La dependencia de los pagos europeos de los gigantes estadounidenses Visa, Mastercard y PayPal está fracturando la relación entre el Banco Central Europeo (BCE) y la gran banca del continente. Según ha podido conocer Reuters, las negociaciones llevan dos años atascadas, con el supervisor monetario presionando para crear un sistema paneuropeo y las entidades financieras poniendo el freno por los costes y la falta de interoperabilidad. El cisma, que se ha recrudecido en las últimas semanas, amenaza con dejar a la eurozona sin una alternativa propia justo cuando la soberanía financiera se ha convertido en un mantra político en Bruselas.
Un cisma en el corazón del Eurogrupo
El plan, impulsado por el BCE en 2024 bajo el nombre informal de EuroPayment Chain, pretendía replicar el modelo de UPI en India, un sistema de pagos instantáneos que ya mueve 12 billones de dólares al año. La idea era sencilla sobre el papel: una red de pagos interoperable, con tarifas reducidas y controlada por actores europeos. La realidad, sin embargo, ha mostrado las profundas divisiones que recorren el sector financiero del Viejo Continente.
Fuentes cercanas a las conversaciones, que Reuters cita bajo condición de anonimato, señalan que los grandes bancos —desde Santander y BNP Paribas hasta Deutsche Bank e ING— consideran que el proyecto duplicaría inversiones ya realizadas en sus propias plataformas de pagos. Además, el BCE exige que el nuevo sistema cumpla con los mismos estándares de seguridad que las redes estadounidenses, lo que dispararía los costes de desarrollo y certificación. El resultado es un bloqueo que mantiene a Visa y Mastercard con una cuota de mercado superior al 70% en las transacciones con tarjeta dentro de la eurozona, y a PayPal como líder indiscutible en pagos online.
La banca teme una factura millonaria sin retorno claro
Las estimaciones internas de la patronal bancaria europea, a las que ha tenido acceso Reuters, sitúan el coste de migración en más de 800 millones de euros por entidad de tamaño medio, una cifra que se triplicaría si se incluyen los ajustes operativos y la integración con los más de 4.000 bancos de la región. Los banqueros, de hecho, no ven un modelo de negocio que justifique semejante desembolso: el actual duopolio de las redes internacionales funciona, es fiable y cuenta con décadas de interoperabilidad global.
«Es como pedirle a las aerolíneas que construyan un nuevo control aéreo europeo mientras siguen volando con el estadounidense. No hay incentivo comercial», explicó a Reuters un alto directivo de un banco sistémico alemán. La resistencia no es solo económica: también es cultural. Los consejeros delegados temen que un sistema paneuropeo acabe controlado por los reguladores, añadiendo una capa de supervisión que les reste autonomía para fijar comisiones o lanzar productos propios de pago aplazado, un segmento donde Klarna y Afterpay ya les comen terreno.
Soberanía financiera o simple voluntarismo: el debate que define el futuro
La falta de avances coloca en una posición incómoda tanto a los políticos como al propio BCE. La presidenta Christine Lagarde ha repetido en varias comparecencias que Europa no puede permitirse otra dependencia estratégica tras lo sucedido con la energía rusa. Pero sus palabras chocan con la realidad de un sector bancario que aún digiriendo los costes de cumplimiento de Basilea IV y la adaptación al euro digital. El pulso refleja un dilema más profundo: ¿hasta qué punto la soberanía financiera es viable cuando las infraestructuras críticas las gestionan empresas privadas con décadas de ventaja?
Desde esta tribuna, creo que el error del BCE ha sido plantear el plan como una imposición técnica en lugar de como una oportunidad de negocio compartida. Sin incentivos fiscales claros ni un calendario de retorno de la inversión, la banca hará lo que siempre ha hecho: patear el balón hacia adelante. A esto se suma el ruido político reciente. La Comisión Europea ha amenazado con legislar por la vía rápida si no hay acuerdo antes de que finalice 2026, pero algunos Estados miembros, con Francia a la cabeza, prefieren proteger a sus campeones nacionales y retrasar cualquier decisión al menos hasta las elecciones alemanas de otoño de 2027. Eso sí, esperar no es gratis: cada trimestre que pasa, las comisiones que los comercios europeos pagan a Visa y Mastercard suman 1.200 millones de euros, según datos de la Comisión. Un coste que en última instancia repercute en el consumidor.
La gran incógnita es si la iniciativa EPI (European Payments Initiative), que agrupa a 31 bancos y dos procesadores, será capaz de llenar ese vacío. Aunque cuenta con el respaldo de Bruselas, su lanzamiento comercial sigue sin fecha y los pilotos en Alemania y Benelux avanzan más lento de lo previsto. Mientras, los gigantes estadounidenses se frotan las manos: Visa acaba de anunciar un centro de innovación en Dublín para reforzar su presencia en Europa, una jugada que muchos interpretan como una respuesta directa a los titubeos del viejo continente.
El BCE, por su parte, mantiene la presión. Fuentes internas aseguran que la próxima reunión del Eurosistema de pagos, prevista para septiembre en Fráncfort, servirá de ultimátum: o los bancos se comprometen con un calendario vinculante o Fráncfort asumirá el liderazgo del proyecto con o sin el sector privado. Un órdago que podría acelerar la ruptura, pero que al menos dejará claro quién manda en la política monetaria de la eurozona. Algo que, a juzgar por los últimos dos años, dista de ser una cuestión menor.
