entregado este lunes sus recomendaciones y la presidenta Ursula von der Leyen ha adelantado que el brazo ejecutivo de la UE podría presentar una nueva ley en cuestión de meses. En juego está la posibilidad de fijar una edad mínima de 16 años para abrir perfiles, prohibir el acceso de los adolescentes más jóvenes o imponer un modelo gradual de verificación de identidad.
Claves de la operación
- La UE estudia límites de edad, prohibiciones y acceso progresivo. Las opciones van desde una edad mínima común de 16 años hasta la obligación de que las plataformas demuestren que no son adictivas.
- Las redes sociales tendrían que acreditar la inocuidad de sus servicios. No bastaría con alegar que cumplen la ley; deberían aportar pruebas de que sus algoritmos no perjudican a los menores.
- Von der Leyen quiere actuar en meses, no en años. La presidenta de la Comisión ha subrayado que la pregunta ya no es si los niños pueden entrar en las redes, sino cuándo las redes pueden acceder a nuestros hijos.
El dictamen del panel experto, encargado hace un año, llega en un momento de máxima presión política. Varios Estados miembros, entre ellos España, han legislado ya por su cuenta. Francia aprobó el verano pasado una ley que exige el consentimiento parental para los menores de 15 años, y nuestro país hizo lo propio en 2024 con una norma pionera que obliga a verificar la edad en los contenidos para adultos. Bruselas quiere ahora armonizar el mosaico normativo para evitar una fragmentación que, según fuentes comunitarias, daría ventaja a las plataformas.
El foco principal está puesto en la verificación de edad. La Comisión es consciente de que cualquier sistema centralizado choca con la protección de datos personales y con el anonimato que defienden activistas y parte de la Eurocámara. De ahí que el panel proponga soluciones de identidad digital descentralizada, similares a las que ya prueba la AEPD española en colaboración con Telefónica y Google.
La verificación de edad, el nuevo campo de batalla entre Bruselas y las big tech
La propuesta coloca a las grandes tecnológicas en una posición incómoda. Meta, TikTok, Snap o YouTube llevan años invirtiendo en sistemas de control parental que, en la práctica, han sido más cosméticos que efectivos. La nueva normativa forzaría a las plataformas a rediseñar por completo el proceso de registro de los usuarios europeos, con un coste operativo que los analistas de Gartner sitúan en miles de millones de euros para el sector en su conjunto.
El informe ha insistido en en la necesidad de que las plataformas demuestren que sus sistemas de recomendación no generan adicción ni trastornos de salud mental. Esa es, precisamente, la línea roja que separa esta iniciativa de los códigos voluntarios que la industria ha defendido hasta ahora.
La UE no se conforma con códigos de conducta: quiere pruebas técnicas de que el algoritmo no engancha a los menores.
La respuesta de las compañías no se ha hecho esperar. Meta ha recordado que ya verifica la edad en algunos mercados a través de sus herramientas de machine learning y que cualquier regulación debe respetar el principio de minimización de datos. TikTok, por su parte, ha señalado que sus funciones de control parental se activan por defecto en las cuentas europeas de usuarios de 16 y 17 años.
La hoja de ruta de Von der Leyen: una ley antes de que termine 2026
La presidenta comunitaria quiere aprovechar el impulso político y presentar un borrador legislativo antes de final de 2026. Lo haría en paralelo a la revisión de la Ley de Servicios Digitales, cuyo artículo 34 ya obliga a las plataformas a evaluar los riesgos sistémicos para los menores, pero que no fija límites concretos de edad. El nuevo reglamento ampliaría ese mandato y convertiría las recomendaciones del panel en obligaciones vinculantes.
Los plazos son ambiciosos. Si la Comisión presenta la propuesta en el último trimestre de este año, el Parlamento y el Consejo podrían empezar a negociar en la primavera de 2027. No obstante, la tramitación se topará con resistencias: algunos gobiernos temen que la verificación obligatoria se convierta en una suerte de DNI digital paneuropeo que erosione la privacidad de los ciudadanos.
En ese equilibrio entre protección y control es donde la propuesta se juega su viabilidad. España, que ocupa la vicepresidencia de la Autoridad Europea de Protección de Datos, podría desempeñar un papel mediador, trasladando la experiencia acumulada por la Agencia Española de Protección de Datos en sus proyectos piloto de verificación anónima de edad.
Análisis: ¿Puede la UE imponer un criterio único de edad en un continente de 450 millones de usuarios?
La respuesta corta es que sí, pero a un coste institucional y técnico muy alto. En esta redacción entendemos que la Comisión se enfrenta a un dilema clásico: una norma demasiado laxa sería papel mojado y una demasiado estricta corre el riesgo de ser tumbada por el Tribunal de Justicia de la UE o de provocar la salida de facto de algunos servicios del mercado europeo. El antecedente del Reglamento General de Protección de Datos demuestra que Bruselas no tiene reparos en imponer reglas duras cuando la opinión pública lo respalda, y el debate sobre la salud mental de los adolescentes ha calado con fuerza.
La gran incógnita no es tanto si habrá ley, sino qué modelo de verificación se impondrá. Los defensores de los derechos digitales ya han avisado de que un sistema centralizado de identidad sería una línea roja. Si la Comisión opta por un enfoque descentralizado y basado en el consentimiento, el sector adtech europeo, que factura más de 80.000 millones de euros al año, tendrá que reinventar buena parte de su negocio publicitario dirigido a los jóvenes. No es un ajuste menor: según un informe de IAB Europe, el 38 % de las campañas programáticas en la UE alcanzan a menores de 16 años.
En Mercado2 seguiremos muy de cerca el proceso. La próxima cita clave es la rueda de prensa que la Comisión celebrará en septiembre, donde se espera que desgrane el calendario legislativo. Mientras tanto, los equipos legales de las grandes plataformas ya han empezado a movilizarse en Bruselas. La partida acaba de empezar.
