Con la liquidez bajo mínimos y sin capacidad para atender los pagos corrientes de este mismo mes de mayo, Tubos Reunidos ha formalizado su solicitud de concurso voluntario de acreedores. La compañía alavesa, controlada por el grupo industrial Condesa, ha advertido al comité de empresa de que apenas genera ingresos suficientes para cubrir las nóminas y los suministros de las próximas semanas, lo que aboca a la planta de Amurrio a un parón total si no aparece un inversor que inyecte capital de forma inminente. Según la información remitida a la CNMV, la empresa arrastra una deuda financiera neta superior a los 150 millones de euros, de los que cerca de la mitad corresponden a préstamos participativos concedidos por la SEPI y a líneas de crédito sindicadas con la banca acreedora.
La factura de una crisis sin ingresos
Los números que maneja la dirección son elocuentes: en lo que va de ejercicio, la facturación ha caído más de un 30% respecto al año anterior, mientras que los costes fijos —energía, personal y mantenimiento— apenas han cedido. La falta de pedidos en firme para la segunda mitad del año ha sido el detonante que ha llevado al consejo a presentar el preconcurso hace apenas quince días y, ahora, el concurso formal. Fuentes conocedoras de las negociaciones señalan que la empresa ha tratado de renegociar los plazos de amortización con la SEPI y con entidades como Santander y BBVA, pero la ausencia de un plan de viabilidad convincente ha frenado cualquier acuerdo. Mientras tanto, los trabajadores se enfrentan a la posibilidad real de un cierre que dejaría a más de 600 familias sin empleo directo en la comarca de Ayala.
Una huelga enquistada y sin visos de solución
El comité de empresa mantiene la huelga convocada hace dos semanas en protesta por los impagos de la paga extra de marzo y por el bloqueo en las negociaciones del convenio. Ayer mismo, los representantes sindicales se concentraron a las puertas de la factoría para exigir una reunión urgente con la propiedad. La dirección ha ofrecido un encuentro para el próximo lunes, pero los sindicatos lo condicionan a que la empresa presente un plan de continuidad que garantice los puestos de trabajo. De fondo, subyace un conflicto más profundo: la plantilla desconfía de que la entrada en concurso sea una vía para facilitar un recorte traumático de plantilla sin contrapartidas. La experiencia de otras siderúrgicas en procesos similares —como la de Sidenor en 2022— no invita al optimismo.
El laberinto legal de la deuda pública
Uno de los aspectos más espinosos de este concurso es la posición de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El holding público inyectó 40 millones de euros en Tubos Reunidos en 2021 a través de un préstamo participativo con condiciones ventajosas, pero la naturaleza de este instrumento dificulta su cobro en un escenario de liquidación. Al no ser considerados estrictamente deuda bancaria, los préstamos participativos se sitúan en un escalón de prelación más bajo que otros créditos, lo que reduce las posibilidades de recuperar el dinero sin un acuerdo extrajudicial. Además, la banca privada —Santander, BBVA y CaixaBank, entre otros— suma otros 60 millones en líneas de crédito que también quedarían en riesgo si no se articula un convenio de acreedores. La laguna legal en el cobro de esta deuda, señalada ya por algunos analistas, deja al Ministerio de Industria en una posición compleja: cualquier quita significativa sería un precedente peligroso para futuros rescates, pero exigir el reembolso íntegro en esta coyuntura abocaría a la empresa a la liquidación inmediata.
El dilema industrial: cerrar o reinventarse
Visto con cierta perspectiva, el drama de Tubos Reunidos no es un caso aislado. La siderurgia europea sufre desde hace años los efectos de la sobrecapacidad global, los costes energéticos disparados y la competencia asiática en productos de bajo valor añadido. La planta de Amurrio, especializada en tubos sin soldadura para el sector del petróleo y gas, se ha quedado sin un nicho de mercado claro tras la rápida transición energética. A mi juicio, el concurso de acreedores, más que una amenaza, debería ser la palanca para forzar una reconversión que la empresa ha evitado durante una década. Pero el tiempo juega en contra: cada día de huelga y cada semana sin pedidos consume la liquidez que aún queda en caja.
Creo que hay dos escenarios posibles, y ninguno es sencillo. El primero pasa por la entrada de un socio industrial que aporte capital y cartera de clientes; algo que se intentó sin éxito con dos fondos de inversión hace un año. El segundo, más doloroso, implicaría una liquidación ordenada con recolocación parcial de la plantilla en otras empresas del entorno, como la cercana Aceros Inoxidables Olarra. Lo que no parece viable, a estas alturas, es mantener la estructura actual sin cambios. Como sucedió con la vizcaína Nervacero hace tres lustros, la negación del problema sólo conduce a un cierre caótico. Mientras, las 600 familias de la comarca miran al lunes con la esperanza puesta en una reunión que podría decidir el futuro de la siderurgia alavesa.
