El presidente Donald Trump ha cumplido su promesa: ayer, 19 de mayo, firmó una orden ejecutiva que obliga a seis reguladores federales a revisar todas las trabas que impiden a las empresas fintech y de criptomonedas competir en igualdad con los bancos tradicionales.
La directiva, la más ambiciosa en años en materia de integración financiera, fija plazos concretos: 90 y 180 días para que la SEC, la CFTC y otras agencias identifiquen y eliminen barreras regulatorias, y 120 días para que la Reserva Federal aclare si las criptoempresas pueden acceder directamente a sus sistemas de pago.
Qué dice exactamente la orden ejecutiva
La orden, firmada en la Casa Blanca, instruye a seis agencias —la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC), la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, la FDIC, la OCC y la Administración Nacional de Uniones de Crédito— a revisar sus normas, guías y procesos de supervisión. El objetivo es claro: identificar todo lo que bloquea la entrada de nuevos actores fintech al sistema financiero. Es una especie de auditoría a los reguladores para ver si están cumpliendo su función o protegiendo a los de siempre.
No es un cheque en blanco. La orden mantiene como prioridades la seguridad, la solidez y la protección al consumidor. Pero sí obliga a los reguladores a preguntarse si las reglas actuales benefician injustamente a la banca tradicional. Las criptomonedas han encontrado un aliado inesperado en la Casa Blanca. Y no es para menos: durante años, muchas startups cripto han visto cómo los bancos les cerraban la puerta sin dar explicaciones.
Cada agencia tiene hasta 180 días —seis meses— para actuar en función de sus hallazgos, coordinadas por el Asistente de Política Económica de la Casa Blanca. Se trata de una revisión integral que abarca desde la obtención de una licencia bancaria —algo casi imposible para una empresa nacida en el mundo cripto— hasta el seguro de depósitos, que da confianza a los clientes. El objetivo no es eliminar la regulación, sino nivelar el campo de juego.
Mientras tanto, la Reserva Federal recibe un encargo paralelo: analizar, en solo 120 días, si las empresas no bancarias, incluidas las de criptoactivos, pueden acceder a los servicios de pago de los Bancos de la Reserva.
El acceso a la Fed: la madre de todas las batallas
Para entender por qué esto importa, conviene explicar qué es una cuenta principal (master account). Tener una permite conectarse directamente a los sistemas de pagos de la Fed, como Fedwire, y liquidar operaciones sin necesidad de pasar por un banco intermediario. Hasta ahora, las criptoempresas que querían mover fondos en dólares a gran escala dependían de un banco amigo, y no siempre lo encontraban.
La orden pide a la Fed que publique procedimientos transparentes y que resuelva las solicitudes completas en un plazo máximo de 90 días. Esto recuerda inmediatamente al caso de Custodia Bank, un banco centrado en criptomonedas cuya solicitud de cuenta principal fue denegada en 2023. Caitlin Long, su fundadora, ha sido una voz constante contra lo que considera un bloqueo sistemático.
Este año, Kraken se convirtió en la primera empresa cripto en conectarse directamente con la Fed, y Ripple también está en proceso. Para los emisores de stablecoins o los exchanges que mueven miles de millones, una cuenta principal no es un lujo: es una necesidad operativa. La nueva orden podría acelerar estas autorizaciones y abrir la puerta a muchas más.
Más que una orden: ¿un giro definitivo o solo marketing político?
Desde esta redacción, creemos que la orden ejecutiva va en serio. No es la primera de la administración Trump sobre el sector: ya había impulsado directivas anteriores para frenar el «desbancarizado» de las empresas cripto. Sin embargo, esta pieza es distinta. No solo pide no discriminar, sino que obliga a crear un camino de acceso real.
Ahora bien, conviene ser prudente. La orden es un mandato político, no una ley. Si los reguladores se resisten o alargan los plazos, el efecto puede diluirse. El lobby bancario no se quedará de brazos cruzados. La verdadera prueba llegará cuando las agencias empiecen a publicar sus revisiones y la Fed tome decisiones concretas sobre las solicitudes de cuenta principal.
Aun así, el simple hecho de que la Casa Blanca ponga plazos y nombre a los responsables marca un antes y un después. Para las fintech y las criptoempresas, tener la posibilidad de acceder directamente al sistema de pagos federal equivale a salir de una mochila y subirse a un camión blindado. No es un cambio menor: puede alterar la estructura de costes, la velocidad de las transacciones y la confianza de los inversores institucionales. Además, envía una señal global: Europa, que está desplegando MiCA, podría verse presionada a agilizar integraciones similares.
Los próximos 90 a 180 días serán el termómetro real. Si en noviembre vemos a varias criptoempresas operando con cuentas principales, habrá que darle la razón a quien dice que esta orden ejecutiva lo cambia todo. De lo contrario, será otra promesa que se quedó en papel.
