Willis, la antigua Willis Towers Watson, ha presentado una demanda civil contra Asterra y sus tres fundadores, Jaime Castellanos, Antón Serrats y Alberto Gallego, reclamando 117 millones de euros por presunto incumplimiento de obligaciones contractuales y competencia desleal tras su salida de la correduría en 2020. La acción legal, adelantada por El Confidencial, se produce después de que el Tribunal Supremo confirmara una sentencia que declaró desleal la conducta de los exdirectivos al crear una nueva firma de bróker de seguros con clientes y empleados de Willis.
La demanda, firmada por Baker McKenzie y con un informe pericial de FTI Consulting, es el último capítulo de un conflicto que arrancó cuando Castellanos, entonces presidente de Willis Towers Watson, junto a Serrats (vicepresidente) y Gallego (consejero delegado), decidieron dejar la compañía para montar Asterra Partners. En en aquel momento, Willis se encontraba en un proceso de fusión con Aon, que finalmente no prosperó por el veto de la autoridad de competencia estadounidense.
El origen del conflicto: la salida de la cúpula y la creación de Asterra
Según la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, ratificada por el Supremo, los tres directivos pusieron en marcha un plan para constituir una nueva correduría que se nutriría de forma sistemática de trabajadores y clientes de Willis. Un correo electrónico interno llamado «plan de negocio» detallaba que la nueva sociedad atendería «con especial atención a la cartera actual» de Willis, lo que el tribunal interpretó como una apropiación de la base de negocio de la aseguradora.
El fallo constata que los ejecutivos promovieron la incorporación gradual de equipos de Willis a Asterra. Como resultado, 77 empleados abandonaron la compañía para unirse al nuevo bróker, y 147 clientes también dieron el salto. La Audiencia consideró que los fundadores de Asterra actuaron «con deslealtad» y «alteraron la estructura competitiva del mercado».
Con esa sentencia ya firme, Willis ha decidido ahora reclamar una indemnización millonaria por la vía civil. La estrategia legal se apoya en los hechos acreditados por la justicia para cuantificar el perjuicio económico en 117 millones de euros.
La justicia ha considerado acreditado que los fundadores de Asterra actuaron con deslealtad y se apropiaron de la cartera de clientes de Willis, lo que abre la puerta a una indemnización multimillonaria.
La sentencia del Supremo que respalda la reclamación de Willis
El fallo del Alto Tribunal fue contundente: los tres exejecutivos infringieron sus deberes de lealtad durante su etapa en Willis. La resolución subraya que el «plan de negocio» diseñado por Castellanos, Serrats y Gallego contemplaba una captación meticulosa de recursos humanos y comerciales de Willis antes incluso de que Asterra existiera legalmente. «Consideraban propia la cartera de Willis», recoge la sentencia.
Este precedente otorga una base sólida a la demanda civil, que busca resarcir a Willis por daños y perjuicios. Fuentes jurídicas consultadas por este medio explican que el hecho de que la vía penal o laboral ya esté cerrada con un pronunciamiento favorable agiliza la reclamación económica, aunque el litigio mercantil podría seguir abriendo nuevos frentes.
De hecho, fuentes del mercado no descartan que Willis interponga también una demanda por competencia desleal en la jurisdicción mercantil, un movimiento habitual en conflictos de este tipo, como ya ocurrió en el caso Albert Rivera contra Martínez-Echevarría. Mientras la vía civil se centra en el incumplimiento contractual, la mercantil abordaría la competencia desleal de forma complementaria.
La venta de Asterra a Marsh, en el aire por la reclamación
La demanda de Willis aterriza en un momento especialmente delicado para Asterra. La firma está negociando la venta de la participación de sus socios a Marsh, que ya posee un 40% del bróker, según informó El Economista. La operación valora Asterra en aproximadamente 200 millones de euros, pero la valoración está sujeta a ajustes derivados de los riesgos legales que ahora se materializan.
Castellanos y sus socios verían cómo la reclamación millonaria de Willis podría reducir el precio final de la transacción con Marsh, o incluso retrasar la firma definitiva. Los conflictos judiciales en curso suelen ser una carga para el comprador, que puede descontar del precio o exigir garantías adicionales.
Implicaciones para Willis y el sector de los brókeres de seguros
La demanda de Willis no solo persigue un resarcimiento económico; también marca un precedente en el sector asegurador español. Los brókeres de seguros operan con equipos altamente especializados y carteras de clientes sensibles, por lo que las cláusulas de no competencia y los pactos de permanencia son habituales en los contratos de alta dirección. Sin embargo, pocas veces una salida masiva desemboca en una reclamación de este calibre.
La litigiosidad en el sector ha ido en aumento. Hace apenas unos meses, tres exdirectivos de Marsh presentaron una querella en otro caso similar, y el conflicto entre WTW y Asterra se ha convertido en el más mediático. La decisión del Supremo de declarar desleal la actuación de la antigua cúpula de Willis sienta jurisprudencia sobre los límites a la movilidad de profesionales y la protección del fondo de comercio en el ramo de los seguros.
Para Willis, la recuperación de 117 millones supondría un refuerzo de su balance en un contexto de transformación tras la fallida fusión con Aon. Pero más allá de la cifra, la compañía envía un mensaje claro: no tolerará la apropiación de su negocio por parte de antiguos directivos. El mercado de brókeres seguirá atento a si la vía civil prospera y, sobre todo, a si finalmente se abre un frente por competencia desleal.
📊 Las Claves para el Inversor
- Qué vigilar: El cierre de la venta de Asterra a Marsh en los próximos meses. Cualquier dilatación o ajuste del precio será indicativo del impacto real del litigio.
- Reacción del valor: Willis cotiza en la Bolsa de Nueva York y ha mantenido una evolución estable. Un acuerdo extrajudicial o una sentencia favorable podría liberar riesgo reputacional y financiero.
- Precedente sectorial: La sentencia del Supremo refuerza la protección de las aseguradoras frente a la fuga de equipos. Otros casos similares, como el de Albert Rivera, ofrecen un mapa del posible desenlace.
