Para Uber, Cabify y Bolt el Decreto Ábalos ha sido un verdadero dolor de cabeza. Las tres operadoras de la llamada «nueva movilidad» han tenido que adaptarse a distintos reglamentos, con posiciones tan opuestas como la de Madrid y la de Cataluña, o procesos accidentados de entrada en algunas comunidades como Valencia, el País Vasco o Galicia, donde tienen que irse adaptando a las decisiones políticas a medida que va creciendo el número de licencias en el país.
Por eso, fuentes de la industria han expresado que el principal deseo de estas operadoras de cara a 2027, año electoral, es que se revise lo planteado por el controvertido Decreto Ábalos. El texto del investigado exministro de Transportes permitía que cada una de las comunidades autónomas tomara sus propias medidas alrededor del funcionamiento de las VTC y las nuevas plataformas de transporte en esta realidad. Esto ha llevado a casos tan opuestos como la «ley taxi» que se encuentra en trámite en Cataluña, o el texto conocido como «ley Uber de Ayuso», que fue bautizado así por los taxistas por la percepción de que está diseñada para defender a las nuevas plataformas.
Sin embargo, incluso las comunidades donde se han aprobado este tipo de medidas siguen cambiando las normas. Casos como el que acaba de ocurrir en Madrid, donde se dio la orden de limitar las tarifas dinámicas de plataformas como Uber, Cabify y Bolt, obligan a replantear las reglas de juego una y otra vez sobre la marcha, por lo que un marco mínimo general en el país sería una buena noticia que les permitiría plantearse un modelo de crecimiento y funcionamiento sostenible. Tampoco sería una tragedia para los conductores, pues la llegada de los vehículos autónomos —que se esperan en la capital este mismo año— puede cambiar de nuevo su forma de trabajo, y sería clave que tuvieran algún tipo de protección.
De todos modos, no es una situación que siquiera se haya planteado públicamente desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. De momento, Óscar Puente, que ha seguido priorizando otros medios de transporte en proyectos como la «ley de movilidad sostenible», ha dejado de momento que cada comunidad autónoma tome su propia posición. Esta decisión ha generado malestar tanto en el sector del taxi —donde se señala que no hay una protección nacional para ellos— como en las tres plataformas de VTC, para las que es clave conocer las reglas de juego reales del sector.
UNA LEGISLACIÓN QUE PUEDA APLICARSE EN EUROPA
Por otro lado, las plataformas de VTC insisten en que no todas las normativas que se han planteado en las comunidades autónomas realmente pueden funcionar. Recientemente, el informe jurídico elaborado por la Fundación Bosch i Gimpera de la Universidad de Barcelona (UB) y encargado por la patronal Unauto VTC señala que la normativa planteada en Cataluña no puede ser aprobada por la justicia europea, pues está diseñada para proteger al taxi. Es uno de los retos a la hora de diseñar medidas en el país, sobre todo porque ha sido evidente el esfuerzo de la Administración actual por proteger el modelo del taxi como un servicio público.
Sería un reto clave si se decide revisar lo que en su momento se planteó en el «Decreto Ábalos». Lo cierto es que la posición de permitir que cada una de las comunidades tome sus propias medidas ha generado problemas desde 2022, con protestas del sector del taxi en las principales ciudades del país, y después por los problemas que ha generado al diseñar contratos para los conductores, o incluso al pasar de un modelo de autónomos a uno de contratación, aun cuando en España se trata de flotas externas en lugar de ser contratos directos.
UBER, CABIFY Y BOLT DAN EL PASO AL ROBOTAXI
Cualquier medida legal que se quiera tomar alrededor de las plataformas va a cambiar en los próximos meses. El problema es que las empresas están en un momento de transformación tan importante como su primer aterrizaje en España o el hecho de asumir su modelo de contratación actual en lugar de funcionar con autónomos, como todavía ocurre en otros territorios. Y es que la llegada del robotaxi como opción real en Madrid puede marcar el futuro de los conductores de Uber, Cabify y Bolt.
Ya se realizan pruebas de Uber en algunas ciudades del viejo continente y las operadoras han ido cerrando acuerdos con empresas como Waymo o Pony.AI. Es una realidad que las tres dan por hecho, y que desde el taxi y algunos sindicatos se ha señalado por el riesgo que representa para el empleo en el sector.
Es un riesgo permanente para estos trabajadores, y es otro motivo para revisar la ley. Hay una posibilidad real de que una ley dedicada al sector acabe por ser un problema, como lo ha demostrado la «ley rider» de Yolanda Díaz en el delivery, pero al mismo tiempo es una tarea urgente si se quieren calmar las aguas. Mientras tanto, se seguirán viviendo procesos caóticos, como los que han atravesado Madrid y Cataluña, o los que todavía enfrentan en otras comunidades como Valencia, el País Vasco o Galicia.
