España, en riesgo de perder la inversión de 3 billones en centros de datos

La saturación de la red eléctrica y los nuevos requisitos de consumo renovable amenazan el desarrollo de un sector estratégico. Merlin ya ha renunciado a proyectos en Andalucía mientras ACS factura 20.000 millones en pedidos en EE.UU.

La economía digital española se enfrenta a un cuello de botella que podría costarle inversiones por valor de tres billones de dólares globales en centros de datos. Un informe de Arcano Partners advierte de que la falta de capacidad eléctrica, la maraña burocrática y la inseguridad regulatoria están expulsando la demanda hacia otros mercados. España se juega un trozo de un pastel que duplica su PIB anual.

Claves de la operación

  • La próxima década movilizará 3 billones de dólares en infraestructura digital. Arcano Partners sitúa las necesidades de inversión mundial en 150 GW de nueva capacidad de centros de datos hasta 2035, una cifra que equivale a 1,5 veces el PIB español.
  • España acumula barreras energéticas y legislativas que frenan los desembolsos. La saturación de la red y el real decreto que exige consumo renovable con criterios de «adicionalidad» generan incertidumbre justo cuando el apetito inversor está en máximos.
  • Merlin Properties renuncia a Andalucía y ACS dispara su cartera en Estados Unidos. Mientras la inmobiliaria del Ibex denuncia la falta de garantías de suministro, la constructora de Florentino Pérez acumula 20.000 millones de euros en pedidos de centros de datos al otro lado del Atlántico.

El cuello de botella eléctrico que frena la fiebre del dato

La paradoja es tan incómoda como costosa. La demanda de centros de datos nunca ha sido tan alta —150 GW previstos para 2035, según Arcano— y, al mismo tiempo, las redes eléctricas europeas y españolas están más congestionadas que nunca. Conectarse a la red se ha convertido en un laberinto de permisos, avales y plazos que ahuyenta a los inversores.

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Las fuentes del sector eléctrico consultadas por este diario son tajantes: el Gobierno debería ordenar la cola de acceso de forma radical, devolver los avales a quienes no han iniciado obra y empezar de cero con requisitos más altos. El problema no es de dinero, sino de voluntad para desatascar un sistema que penaliza al que quiere construir ya.

La regulación enciende las alarmas en plena guerra energética

Más contradictorio aún: mientras el Ejecutivo lamenta que la demanda eléctrica no arranca, impone nuevas condiciones a uno de los pocos sectores dispuestos a apretar el acelerador. El real decreto de medidas urgentes por la guerra de Irán introdujo la obligación de que los centros de datos consuman más energía renovable y cumplan «criterios de adicionalidad».

El Gobierno justifica la medida para evitar un mayor consumo de gas natural, pero el sector recibe el mensaje como una amenaza velada de intervención sobre los puntos de conexión a la red. La exigencia de adicionalidad equivale a pedir que generes tu propia energía antes de enchufarte, pero sin garantizar que la red esté lista para recibirla.

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Las patronales del sector llevan semanas trasladando su malestar. En privado, reconocen que el clima regulatorio en otros países europeos —Portugal, Italia, los nórdicos— está siendo más ágil y predecible, y que los fondos internacionales empiezan a desviar su mirada hacia esas plazas.

La oportunidad que se va: empresarios españoles ya miran fuera

La inmobiliaria Merlin Properties ha puesto el grito en el cielo. Su consejero delegado, Ismael Clemente, denunció hace unos días la renuncia forzosa a proyectos en Andalucía por la falta de garantías de suministro eléctrico. Una de las compañías del Ibex más comprometidas con los centros de datos —captó 768 millones en una ampliación de capital en marzo— tuvo que decir «no» a una región clave de España.

Cuando una empresa que ha recabado 4.470 millones de euros para centros de datos hasta 2032 da un paso atrás, es que el sistema está fallando.

Merlin prevé que estos activos aporten el 65% de sus ingresos dentro de seis años. Sin embargo, sus ambiciones domésticas chocan contra una pared de kilovatios ausentes. La compañía ha tenido que priorizar otras zonas donde la conexión es más segura. Y no es la única.

Fuera de nuestras fronteras, ACS está escribiendo el manual de cómo aprovechar la fiebre del dato. A través de su filial Turner ha ejecutado proyectos por valor de 26.000 millones de dólares y la cartera de pedidos alcanza los 20.000 millones. La constructora acaba de lanzar una ampliación de capital de 700 millones, suscrita por Florentino Pérez y Criteria, para financiar nuevos centros de datos en Estados Unidos. Meta es uno de los clientes estrella: un megacampus en Indiana por 8.400 millones de euros.

El contraste entre el dinamismo de ACS al otro lado del Atlántico y el freno que sufren proyectos como los de Merlin en España es elocuente. El capital se va donde hay certidumbre, aunque el talento y la voluntad empresarial sigan aquí.

España ante el espejo: ¿infraestructura digital o cuello botella permanente?

El sector de los centros de datos no es capricho de unos pocos fondos: es la columna vertebral de la inteligencia artificial, la nube y la soberanía digital europea. Perder esta batalla no solo implica renunciar a un volumen de inversión que, solo en pedidos ya firmados por constructores españoles en el exterior, supera con creces el PIB de muchas comunidades autónomas. Implica ceder terreno en la industria del futuro.

La comparativa con el competidor natural en el Ibex, Cellnex, es útil. La compañía de torres de telecomunicaciones también necesitó una regulación predecible y un acceso a suelo estable para desplegar su infraestructura. Sin embargo, los centros de datos añaden una variable energética mucho más intensiva: un solo campus puede demandar el equivalente a una ciudad de 500.000 habitantes. Y aquí España sigue sin respuesta.

El margen para corregir el rumbo existe, pero se acorta. La Comisión Europea ya ha advertido que los países que no resuelvan la congestión de red antes de 2028 quedarán excluidos de las grandes adjudicaciones de infraestructura digital comunitaria. La vicepresidenta Ribera tiene ante sí el dilema: agilizar la conexión o asumir que la oportunidad de los 3 billones vuele a Lisboa, Milán o Estocolmo.

No se trata de relajar los criterios ambientales, sino de hacerlos compatibles con la velocidad que exige la economía digital. El tiempo, ahora mismo, corre en contra.


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