Pocas veces un proyecto de infraestructura digital desata tantas contradicciones como el que Meta está levantando en Richland Parish, Luisiana. Con una capacidad de 7,5 gigavatios —equivalente al consumo de toda la ciudad de Nueva York en un día de verano—, la planta ocupa una superficie similar a la isla de Manhattan. Todo para impulsar la inteligencia artificial de la compañía de Mark Zuckerberg, en una de las regiones más pobres de Estados Unidos.
Un macrocentro de 7,5 gigavatios en una de las zonas más pobres de EE.UU.
Según la investigación de Bloomberg Television, el campus de Richardson Paris se abastecerá con diez nuevas plantas de gas natural y se convertirá en el mayor centro de datos de IA que Meta haya construido jamás. La propia empresa anticipa que este proyecto movilizará 200.000 millones de dólares, una cifra que solo se entiende en el marco de la frenética carrera por la inteligencia artificial.
Richland Parish, donde una cuarta parte de la población vive bajo el umbral de la pobreza, ha pasado de los cultivos de algodón al monocultivo de soja y maíz. Ahora, los vecinos observan sus campos y se preguntan si el cambio a los datos traerá la prosperidad prometida o una nueva forma de abandono.
El ‘Proyecto Sucre’: cómo Meta negoció exenciones fiscales a escondidas
Bloomberg Television ha reconstruido las negociaciones a través de solicitudes de registros públicos. El trato, bautizado internamente como Proyecto Sucre (azúcar, en francés), arrancó a principios de 2024, cuando el director ejecutivo de Entergy, Philip May, ofreció a Meta toda la energía necesaria y, sobre todo, la promesa de agilidad burocrática.
Meta condicionó el acuerdo a una exención fiscal para equipos costosos como las GPU. Como el calendario legislativo no permitía una nueva ley, los líderes estatales de Luisiana colaron las demandas de la tecnológica en un proyecto de ley sobre banda ancha rural. El resultado fue una reducción del 80% en los impuestos a la propiedad y la ausencia total de obligación de contratar personal local.
Es un proyecto tan caro que se financia con uno de los mayores acuerdos de capital privado jamás reunidos.
— Bloomberg Television
El peso político de Luisiana y el bloqueo de una ley clave
Mientras se cocinaba el pacto, dos figuras republicanas de Luisiana acumulaban un poder desproporcionado en el Congreso: Mike Johnson, que se convirtió inesperadamente en presidente de la Cámara, y Steve Scalise, líder de la mayoría. Su influencia, según el análisis de Bloomberg, habría sido crucial para que Meta encontrara el entorno político propicio.
En ese contexto, la senadora Marsha Blackburn impulsaba la Kids Online Safety Act, una ley bipartidista que pretendía responsabilizar a las plataformas sociales por los daños a menores. El proyecto había superado el Senado, pero Johnson bloqueó su avance en la Cámara alegando preocupaciones sobre la libertad de expresión. Blackburn insinuó públicamente que el freno podía estar relacionado con la inversion tecnológica de Meta en Luisiana, algo que Johnson negó tajantemente. A día de hoy, la norma sigue sin aprobarse.
Ingeniería financiera: 200.000 millones sin tocar el balance
Zuckerberg no solo buscaba tamaño y celeridad; también quería flexibilidad financiera. Así, Meta provocó una guerra de ofertas entre gigantes de Wall Street durante meses. El resultado fue una joint venture en la que la tecnológica solo posee el 20% del campus. El 80% restante lo controla la firma de capital privado Blue Owl, con 27.000 millones de dólares en deuda proporcionada por gestoras como Pimco.
Esta estructura deja la deuda fuera del balance de Meta, mientras que la compañía mantiene el control de las operaciones diarias. Para muchos observadores, se trata de una jugada maestra que externaliza el riesgo y mantiene el músculo inversor en IA sin erosionar la solvencia contable.
Un ‘boom’ que despierta ilusión y miedo a partes iguales
Actualmente, Richardson Paris es un pueblo en ebullición. Algunos calculan que la ciudad llegará a ser tan grande como Nueva Orleans; otros temen que se convierta en un pueblo fantasma si las promesas no cuajan. Los 300 empleos iniciales —con un salario medio de 150.000 dólares al año, que luego podrían ampliarse a 500— son la zanahoria que mantiene viva la esperanza.
Pero la pregunta incómoda sigue en el aire: ¿qué sucederá si esas cifras no se materializan o si el impacto ambiental de diez plantas de gas borra los beneficios? La tierra rica del Misisipi ahora se debate entre su pasado agrícola y un futuro gobernado por centros de datos.
Lo que está claro es que el caso de Luisiana muestra una asimetría que se repite: las grandes tecnológicas obtienen exenciones, agilidad y protección política, mientras las comunidades asumen riesgos que no siempre aparecen en los titulares. La historia de este macrocentro acaba de empezar, pero ya dibuja las líneas maestras de la próxima década de desarrollo tecnológico en el sur de Estados Unidos.
Puedes ver el análisis completo en el vídeo original de Bloomberg Television en YouTube.
