Sol Films 2026 SLU trasladó su sede social a la Ciudad de la Luz de Alicante apenas dos meses antes de recibir una subvención directa de 5 millones de euros de la Generalitat Valenciana. El movimiento, registrado el 4 de marzo, despertó las críticas del sector audiovisual valenciano, que denuncia falta de transparencia en el procedimiento de concesión.
La productora, filial de Anima Stilking Films SL —conocida por su asociación con Disney para el rodaje del live-action de Enredados—, fue constituida inicialmente en el mismo domicilio de su matriz en Málaga. El cambio de ciudad se produjo semanas antes de que el president Juan Francisco Pérez Llorca anunciara, a finales de marzo, que la película se grabaría en la Comunidad Valenciana como “un impulso estratégico al sector audiovisual valenciano”.
El cambio de domicilio y la subvención a dedo
La ayuda, incluida en el anteproyecto de Presupuestos del Consell dentro de una partida de gastos diversos, se concedió de forma directa —sin concurrencia competitiva—, lo que ha elevado las sospechas de favoritismo. Los datos del Registro Mercantil muestran que la sociedad quedó inscrita en Alicante el 4 de marzo, dos meses antes de la aprobación del gasto.
La justificación oficial, defendida por el departamento de Proyectos Estratégicos de la Generalitat, es que “es práctica habitual que una productora constituya una empresa para una producción en concreto”. Según la misma versión, la productora solicitó la ayuda en la Comunidad Valenciana y, por ese motivo, trasladó su domicilio social a la región. Las mismas fuentes indican que, una vez termine el rodaje, la sociedad se disolverá.
La reacción del sector y la defensa del Consell
La Agrupación de Asociaciones de Productoras Audiovisuales de la Comunitat Valenciana respondió con dureza. En un comunicado, lamentó la “falta de transparencia” y subrayó la desproporción de los recursos: mientras que a Sol Films se destinan 5 millones de euros de manera directa, al conjunto de la producción audiovisual valenciana apenas se asignan 6,7 millones.
La entidad calificó de “significativo” que la inversión más cuantiosa recaiga en “una empresa recién trasladada a Alicante para un rodaje”. La productora, por su parte, no ha respondido a las preguntas de eldiario.es sobre el proceso de concesión.
La concesión directa de 5 millones a una empresa recién aterrizada en la región deja en evidencia un sistema de ayudas que el propio sector considera opaco.
La estrategia de la empresa ad hoc y la transparencia pendiente
La creación de una sociedad instrumental para cada gran producción es un mecanismo habitual en el audiovisual, pero el timing del traslado de domicilio y la magnitud del importe concedido generan dudas razonables sobre la equidad en la distribución de los fondos públicos. Cuando una empresa traslada su sede social dos meses antes de ser agraciada con una ayuda de esta envergadura, y no se abre una ventana competitiva, la percepción de un trato preferente es difícil de evitar.
El malestar del sector valenciano no es menor: destinar casi la mitad del presupuesto autonómico para toda la producción a un único proyecto, por muy estratégico que se considere, acaba reduciendo el margen para el tejido industrial local. Además, la falta de mecanismos de rendición de cuentas claros en las ayudas nominativas —amparadas en leyes de presupuestos— deja un vacío de transparencia que, tarde o temprano, la opinión pública exige cerrar.
El caso de Sol Films se convierte así en un síntoma de un problema más amplio: la discrecionalidad en las subvenciones a la producción cultural puede convertirse en moneda de cambio política. La Generalitat asegura que la empresa se disolverá al terminar el rodaje, pero eso no aclara cómo se evaluará si los 5 millones de euros cumplieron los objetivos con los que se otorgaron. Mientras tanto, el sector observa.
