La prórroga de la central nuclear de Almaraz está a punto de convertirse en el primer gran cambio de rumbo de la política nuclear española en décadas. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tiene previsto reunir a su pleno en las próximas semanas y, según fuentes del sector, emitirá un informe favorable a la continuidad de la planta extremeña. A partir de ese momento, el Gobierno dispondrá de dos meses para aprobar la extensión, un plazo que fuentes gubernamentales dan por hecho que se cumplirá sin contratiempos.
Un proceso con plazos perentorios
La solicitud de prolongación de la vida operativa de Almaraz se tramita por el denominado régimen común. Esto implica que, una vez que el CSN remita su informe al Ministerio de Transición Ecológica, el Ejecutivo contará con exactamente dos meses para pronunciarse. Si no lo hace en ese margen, la petición decae automáticamente y se consideraría nula. La intención del Gobierno de no agotar ese límite temporal es, según las mismas fuentes, un indicador inequívoco de su disposición a conceder la prórroga. El pleno del CSN –previsiblemente antes de las vacaciones de agosto– allanará el camino con un informe favorable, aunque podría incorporar algún voto particular minoritario.
Las tres líneas rojas de Sara Aagesen
La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, condicionó en los últimos meses cualquier ampliación de la vida nuclear al cumplimiento de tres requisitos claros: que la operación no supusiera un coste extra para los ciudadanos, que contribuyera a la seguridad de suministro y que no representara una amenaza para la seguridad de la población. Las dos primeras condiciones están fuera de toda duda. La tercera es la que debía validar el informe técnico del CSN, y es precisamente la que el regulador está en condiciones de respaldar. Con las ‘tres líneas rojas’ pintadas de verde, el margen para el rechazo se reduce al mínimo.
El giro pragmático: de la oposición al visto bueno
La postura actual del Gobierno contrasta con su negativa inicial, rotunda, a alargar la vida de las centrales nucleares más allá del calendario pactado en 2019. En los últimos meses, sin embargo, el pragmatismo ha ido ganando terreno. Dos factores han sido determinantes. En el terreno político, el PSOE extremeño se ha alineado con la extensión para proteger los miles de empleos directos e indirectos que dependen de la central. La comarca de Campo Arañuelo respira al ritmo de los reactores y un cierre sería un terremoto electoral en una comunidad clave para los socialistas. En el plano energético, la guerra de Ucrania y las tensiones geopolíticas han demostrado que la nuclear es un escudo eficaz frente a la volatilidad de los hidrocarburos. Depender menos del gas y del petróleo importados se ha vuelto una prioridad estratégica.
La extensión de Almaraz no garantiza la de todo el parque, pero su denegación sí sellaría el cierre nuclear en España.
Almaraz, la primera prueba de un calendario que puede saltar por los aires
Almaraz es la pieza que abre el camino. Según el plan de cierre escalonado firmado en 2019 entre el Gobierno y las eléctricas, su reactor número 1 debería clausurarse en 2027 y el número 2 en 2028. Iberdrola, Endesa y Naturgy, propietarios de la instalación, han solicitado extender la operación de ambos hasta al menos 2030. La decisión sobre Almaraz actuará como primer test de un posible replanteamiento global. Si el Gobierno da el sí, las siguientes centrales que afrontarían la ventana de cierre serán las de Ascó (participada por Endesa e Iberdrola) y Cofrentes (de Iberdrola), ambas con fecha de cese en 2030. El calendario de 2019 se tambalearía definitivamente.
La encrucijada nuclear española
Lo que está en juego no es solo el futuro de una central en Extremadura. Es la dirección de la política nuclear española en un contexto en el que varios países europeos –Francia, Bélgica, Reino Unido, Suecia– han decidido extender la vida de sus reactores o construir nueva capacidad. En España, el debate trascenderá este verano. El informe favorable del CSN y la previsible aprobación gubernamental en semanas apuntan a que la seguridad de suministro y el cálculo político pueden más que la hoja de ruta de cierre progresivo. Queda, sin embargo, una asignatura pendiente: la gestión de los residuos radiactivos y el almacén temporal centralizado, que sigue bloqueado. Tampoco está claro qué pasará si un futuro cambio de gobierno retomara la senda del cierre total. La prórroga de Almaraz es un paso firme hacia una moratoria de facto, pero la redacción definitiva del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima será la que marque el verdadero punto de inflexión. Mientras tanto, los operadores de la central extremeña contienen la respiración.
