Repsol ha puesto condiciones a su proyecto de energías limpias más ambicioso. La petrolera no ejecutará la macroampliación de su central hidráulica de San Miguel de Aguayo (Cantabria) —una inversión cercana a los 900 millones de euros— sin conseguir antes un crédito millonario del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Es el primer filtro financiero de un plan que cuadruplicaría la potencia instalada de la planta y la situaría como la segunda central de bombeo más grande de España.
Un proyecto de 1.400 MW que depende de la financiación blanda europea
El proyecto Aguayo II, como lo ha denominado Repsol, busca elevar la capacidad actual de la instalación de 360 megavatios (MW) hasta 1.400 MW con horizonte de puesta en marcha en 2030. La tecnología de bombeo reversible —que consume electricidad para elevar agua y la turbina después para generarla— convierte a la hidráulica en el complemento ideal para intermitencias de la eólica y la solar.
La documentación presentada al BEI destaca que la central sería capaz de suministrar electricidad a unos 800.000 hogares evitando emisiones de CO₂ y reforzando la flexibilidad del sistema. Cantabria entera ronda los 590.000 habitantes, lo que da una idea de la magnitud del proyecto sobre el territorio.
El encaje financiero: BEI, ayudas CEF y optimización del retorno
Repsol ha bautizado la solicitud de crédito como Proyecto Escudo, en referencia al puerto de montaña que bordea la central. El BEI, presidido por Nadia Calviño, presta a tipos blandos cuando considera que la infraestructura es estratégica para la Unión Europea. El aval de la entidad comunitaria suele abrir la puerta a la banca comercial y mejora la rentabilidad sobre el capital invertido (ROE) del promotor.
La empresa que dirige Josu Jon Imaz no ha revelado la cuantía solicitada, pero fuentes conocedoras de este tipo de operaciones apuntan a que el BEI suele financiar hasta la mitad de la inversión total. De aprobarse, el préstamo podría rondar varios cientos de millones.
La clave no está solo en obtener el crédito, sino en que la entrada del BEI reduce el coste de capital del proyecto y lo hace viable frente a tecnologías que ya compiten sin prima de riesgo regulatoria.
Además, Aguayo II acumula otras vías de ayuda pública. En 2023 fue declarado Proyecto de Interés Común (PCI) por la Unión Europea, y a principios de este año recibió 180 millones de euros del Mecanismo Conectar Europa (CEF), el instrumento comunitario para infraestructuras energéticas clave.
Una década de trámites y los primeros trabajos en junio
La tramitación medioambiental de una ampliación hidráulica es habitualmente el principal cuello de botella. Aguayo II arrastraba más de diez años de papeleo administrativo hasta que, hace apenas unas semanas, el Ministerio para la Transición Ecológica concedió la Autorización Administrativa Previa y la Declaración de Utilidad Pública. El proyecto mantiene el tamaño de los embalses existentes —la central cuenta con permiso de explotación hasta 2058— e instala las nuevas turbinas de forma subterránea para minimizar el impacto visual.
Con los permisos en la mano, Repsol ha iniciado en este mismo mes de junio los primeros movimientos de tierra. Son trabajos preliminares de acondicionamiento de plataformas, encargados a la constructora cántabra Copsesa, que no implican aún obra civil relevante pero sí confirman que la petrolera no deja que el proyecto acumule polvo mientras espera la respuesta del BEI.
Qué pierde Repsol si la financiación comunitaria se retrasa
La jugada de condicionar la inversión a la concesión del crédito blando tiene un doble filo. Por un lado, blinda la rentabilidad del proyecto en un contexto de tipos de interés que, aunque han empezado a bajar, siguen lejos del dinero gratis de la década anterior. Por otro, expone a la compañía a los ritmos de la burocracia europea justo cuando el Gobierno español acelera el calendario de cierre de nucleares y ciclos combinados de gas.
La hidráulica de bombeo es la tecnología no emisora mejor posicionada para relevar esas fuentes firmes. Si el BEI dilata su decisión, Repsol podría ver cómo competidores como Iberdrola o Endesa copan antes el hueco de flexibilidad que demanda el operador del sistema. Y la ventana de oportunidad no es infinita: los objetivos de descarbonización fijados para 2030 exigen que los grandes almacenamientos estén operativos en ese plazo.
La relación con el BEI no empieza de cero. En 2022, la entidad prestó 120 millones para la primera planta de biocombustibles avanzados de Repsol en España. Al año siguiente, aprobó 575 millones para eólica y fotovoltaica. Pero la magnitud de Aguayo II y la complejidad técnica de excavar una central de bombeo en el alto Ebro convierten esta operación en un examen de madurez para la apuesta renovable de la petrolera.
📊 Las Claves para el Inversor
- Qué vigilar: La decisión del BEI sobre el crédito del Proyecto Escudo, que debería conocerse en los próximos meses. De ella depende que la inversión de 900 millones pase del papel a la obra civil.
- Reacción del valor: El mercado ya descuenta parte de la transformación renovable de Repsol, pero un sí del BEI reduciría el riesgo de ejecución del proyecto más emblemático de su cartera hidráulica.
- Precedente sectorial: Grandes centrales de bombeo como la de Cortes-La Muela (Iberdrola) o Tanes (EDP) marcan la referencia. Aguayo II aspira a ser la segunda de España por potencia, lo que da una idea de su peso estratégico.
