El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha suspendido el lote 3 de ciberseguridad e interconexión de datos del megacontrato estatal de comunicaciones CORA, adjudicado a Telefónica, por la pérdida sobrevenida de cobertura presupuestaria. La decisión de la Mesa de Contratación, plasmada en el acta del procedimiento, anula de facto la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) que había devuelto a la operadora la posición de única oferta válida para este lote, valorado en 63 millones de euros sin impuestos.
El movimiento administrativo se produce apenas unas semanas después de que el TACRC estimara el recurso de Telefónica contra su exclusión del procedimiento y contra la declaración de desierto del lote. El tribunal consideró que la exclusión no se ajustó a derecho y ordenó retrotraer las actuaciones al momento anterior. Sin embargo, al ejecutar esa resolución, la Mesa de Contratación ha puesto sobre la mesa un obstáculo que no depende de criterios técnicos ni jurídicos: la anulación de los documentos contables de Retención de Crédito (RC) por parte de los organismos cofinanciadores mientras se sustanciaba el recurso.
Imserso, Ingesa y la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC) retiraron sus dotaciones presupuestarias durante la pendencia del conflicto. La Mesa ha dejado constancia expresa de esa «pérdida sobrevenida de la cobertura presupuestaria del expediente», lo que en la práctica paraliza la tramitación del lote 3 pese a que Telefónica seguía siendo la única oferta válida.
La resolución del TACRC daba la razón a Telefónica en lo jurídico, pero el vacío presupuestario convierte esa victoria en papel mojado a efectos prácticos.
Qué es el contrato CORA y cómo se reparte
La tercera edición del contrato CORA, adjudicada en julio de 2025, está dotada con 340 millones de euros para unificar las comunicaciones de más de 85 organismos públicos durante 3,7 años. El contrato centraliza servicios como voz fija y móvil, acceso a Internet, interconexión de centros de datos y protección de redes. Su estructura se divide en cuatro lotes:
| Lote | Objeto | Adjudicatario | Importe |
|---|---|---|---|
| Lote 1 | Voz fija y móvil | Telefónica | No especificado |
| Lote 2 | Acceso a Internet | MasOrange | No especificado |
| Lote 3 | Ciberseguridad e interconexión | En disputa | 63 millones |
| Lote 4 | Otros servicios | Evolutio | No especificado |
El lote 3 fue adjudicado inicialmente a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Orange, TRC y Mnemo. Telefónica recurrió al alegar que Mnemo carecía de plan de igualdad, un requisito obligatorio en concursos públicos. En septiembre de 2025, el TACRC le dio la razón y anuló la adjudicación.
Cronología de un conflicto con tres capítulos
El recorrido del lote 3 ha sido todo menos lineal. Tras la anulación de la adjudicación a la UTE de Orange, la Mesa de Contratación solicitó a Telefónica acreditar el cumplimiento del plan de igualdad en toda su cadena de subcontratación. La operadora defendió que la ley permite ajustar esa estructura, pero en noviembre de 2025 la Mesa excluyó a Telefónica al considerar que uno de sus proveedores, Govertis, no cumplía los requisitos. El lote se declaró desierto.
Telefónica recurrió de nuevo y el TACRC volvió a estimar su recurso. La resolución 781/2026 anuló la exclusión y la declaración de desierto, y ordenó retrotraer el procedimiento al momento anterior a la exclusión. Con Telefónica como única oferta válida, el camino parecía despejado. Hasta que la Mesa constató la falta de presupuesto.
Para garantizar la continuidad del servicio, Telefónica ha seguido prestando el lote 3 desde diciembre de 2025 mediante una prórroga forzosa. En paralelo, la Administración lanzó una licitación negociada sin publicidad, de nueve meses prorrogables, en exclusiva con la compañía. Telefónica presentó su oferta en marzo de 2026 y su entrada en vigor estaba prevista para el 1 de junio de 2026, una fecha que ya se ha superado sin que el contrato haya entrado en vigor.
La paradoja es notable: Telefónica sigue prestando el servicio, pero no puede formalizarlo porque el presupuesto que lo respaldaba ha desaparecido durante el proceso.
Análisis: un vacío presupuestario con consecuencias estratégicas
El caso del lote 3 de CORA no es un mero incidente administrativo. Pone de relieve una disfunción recurrente en la contratación pública española: la lentitud de los recursos contractuales puede erosionar las dotaciones presupuestarias antes de que se resuelvan. En este caso, los organismos cofinanciadores retiraron sus RC mientras el TACRC deliberaba, y al ejecutarse la resolución favorable a Telefónica, el dinero ya no estaba.
Para Telefónica, el impacto es doble. Por un lado, la suspensión del lote 3 frena la formalización de un contrato de 63 millones de euros que la operadora daba por encarrilado tras dos victorias consecutivas en el TACRC. Por otro, la prórroga forzosa que mantiene el servicio activo no ofrece la estabilidad ni los márgenes de un contrato formalizado en condiciones normales.
El precedente sectorial es incómodo para el conjunto de las operadoras que participan en concursos públicos. El contrato CORA moviliza 340 millones de euros y cualquier fisura en su tramitación afecta a la previsibilidad del negocio mayorista con la Administración. MasOrange y el resto de adjudicatarios de otros lotes observan de cerca el desenlace, porque la pérdida de cobertura presupuestaria podría replicarse en otros expedientes si los recursos se dilatan.
La decisión de la Mesa de Contratación no cierra la puerta definitivamente. Al anular la exclusión de Telefónica y retrotraer las actuaciones, el procedimiento sigue vivo desde un punto de vista jurídico. Pero sin dotación presupuestaria, la tramitación queda en suspenso hasta que el Ministerio para la Transformación Digital consiga restablecer los créditos necesarios.
📊 Las Claves para el Inversor
- Qué vigilar: Si el Ministerio restablece la cobertura presupuestaria en las próximas semanas o si opta por relicitar el lote 3, lo que abriría un nuevo escenario competitivo.
- Reacción del valor: El mercado no ha reaccionado de forma significativa al tratarse de un lote de 63 millones, pero la acumulación de incidentes en contratos públicos puede afectar la percepción de riesgo regulatorio de Telefónica.
- Precedente sectorial: La anulación de los RC por parte de los cofinanciadores durante un recurso sienta un precedente que podría repetirse en otros concursos públicos con participación de operadoras de telecomunicaciones.
