El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha dado un nuevo impulso a la Ley CLARITY, la normativa que busca ordenar de una vez por todas la jurisdicción sobre los activos digitales. Mientras presiona para que el Congreso la apruebe antes del verano, el mismo Bessent pide calma con la reserva estratégica de bitcoin, un plan que la administración maneja con pies de plomo.
La Ley CLARITY —acrónimo de Clarifying Law for Accountable, Regulated, & Innovative Technology— lleva meses atascada en comités. Su objetivo principal es trazar una línea nítida entre las competencias de la SEC (la Comisión de Bolsa y Valores) y la CFTC (la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas), dos reguladores que durante años han pisado el mismo terreno a la hora de supervisar las criptomonedas. Esa duplicidad ha mantenido a exchanges, desarrolladores y mesas institucionales en un estado de ambigüedad legal que dispara los costes de cumplimiento.
Bessent ha calificado el proyecto de ley como “esencial para la viabilidad futura de los mercados de bitcoin y activos digitales en los EE. UU.”, y ha argumentado que el simple hecho de que avance “tranquilizaría enormemente al mercado” en momentos de alta volatilidad. Las apuestas no son teóricas: el mercado de predicción Polymarket otorga actualmente una probabilidad del 59% a que la Ley CLARITY se promulgue antes de finales de 2026.
El atasco de las stablecoins y la retirada de Coinbase
El mayor obstáculo para que la ley salga adelante es el tratamiento de las recompensas de stablecoins. En enero de 2026, Coinbase retiró su apoyo público al proyecto al considerar que el texto penalizaba de forma desproporcionada los rendimientos que ofrecen las monedas estables vinculadas al dólar. Ese movimiento dejó a los promotores de la ley sin uno de sus aliados más visibles y contribuyó a que las negociaciones se estancaran en ambas cámaras.
Fuentes cercanas a las discusiones señalan que el estancamiento de las stablecoins es hoy el único punto de fricción real que impide fijar una fecha de votación. El Departamento del Tesoro, mientras tanto, insiste en que la ley debe resolver el conflicto de jurisdicción aunque eso implique ceder en otros frentes. La prioridad es clara: dotar al mercado de reglas de juego predecibles y sacar a los tribunales de la ecuación.
“Velocidad deliberada” para la reserva de bitcoin
En paralelo, Scott Bessent ha pedido paciencia con la reserva estratégica de bitcoin. “Avanzamos a velocidad deliberada”, dijo, en una frase que combina intención con cautela. Esa prudencia contrasta con la urgencia que muestra en la tramitación de la CLARITY: dos velocidades que revelan una estrategia calculada. La administración quiere ser la superpotencia cripto del mundo, pero no está dispuesta a poner fondos públicos en riesgo hasta que el marco legal esté sólidamente atado.
La administración quiere ser la superpotencia cripto del mundo, pero no está dispuesta a poner fondos públicos en riesgo sin un marco legal sólido.
Para los inversores europeos, la aprobación de la Ley CLARITY sería una señal de que el mercado estadounidense deja atrás la regulación por la vía de las multas. Muchos fondos y plataformas con presencia en ambos lados del Atlántico —desde Coinbase hasta Bit2Me— operan bajo la sombra de la SEC o de la legislación europea MiCA. Unas reglas claras en EE. UU. reducirían la fricción para las empresas comunitarias y facilitarían la integración de productos como los ETFs al contado de bitcoin en un entorno normativo predecible. La otra cara de la moneda es que el retraso mantiene a los grandes capitales institucionales en modo de espera.
No obstante, el 59% de probabilidades que otorga Polymarket recuerda que el desenlace no está escrito. Si la ley cae, el statu quo de litigios continuará y la reserva estratégica seguirá siendo un proyecto de largo plazo. Si sale adelante, el mercado habrá ganado un ancla regulatoria que puede atraer la próxima ola de inversión institucional. La presión de Bessent sobre los legisladores se ha intensificado en las últimas semanas, según fuentes cercanas, lo que eleva las expectativas de una votación inminente. En cualquier caso, las próximas semanas en el Congreso serán decisivas.
