El Consejo de Ministros ha activado el Plan Auto+, el nuevo programa de ayudas directas para la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, con una dotación de 400 millones de euros y subvenciones de hasta 4.500 euros por turismo. La norma, aprobada mediante Real Decreto, tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026 y primará los modelos fabricados en suelo europeo.
El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, confirmó que las solicitudes se tramitarán a través de una plataforma telemática, directamente por los compradores o mediante concesionarios y empresas de renting. El objetivo declarado es acelerar la electrificación del parque móvil español, que en junio de 2026 alcanzó una cuota del 23,2% de matriculaciones electrificadas, con un crecimiento del 39% en el primer semestre hasta las 154.271 unidades.
La medida da continuidad al antiguo Plan MOVES III, pero introduce un enfoque más quirúrgico: la ayuda máxima solo llega si el vehículo cumple tres condiciones simultáneas que el Ejecutivo ha bautizado como la fórmula EEE (Eléctrico, Económico y Europeo).
Ayudas de hasta 4.500 euros: las reglas de la fórmula EEE
Para que un turismo reciba los 4.500 euros íntegros debe ser 100% eléctrico (lo que garantiza el 50% de la subvención), tener un precio inferior a 35.000 euros en factura antes de impuestos y descuentos (otro 25%) y haber sido fabricado en la Unión Europea (el 25% restante). Este último requisito exige que tanto el montaje final como al menos el ensamblaje de las baterías se realicen en territorio comunitario.
Los híbridos enchufables (PHEV) y los de autonomía extendida (REEV) con etiqueta ‘0’ de la DGT parten con una penalización del 25%: la ayuda máxima se reduce a 3.375 euros, siempre que cumplan el resto de condiciones. Si el precio del vehículo se sitúa entre 35.000 y 45.000 euros, el porcentaje correspondiente al factor económico baja del 25% al 15%. Por encima de 45.000 euros no hay subvención alguna.
El esquema también cubre furgonetas y camiones ligeros (categoría N1) con hasta 5.000 euros sin límite de precio, motocicletas eléctricas de más de 3 kW y 70 km de autonomía con 1.100 euros (tope de 10.000 euros de precio) y cuadriciclos ligeros y pesados con 1.500 euros. En todos los casos, el punto de venta deberá aplicar un descuento adicional mínimo de 1.000 euros sobre el precio final.
Tres condiciones. Un solo objetivo. Blindar la competitividad de las fábricas europeas frente al aluvión de marcas chinas que han irrumpido en el mercado con precios agresivos.
El plan otorga hasta el 25% de la ayuda solo por el hecho de que el coche se fabrique en Europa y las baterías se ensamblen en suelo comunitario.
Fondos de 400 millones: ¿llegarán a fin de año?
La patronal de fabricantes Anfac ha sido la primera en poner cifras a la letra pequeña. Su estimación es que los 400 millones presupuestados se consumirán “en septiembre u octubre”, mucho antes de que termine el ejercicio. El sector llevaba meses reclamando la activación del plan, anunciado a finales de 2025 y cuyas bases se publicaron en febrero de 2026.
Hereu, sin embargo, descartó esa preocupación durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: “No tenemos esta percepción de que se acaben y se agoten en septiembre. Con 400 millones podremos afrontar bien el año”. La discrepancia entre el optimismo del Ministerio y la advertencia de la industria refleja una tensión recurrente: la demanda de electrificados sigue siendo inferior a la necesaria para cumplir los objetivos del PNIEC, pero cualquier repunte puede dejar seco el presupuesto en semanas.
Los datos de mercado refuerzan la tesis de Anfac. En el primer semestre de 2026 se matricularon 29.791 turismos electrificados, un 20,4% más que el año anterior. Si la subvención media se sitúa entre 3.500 y 4.000 euros por unidad, los 400 millones cubrirían entre 100.000 y 115.000 vehículos. Una cifra ajustada si el ritmo de ventas se acelera en la segunda mitad del año.
El ‘made in Europe’ como arma industrial en la guerra del coche eléctrico
El Plan Auto+ no es solo un programa de estímulo a la demanda. Es, sobre todo, una respuesta al desafío que representan fabricantes como BYD, Geely o MG (propiedad de SAIC), cuyos modelos eléctricos se ofrecen en España con precios hasta un 30% inferiores a los de sus competidores europeos. La introducción de un criterio de fabricación europea como condición para acceder a la ayuda máxima supone un cambio de doctrina respecto al MOVES III, que no discriminaba por origen.
El mensaje es inequívoco: el dinero público incentivará la compra de vehículos que generen empleo y valor añadido en la UE. La medida entronca con los aranceles que Bruselas ya aplica a los coches eléctricos chinos y con el debate abierto en varios Estados miembros sobre cómo proteger una industria que emplea a 2,5 millones de personas en Europa sin vulnerar las reglas de la Organización Mundial del Comercio.
Sin embargo, la fórmula EEE introduce un riesgo de distorsión en el mercado. Modelos europeos que superan los 45.000 euros —un segmento donde Tesla y marcas premium alemanas tienen fuerte presencia— quedan completamente fuera. Y los fabricantes chinos que ya producen en Europa, como BYD en Hungría o Chery en Barcelona, podrían beneficiarse de las ayudas si cumplen con los requisitos de ensamblaje de baterías, un extremo que el Ministerio de Industria deberá vigilar de cerca.
La clave no es solo cuánto se subvenciona, sino si las fábricas europeas son capaces de ofrecer modelos por debajo de 35.000 euros antes de que el grifo presupuestario se cierre.
El Plan Auto+ aterriza además en un momento en que las organizaciones ambientales han pedido excluir a los híbridos enchufables del esquema, alegando que sus emisiones reales superan con creces las homologadas. El Gobierno ha optado por mantenerlos, aunque con una ayuda reducida, en un equilibrio entre ambición climática y pragmatismo industrial que será examinado con lupa en los próximos meses. La publicación en el BOE abrirá el plazo de solicitudes y pondrá a prueba la capacidad de la plataforma telemática para gestionar un volumen de peticiones que, si las previsiones de Anfac se cumplen, podría colapsar antes del otoño.
