La Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha lanzado este jueves una advertencia contundente: la proposición de ley que tramita el Parlament de Catalunya para regular el transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas –conocida como la ley del taxi– atenta contra la libre competencia y puede vulnerar el derecho europeo. El organismo independiente de la Generalitat considera que las restricciones previstas supondrán “la expulsión efectiva de los VTC del mercado urbano, en perjuicio de las personas usuarias”.
La norma, que en los últimos meses ha acelerado su trámite parlamentario, busca blindar el sector del taxi en Barcelona y su área metropolitana mediante vetos explícitos a la contratación de servicios previos por parte de las plataformas de VTC. La ACCO no oculta su preocupación: en el comunicado emitido ayer, el regulador catalán de la competencia subraya que estas restricciones chocan frontalmente con las libertades de establecimiento y de prestación de servicios que protege el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Vetos que vacían el mercado urbano de VTC
El núcleo del conflicto está en la redacción actual de la ley. Fuentes del sector consultadas por este medio explican que la prohibición de contratar trayectos con antelación en el ámbito metropolitano equivale, en la práctica, a dejar sin negocio a Uber, Cabify, Bolt y Free Now en Barcelona. La ACCO lo resume con meridiana claridad: “comportará la expulsión efectiva de los VTC del mercado urbano”.
El organismo recuerda que no es la primera vez que alerta sobre este tipo de medidas. Ya en dictámenes anteriores había señalado que la protección del taxi no puede justificar restricciones desproporcionadas a los vehículos de transporte con conductor. La doctrina del TJUE, consolidada en sentencias como la que en 2023 cuestionó la ratio 1/30 en Barcelona, establece que cualquier limitación debe superar un test de necesidad y proporcionalidad.
La ACCO pide directamente al legislativo catalán “una revisión profunda del planteamiento general de la proposición de ley” para crear un entorno de mercado donde puedan coexistir taxi y VTC “con un reconocimiento de derechos y obligaciones equivalentes a los diferentes operadores”.
Barcelona, epicentro de una batalla que va más allá del taxi
El pulso entre el taxi y las VTC en Cataluña tiene una densa historia de sentencias, moratorias y regulaciones de urgencia. La ratio 1/30 –una licencia VTC por cada treinta del taxi– que impuso la Generalitat en 2019 fue tumbada parcialmente por el TJUE, y desde entonces los juzgados han ido modulando los márgenes de actuación de las plataformas.
Ahora, con una nueva proposición de ley que busca cerrar el grifo definitivamente, la ACCO enciende una luz roja que ningún gobierno autonómico puede ignorar. El comunicado de este jueves sitúa la discusión en el terreno del derecho europeo y anticipa un más que probable recurso ante los tribunales comunitarios si el texto se aprueba sin cambios sustanciales.
La ACCO no discute la legitimidad de regular el sector, pero avisa de que expulsar a los VTC del mercado urbano con una prohibición encubierta es una medida que difícilmente superará el filtro de Bruselas.
Hoja de Ruta: Claves del Viaje
El impacto de esta advertencia se siente, sobre todo, en el bolsillo y la movilidad diaria de los usuarios. Si la ley se aprueba tal cual, los habitantes del área metropolitana de Barcelona perderían la opción de contratar un VTC con antelación para ir al aeropuerto, a una cita médica o al trabajo, reduciendo la oferta de transporte a demanda a cero en el segmento urbano.
La zona cero es el núcleo metropolitano de Barcelona, donde las plataformas de VTC han consolidado una base de clientes leales que valoran la previsibilidad y la tarifa cerrada. Pero la lectura estratégica va más allá: si Cataluña cierra la puerta a los VTC, otras comunidades autónomas podrían verse tentadas a copiar el modelo, generando un mosaico regulatorio que Bruselas llevaría años desenredar.
El dato que resume la noticia es el propio posicionamiento de la ACCO: un organismo dependiente de la Generalitat, nacido para velar por la competencia, se ve obligado a frenar una ley impulsada por el mismo gobierno autonómico porque considera que ataca de forma desproporcionada la libertad de empresa. La contradicción es evidente y guarda un paralelismo casi calcado con la sentencia del TJUE de 2023 sobre la ratio 1/30.
La ACCO cierra su comunicado recordando que todo este proceso debe resolverse “en beneficio tanto de las personas usuarias de los servicios como de la ciudadanía en general, en términos de congestión del espacio público y contaminación”. El siguiente hito será la votación en el Parlament; hasta entonces, el lobby del taxi aprieta y las plataformas de VTC se preparan para una nueva batalla legal que, con esta alerta sobre la mesa, tiene más argumentos que nunca.
