2.300 millones de euros. Ese es el agujero fiscal que, solo en 2026, habrían dejado las enmiendas de Vox y Junts si el Gobierno no hubiera ejercido su poder de veto constitucional sobre los derechos de emisión de CO2. La cifra, contenida en los escritos de disconformidad del Ejecutivo, pone en un brecha un debate que va mucho más allá del mercado de carbono: la tensión entre la disciplina presupuestaria del Estado y las aspiraciones de las comunidades autónomas sobre un recurso que, en esencia, es un pilar de la fiscalidad verde europea.
El Gobierno ha rechazado frontalmente la tramitación de dos propuestas que, por caminos distintos, perseguían el mismo efecto práctico: vaciar o transferir la potestad estatal sobre los derechos de emisión de dióxido de carbono. La primera, registrada por Vox, directamente derogaba la Ley 1/2005 que regula el régimen de comercio de emisiones. La segunda, de Junts, modificaba la normativa para que la asignación de esos derechos pasara a manos de las comunidades autónomas. En ambos casos, Moncloa activó el artículo 134.6 de la Constitución, ese que permite al Gobierno bloquear cualquier enmienda que reduzca los ingresos presupuestarios.
El debate es técnicamente árido pero políticamente explosivo. Quien no conozca el funcionamiento del mercado de carbono europeo puede perderse en la maraña de topes, subastas y derechos negociables. Pero la lógica es sencilla: la Unión Europea fija un techo máximo de emisiones para ciertas industrias y obliga a las empresas a adquirir, mediante subasta, un derecho por cada tonelada de CO2 que emiten. Ese dinero va al Estado miembro correspondiente. En 2026, la previsión de ingresos para el Tesoro español asciende a 2.300 millones de euros, una cantidad similar al presupuesto anual en políticas activas de empleo.
Veto exprés: cómo el Gobierno frenó la ofensiva parlamentaria
El procedimiento ha sido tan rápido como contundente. Apenas registradas las enmiendas en el trámite de la proposición de ley que actualiza la normativa de 2005, el Ministerio de Hacienda emitió sendos escritos de disconformidad. El argumento es idéntico en los dos casos: tanto la derogación que pedía Vox como la cesión competencial de Junts suponen una pérdida de ingresos presupuestarios. Y la Constitución, en su artículo 134.6, otorga al Gobierno la última palabra en estos casos. No hubo margen para la negociación.
Conviene detenerse en la enmienda de Junts, más sutil en su redacción pero igual de demoledora en sus consecuencias fiscales. La formación independentista proponía que la asignación de los derechos de emisión se hiciera conforme a criterios europeos pero aplicados por cada autonomía, de acuerdo con sus competencias. La justificación política es previsible: acercar la gestión a los territorios donde están las industrias contaminantes. Pero el resultado habría sido la dispersión de un ingreso que hoy es estatal por naturaleza jurídica. El Gobierno, lógicamente, no podía aceptar abrir esa brecha en plena consolidación fiscal.
Menos complejidad entraña la propuesta de Vox, que directamente derogaba la ley de 2005. En un contexto de precios del carbono por encima de los 80 euros por tonelada, renunciar voluntariamente a un sistema de subastas es algo que ningún Ejecutivo comunitario se plantea. De hecho, los Estados miembros están reforzando sus mecanismos de recaudación vinculados al comercio de derechos de emisión ante la inminente ampliación del sistema a sectores como el transporte o la edificación. España no es una excepción.
El sistema no es perfecto.
Pero funciona como instrumento de recaudación predecible, y los Presupuestos Generales del Estado ya lo tienen interiorizado como fuente de ingresos consolidada. Desmontarlo de un plumazo, sin alternativa fiscal que compensara el agujero, habría obligado a recortar partidas de gasto o a aumentar la presión impositiva por otra vía. El coste político de cualquiera de esas opciones es demasiado alto.
2300 millones en juego: la dimensión económica del veto
La cifra de 2.300 millones de euros no es un cálculo aproximado del Ministerio de Hacienda. Procede de las previsiones de ingresos para el ejercicio 2026, incorporadas ya en el proyecto de Presupuestos que el Gobierno defiende en las Cortes. Son ingresos ciertos: las subastas de derechos de emisión se celebran periódicamente, los precios son públicos y los volúmenes están determinados por la normativa comunitaria. La recaudación, por tanto, es fácil de proyectar.
Para poner el número en perspectiva, 2.300 millones equivalen al 0,2% del PIB español. O al presupuesto anual de todo el sistema de becas y ayudas al estudio. O a la inversión prevista en el Plan de Recuperación para el despliegue de energías renovables en 2026. La cifra no es marginal; es estructural. Y cederla a las comunidades autónomas, como pretendía Junts, habría significado renunciar a una herramienta de política fiscal y ambiental que el Estado utiliza para compensar los costes de la transición energética.
Aquí conviene recordar un dato que a menudo se olvida: España destina parte de los ingresos del mercado de carbono a financiar medidas de apoyo a los sectores más afectados por la descarbonización. La industria electrointensiva, el sector del automóvil y las pequeñas y medianas empresas reciben compensaciones directas e indirectas que salen, en buena medida, de esos fondos. Transferir la gestión a las autonomías sin un mecanismo de coordinación estatal habría creado un mosaico de 17 sistemas de ayudas diferentes. Lo que hoy es política común pasaría a ser un campo de batalla competencial.
El Gobierno, eso sí, ha evitado entrar en el fondo político de las enmiendas. Los escritos de disconformidad no discuten la oportunidad de derogar la ley o de transferir competencias; simplemente se ciñen al criterio presupuestario. Es una decisión deliberada. Al activar el artículo 134.6, Moncloa no tiene que argumentar si la propuesta le gusta o no: le basta con certificar que resta ingresos al Estado. Tácticamente impecable.
La batalla de fondo: mercado de carbono, soberanía fiscal y transición energética
Lo que subyace en este choque parlamentario es una pregunta incómoda que lleva años sobrevolando el debate autonómico: ¿hasta dónde puede llegar la descentralización fiscal sin romper la unidad de mercado y la solvencia del Estado? Los derechos de emisión de CO2 son, por diseño comunitario, un instrumento paneuropeo gestionado por cada Estado miembro. Fragmentar su asignación equivaldría a crear 17 mercados de carbono dentro de uno solo.
Bruselas no lo permitiría. Y el Gobierno lo sabe. Por eso, más allá de los 2.300 millones, el veto tiene una lectura institucional que trasciende lo presupuestario. España como Estado miembro es responsable ante la Comisión Europea del cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones. Ceder a las autonomías la gestión de los ingresos del mercado de carbono, pero no las obligaciones de reducción, habría sido un desequilibrio insostenible.
En el trasfondo también está la evolución del precio del CO2. En lo que va de 2026, el precio de la tonelada de carbono en el mercado europeo ha oscilado entre los 75 y los 85 euros, niveles que duplican los de hace apenas tres años. Esa tendencia alcista convierte a los derechos de emisión en una fuente de ingresos cada vez más relevante para los Estados miembros. Renunciar a ella voluntariamente o trocearla entre territorios es, sencillamente, una decisión que ningún responsable de Hacienda tomaría sin una cobertura política sólida.
El sistema del comercio de emisiones tiene defectos evidentes: genera costes que las industrias trasladan al consumidor, penaliza a los sectores más expuestos a la competencia internacional y su diseño original ha necesitado reformas constantes para evitar fugas de carbono. Pero es el mecanismo elegido por la UE para poner precio a las emisiones, y ha demostrado ser eficaz en la reducción progresiva del CO2 en los sectores regulados. Sustituirlo no es trivial.
A mi juicio, la posición del Gobierno es razonable desde la óptica de la disciplina fiscal, pero también revela una cierta rigidez en la gestión de los ingresos del carbono. La pregunta que nadie ha formulado en el Congreso es si una parte de esos 2.300 millones podría destinarse a las comunidades autónomas de manera finalista, para financiar proyectos de adaptación climática o transición justa en las zonas afectadas por el cierre de centrales térmicas e industrias contaminantes. El artículo 134.6 bloquea la enmienda, pero no impide un debate político de fondo sobre el reparto de los beneficios del mercado de carbono.
El episodio, en cualquier caso, deja varias certezas. La primera, que el mercado de carbono se ha convertido en un activo fiscal de primer orden para el Estado español. La segunda, que el Gobierno no está dispuesto, en absoluto, a ceder terreno en un ámbito que considera estratégico para la financiación de la transición energética. Y la tercera, que Vox y Junts seguirán utilizando esta bandera como símbolo de sus respectivas agendas: la primera, para denunciar lo que llama “impuestos verdes”; la segunda, para reclamar más competencias para Cataluña. El debate no ha hecho más que empezar.
Mientras tanto, Bruselas sigue avanzando en la ampliación del sistema de comercio de emisiones a nuevos sectores. La propuesta de revisión de la directiva europea, que debería estar aprobada antes de que acabe este 2026, extenderá el mercado de carbono al transporte por carretera y a la calefacción de edificios. Eso multiplicará los ingresos de los Estados miembros, pero también los costes para los ciudadanos. En ese contexto, el veto de Moncloa puede leerse como un aviso a navegantes: los ingresos del CO2 no se tocan.
