El Departamento de Energía (DOE) de Donald Trump ha desviado 1.000 millones de dólares del Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico, originalmente pensados para instalar hasta 40.000 sistemas solares con baterías en hogares vulnerables, hacia la PREPA —la empresa pública en quiebra que gestiona la red— para reparar plantas que queman combustibles fósiles y construir un gasoducto. La decisión, revelada por documentos internos obtenidos por Grist, anula el plan solar diseñado por la administración Biden y afianza la dependencia de la isla de los combustibles importados en plena crisis climática.
El plan original: una red solar que protegiera a los más vulnerables
Cuando el Congreso de Estados Unidos aprobó en 2022 el Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico por 1.000 millones de dólares, la emergencia era doble: varios huracanes habían castigado una red eléctrica que ya de por sí figuraba entre las más frágiles del hemisferio. El dinero debía financiar sistemas de placas solares y baterías en los tejados de cerca de 40.000 hogares de bajos ingresos, muchos de ellos ocupados por personas con afecciones médicas que dependen de un suministro eléctrico continuo —respiradores, diálisis o refrigeración de medicamentos— y que no pueden permitirse cortes prolongados.
El plan de la administración Biden había llegado incluso a la fase de diseño detallado. La intención era clara: crear una capa de resiliencia distribuida que redujera al mismo tiempo la presión sobre una red gestionada por PREPA, una empresa que en 2024 acumuló más de 70 horas de apagones por cada cliente residencial y que aún navega un proceso de quiebra iniciado tras el huracán María de 2017.
Una adjudicación a dedo con exención del 99% de los costes
Con la llegada de Trump al poder, el DOE dio un giro radical. Los documentos internos muestran que la agencia decidió reasignar la mayor parte de los fondos directamente a PREPA sin abrir un proceso competitivo, sin notificar al Congreso con los 30 días de antelación requeridos y escudándose en una declaración presidencial de “emergencia energética”. En la práctica, se trató de una adjudicación a dedo que sorteó todos los controles habituales.
El detalle más llamativo, según los antiguos funcionarios del DOE consultados, fue la exención del requisito de cofinanciación del 99%. La agencia suele exigir a los beneficiarios que aporten al menos el 50 % del coste del proyecto, salvo excepciones puntuales. A PREPA —una compañía que ronda los 4.000 millones de dólares de ingresos anuales— el DOE le aceptó una contribución de apenas el 1 %, alegando “estrés financiero significativo” y la necesidad de dar una “base más estable” a la planificación energética de la isla.
📊 Impacto ecológico en cifras
- CO2 evitado (si se cumplía el plan solar): no cuantificado por el DOE, pero 40.000 sistemas solares en una isla dependiente del fuelóleo y el gas habrían evitado decenas de miles de toneladas anuales.
- Capacidad perdida: 40.000 sistemas solares domésticos con baterías, equivalentes a una potencia distribuida que sustituía parte de la generación fósil de PREPA.
- Inversión desviada: 1.000 millones de dólares del Fondo de Resiliencia Energética, de los cuales 50 millones irán exclusivamente a la construcción de un gasoducto.
- Equivalencia tangible: hogares con residentes médicamente dependientes —pacientes de diálisis, respiradores— quedan sin la red de seguridad eléctrica que se les prometió.
Un antiguo alto cargo del DOE durante la administración Biden, que pidió el anonimato, calificó la medida de “potencialmente sin precedentes para un beneficiario con ese flujo de caja” y advirtió de que la exención del reparto de costes solo puede autorizarla el secretario de Energía, Chris Wright, mediante una determinación excepcional, un mecanismo que no se diseñó para utilizarse con frecuencia. “El Congreso decretó que esas exenciones deben ser limitadas”, apuntó.
La decisión de eximir del 99% de los costes a una empresa que factura miles de millones lanza una señal contraria a toda lógica de inversión responsable.
Un portavoz de la Oficina de Electricidad del DOE defendió la adjudicación no competitiva argumentando que “se evaluaron cuidadosamente las opciones” y que PREPA era “la única entidad en Puerto Rico con la capacidad, la propiedad de los activos y el mandato legal para ejecutar proyectos de respuesta a emergencias energéticas a esta escala”. Añadió que la reducción del requisito de coste compartido se amparaba en la Ley de Política Energética, una cobertura normativa que los críticos consideran forzada para un caso como este.
Las consecuencias: más gas, menos resiliencia y el precedente que inquieta al Congreso
Los documentos internos desvelan que, pese a la etiqueta de “seguridad del suministro de combustible”, el DOE tiene previsto destinar 50 millones de dólares a la construcción de un gasoducto entre San Juan y Palo Seco, de unas nueve millas. El proyecto, que ya habían comenzado a tramitar las autoridades locales, no hace sino consolidar la dependencia de un combustible importado que encarecerá la factura eléctrica puertorriqueña durante décadas.
La decisión ha provocado una airada reacción en el Congreso. El mes pasado, más de 40 congresistas demócratas enviaron una carta al secretario Wright en la que califican el desvío de “potencialmente ilegal”, subrayan que disparará la pobreza energética y denuncian que el gasoducto de metano licuado “bloquearía la necesidad de importar combustibles, manteniendo los precios del gas estratosféricos para siempre”. La misiva también alerta de la falta de transparencia y de la cancelación de contratos que podrían ser ilegales.
El historial de PREPA no ayuda a disipar las dudas. La empresa, en quiebra desde 2017, apenas ha ejecutado un puñado de proyectos con los más de 17.000 millones de dólares que el Congreso ya destinó a modernizar la red tras el huracán María. El propio memorando del DOE reconoce que “todas las partes implicadas se encuentran en una situación financiera poco deseable” y que la decisión de no abrir un proceso competitivo podría “generar comentarios negativos” y percepciones de “favoritismo indebido”. Mientras, los 40.000 hogares que esperaban protección solar siguen expuestos a la fragilidad de una red fósil que no ofrece garantías.
🌍 El Impacto Real para el Futuro
- Beneficio medible: 1.000 millones de dólares que debían crear una malla solar descentralizada se destinan ahora a perpetuar la infraestructura fósil, retrasando un recorte de emisiones que la isla necesita.
- Modelo que cambia: se sustituye la apuesta por la autoconsumo limpio y la resiliencia distribuida por una inyección de capital en una empresa estatal en quiebra que opera con combustibles importados.
- Para las próximas generaciones: los puertorriqueños heredarán una red más cara, más contaminante y menos preparada para los fenómenos extremos que se intensifican con el cambio climático.
