Expedientes bajo lupa: la petición de claridad de Naturgy
La energética presidida por Francisco Reynés ha dado un paso inusual. En lugar de esperar a las resoluciones, Naturgy ha solicitado formalmente a la CNMC que aclare el alcance y la fundamentación de los expedientes que el regulador mantiene abiertos sobre varias de sus instalaciones. La compañía insiste en que todas sus plantas operan dentro del marco normativo y que la falta de transparencia está generando incertidumbre operativa y reputacional.
La petición, adelantada por El Periódico de la Energía, no es una mera consulta administrativa. Va al corazón de una tensión creciente entre los operadores históricos y el supervisor. Mientras la CNMC revisa el sector, las empresas piden reglas de juego claras. Y Naturgy ha decidido forzar esa conversación.
Cumplimiento bajo presión: la defensa de las centrales
Las plantas sobre las que pesan los expedientes son, en su mayoría, ciclos combinados de gas y alguna instalación de respaldo. Fuentes del sector apuntan a que la investigación podría estar vinculada a los parámetros de disponibilidad durante picos de demanda o a posibles incumplimientos de las condiciones de operación exigidas en el real decreto de garantía de suministro. Naturgy lo niega categóricamente. «Todas las unidades implicadas cumplen con los estándares técnicos y de disponibilidad que exige la regulación vigente», habría señalado la compañía en el escrito.
La discusión es técnica, pero las consecuencias son monetarias. Un expediente que derive en sanción puede acarrear multas millonarias y, lo más delicado, la exclusión de ciertos ingresos regulados. Para una empresa con el volumen de generación de Naturgy, eso es un golpe directo al EBITDA. De hecho, los analistas ya empiezan a incorporar un escenario de riesgo regulatorio en sus valoraciones. RBC Capital Markets lo mencionó hace semanas al rebajar ligeramente su precio objetivo, citando «incertidumbres con el regulador».
La compañía, por su parte, está cambiando de tono. Si habitualmente se mantiene un perfil discreto ante las disputas con la administración, ahora ha optado por exponer públicamente su malestar. Algo que solo se hace cuando se considera que el regulador se ha excedido. O cuando se quiere dejar constancia para un posible recurso posterior en los tribunales.
Regulación bajo revisión: el contexto de una industria en transformación
La petición de Naturgy no es un hecho aislado. Se produce en plena revisión del marco retributivo de la distribución y la generación, con consultas públicas abiertas, cambios normativos previstos para 2027 y una Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que se ha mostrado más intervencionista en los últimos tiempos. Ya en 2024 inició una investigación sobre los pagos por capacidad que afectó a varias grandes eléctricas, y el pasado enero abrió un procedimiento sancionador a otra empresa por no cumplir las condiciones de disponibilidad declaradas.
En ese entorno, cualquier expediente trasciende lo administrativo y se convierte en señal. La CNMC está vigilando de cerca la respuesta de los generadores a los picos de demanda y a las políticas de descarbonización. Mientras tanto, el ‘Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030’ marca objetivos ambiciosos de renovables, que exigen un sistema de respaldo fiable. ¿Quién garantiza ese respaldo si los operadores temen ser sancionados cada vez que una central no está disponible al 100%?
Ese es el meollo del asunto. Naturgy defiende que sus plantas cumplen con los índices de disponibilidad técnicamente realistas. La CNMC, en cambio, sospecha que algunas indisponibilidades no están justificadas y que podrían responder a movimientos tácticos para beneficiarse de precios más altos en momentos de estrés. La diferencia es sutil. Y peligrosa. Porque pone sobre la mesa la eterna pregunta: ¿el regulador debe confiar en que los operadores actúan de buena fe o debe diseñar un sistema de incentivos tan estrecho que impida cualquier atisbo de especulación?
Yo, tras años cubriendo la relación entre las grandes energéticas y los reguladores, creo que la CNMC acierta al exigir transparencia. Pero también comparto la preocupación de los operadores cuando se les pide un estándar casi imposible de cumplir. La regulación debe ser firme, sí; pero también predecible. De lo contrario, ahuyentará las inversiones justo cuando más se necesitan para la transición energética.
Mientras se resuelven los expedientes, mayo de 2026 se ha convertido en un mes clave. Naturgy ha dejado claro que no va a permanecer callada. Y en la CNMC saben que la petición de aclaración, aunque formalmente sea solo eso, en realidad es un toque de atención. El sector mira atento. Lo que ocurra en las próximas semanas puede marcar la pauta de cómo se gestionan los conflictos regulatorios en España.
