Son las 12:33 del 28 de abril de 2025. En veinte segundos, la Península Ibérica pierde 15 gigavatios —el 60% de toda la electricidad que se estaba generando en ese momento—. Los trenes se paran en seco. Los ascensores quedan inmóviles con gente dentro. Los semáforos se apagan. Las fábricas de SEAT, Ford, ArcelorMittal y Celsa detienen sus líneas de producción de golpe. Los hospitales saltan a sus generadores. Los datáfonos dejan de funcionar. Los cajeros automáticos se apagan. Y cincuenta millones de personas en España, Portugal, Andorra y el sur de Francia se quedan mirando una pantalla negra preguntándose qué acaba de ocurrir.
Lo que acaba de ocurrir es el mayor apagón en Europa en más de veinte años. El mayor cero eléctrico de la historia moderna de España.
Un año después, les diré lo que hemos aprendido de ello: que en España el único que paga siempre las consecuencias de los errores de las instituciones es el ciudadano. Los demás siguen en sus despachos.
Qué ocurrió exactamente: la física del desastre
Antes de hablar de culpas, conviene entender qué pasó. No es complicado.
La red eléctrica funciona como un sistema de equilibrio permanente entre lo que se genera y lo que se consume. Cuando ese equilibrio se rompe de forma brusca, la frecuencia de la corriente alterna cae por debajo de los 50 Hz estándar, y las centrales y los sistemas de protección se desconectan automáticamente para protegerse. Si muchas se desconectan a la vez, el efecto es en cascada: cada desconexión aumenta el desequilibrio, lo que provoca más desconexiones, hasta que el sistema colapsa por completo. Eso es lo que se llama un «cero eléctrico».
El detonante, según el consenso de los cuatro informes oficiales —el Comité 28-A del Gobierno, Red Eléctrica, y los dos informes de ENTSO-E, el organismo europeo de operadores de red— fue una sobretensión en la red de 400 kV en el suroeste de España. Esa sobretensión provocó desconexiones prematuras de centrales en Granada, Badajoz y Sevilla, antes incluso de que se alcanzaran los umbrales reglamentarios. Y una vez iniciada la cascada, el sistema no tuvo margen para absorberla.
¿Por qué no tuvo margen? Porque ese día el sistema eléctrico español operaba con muy poca «inercia síncrona»: la resistencia natural al cambio de frecuencia que aportan las centrales convencionales —nucleares, hidráulica, ciclos combinados de gas—. Con una penetración de renovables del 55,5% en el mix de 2025 —un récord del que el Gobierno se enorgullecía en todos sus comunicados— y en un momento del día con alta generación solar, la inercia del sistema era baja. Cuando la cascada empezó, no había amortiguador suficiente para detenerla.
¿Era evitable? La CNMC lo dice sin ambigüedades: el 28 de abril de 2025 existían «las herramientas normativas y regulatorias, así como mecanismos para garantizar el suministro» que habrían podido evitar el incidente. Cuatro informes técnicos independientes coinciden: era evitable. Lo que no coincide es quién tenía que haberlo evitado.
Quién ha señalado a quién: la guerra de los informes
Desde el día 29 de abril de 2025, el sector eléctrico español lleva metido en una guerra de acusaciones cruzadas que es, simultáneamente, la mejor y la peor noticia para el ciudadano. La mejor, porque significa que los hechos están siendo sometidos a escrutinio. La peor, porque cuando todos se acusan entre sí, nadie acaba pagando nada.
El esquema de batalla es el siguiente.
Red Eléctrica de España —que es quien opera la red y es responsable de su estabilidad— sostiene que las centrales de generación no cumplieron adecuadamente los protocolos de control de tensión. Que sus generadores se desconectaron antes de los umbrales establecidos, y que eso fue lo que desencadenó la cascada.
Un año después lo único que ha cambiado es el precio de la luz. Ni un cese, ni una dimisiónde los responsables que demostraron una enorme incompetencia
Las grandes eléctricas —Iberdrola, Endesa, Naturgy— dicen exactamente lo contrario. En sus comparecencias en la comisión del Congreso en abril de 2026, todas afirmaron que Red Eléctrica operó el sistema «al límite de seguridad» el día del apagón, que había señales de inestabilidad previas que no fueron gestionadas adecuadamente. El consejero delegado de Endesa, José Bogas, afirmó que entre enero y febrero de 2025 «las señales de inestabilidad del sistema ya eran tremendas». Iberdrola ha llevado el asunto más lejos: ha demandado a Red Eléctrica por competencia desleal, alegando que insinuar que el origen del apagón estuvo en una planta fotovoltaica suya en Badajoz ha dañado su reputación. Un juzgado mercantil ha aceptado investigar esa demanda.
El informe del Senado —aprobado con la mayoría absoluta del PP, lo que le da una dimensión política que no puede ignorarse— declara responsables al Gobierno, a Red Eléctrica y a la CNMC. Sobre Red Eléctrica, el texto es particularmente duro: acusa al operador de haber «identificado y documentado internamente la vulnerabilidad estructural del sistema desde el 31 de enero de 2025 sin adoptar medidas preventivas proporcionales durante los tres meses siguientes». Y de haber «obstaculizado el control parlamentario negándose a aportar sus registros de comunicaciones al requerimiento formal» de la comisión. Sobre la CNMC, señala que mantuvo sin actualizar el Procedimiento de Operación 7.4 desde el año 2000.
La comisión del Congreso —que no se constituyó de forma operativa hasta marzo de 2026, once meses después del incidente— sigue en curso con las comparecencias pendientes de Red Eléctrica y el Gobierno. Sus conclusiones llegarán, en el mejor de los casos, a finales de 2026.
Y mientras tanto, la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, compareció cuarenta y cinco horas después del apagón, defendió la actuación del operador y descartó expresamente dimitir. Sigue en el cargo.
Quién ha dimitido: nadie. Quien va a dimitir: nadie
Me parece importante dedicarle un párrafo corto a esto, porque merece toda la atención que su brevedad implica.
En el mayor apagón de la historia moderna de España, con cincuenta y cinco millones de personas afectadas, con entre cinco y ocho muertos —tres en Ourense por monóxido de carbono de un generador, una mujer en Valencia que dependía de una máquina de oxígeno, una persona en Madrid en un incendio durante el apagón—, con pérdidas económicas directas superiores a 1.000 millones de euros y un sobrecoste estructural de 666 millones adicionales en los doce meses siguientes: no ha dimitido nadie.
Beatriz Corredor: sigue de presidenta de Red Eléctrica.
Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y responsable de la política energética: sigue en el Gobierno.
El equipo del Ministerio para la Transición Ecológica: sigue íntegro.
Los consejeros delegados de las eléctricas implicadas: ninguno ha asumido responsabilidad ni ha presentado ninguna renuncia.
El Senado ha pedido el cese de Corredor y Aagesen. El Gobierno ha ignorado esa petición, argumentando que las conclusiones del Senado responden a una mayoría absoluta del PP y tienen por tanto carga política. Lo cual puede ser cierto. Y al mismo tiempo, el argumento de que las conclusiones parlamentarias no cuentan porque son de la oposición es exactamente el tipo de razonamiento que vacía de contenido la rendición de cuentas en una democracia.
Que un año después ninguna cabeza haya rodado por cinco muertes y un colapso nacional de infraestructuras críticas es, en palabras que yo suscribo plenamente, «una anomalía en cualquier democracia liberal madura».
Las multas: qué, a quién y cuándo
La CNMC ha abierto 55 expedientes sancionadores a las empresas implicadas: Endesa, Naturgy, Iberdrola, Red Eléctrica de España y Repsol, entre otras. Las investigaciones catalogadas como «muy graves» apuntan directamente a Red Eléctrica y a las centrales nucleares de Almaraz y Trillo.
Las multas máximas posibles por infracciones muy graves en el sector eléctrico pueden alcanzar los 60 millones de euros.
El proceso tiene un plazo de 18 meses para resolverse desde la apertura de expedientes. La CNMC abrió la mayoría de ellos en abril de 2026. Esto significa que las resoluciones sancionadoras no llegarán antes de finales de 2027 o principios de 2028, en el mejor de los casos. Y eso si no hay recursos, que los habrá.
Para que se hagan una idea de la proporción: el coste del sobrecoste de operación reforzada que están pagando los ciudadanos en la factura de la luz asciende ya a 666 millones de euros acumulados en doce meses. La multa máxima posible al conjunto de los implicados es de 60 millones. O sea que el sistema castiga al ciudadano once veces más de lo que castiga a quienes fallaron. Esto no es una metáfora. Es el funcionamiento real del modelo regulatorio español.
¿Puede volver a pasar? Sí, muy posiblemente pasará de nuevo
Permítanme ser directo, porque me consta que hay mucha gente que quiere escuchar esta respuesta con claridad y que no la está obteniendo.
El 86,7% de los españoles cree que puede repetirse un apagón similar, según el estudio Hábitos y percepción del sector energético en España 2026 publicado por Camby esta semana. No es irracionalidad ciudadana. Es que los ciudadanos han leído los mismos informes que los técnicos y han llegado a la misma conclusión.
En septiembre de 2025 —cinco meses después del apagón— Red Eléctrica detectó nuevas «variaciones bruscas de tensión en la red eléctrica peninsular que podrían afectar a la seguridad del suministro». La CNMC aprobó en octubre cambios urgentes de emergencia en varios procedimientos de operación para estabilizar la red. En invierno, la ola de frío obligó a activar el «botón de parada» de industrias para no colapsar la red. Tres episodios de tensión estructural en doce meses.
Los problemas de fondo que causaron el apagón del 28-A no han sido resueltos: el sistema eléctrico español sigue teniendo una alta penetración de renovables sin la infraestructura de almacenamiento y control dinámico de tensión suficiente para gestionarla con seguridad.
El «Procedimiento 7.4» —el protocolo de control de tensión que la CNMC mantuvo sin actualizar desde el año 2000 y que es señalado en varios informes como una pieza clave de la cadena de fallos— está siendo revisado, pero el proceso regulatorio es lento.
Lo que sí ha cambiado: Red Eléctrica opera desde el apagón en «modo reforzado», con entre 20 y 25 centrales de ciclo combinado de gas activas a diario frente a las 7 que había ese 28 de abril. Eso aporta inercia y estabilidad. Y eso es lo que está costando 666 millones de euros en doce meses y encareciendo la factura de la luz un 74%. Pagamos entre todos la solución al problema que crearon los que tomaron las decisiones.
Que el riesgo estructural se ha reducido: sí. Que ha desaparecido: no.
El apagón como caso de estudio internacional
El incidente del 28-A no ha pasado desapercibido fuera de España. ENTSO-E —el organismo que agrupa a todos los operadores de red eléctrica de Europa— lo calificó como el «evento sin precedentes» en el sistema eléctrico europeo en más de dos décadas y publicó un informe final de 200 páginas en marzo de 2026.
Las conclusiones del informe europeo son relevantes porque no tienen sesgo político nacional: apuntan a fallos en Red Eléctrica, en las empresas generadoras y en los reguladores españoles de forma simultánea, sin exculpar a ninguno. Y elevan el caso a referencia obligatoria en los debates de política energética europeos sobre la transición renovable.
En Alemania, la Bundesnetzagentur —el regulador de red alemán— publicó en octubre de 2025 un análisis interno sobre las lecciones del apagón ibérico aplicables al sistema alemán, señalando que la «Energiewende» alemana enfrenta riesgos similares de baja inercia síncrona en los momentos de mayor penetración renovable. En Francia, RTE actualizó sus protocolos de desconexión de emergencia para reducir el riesgo de que un fallo en la red española pudiera propagarse a través de las interconexiones como casi ocurrió el 28-A. En California, el regulador CAISO citó el caso ibérico en sus directrices de gestión de redes con alta penetración solar. España, que lleva años queriendo ser ejemplo de transición energética, se ha convertido en ejemplo de algo diferente: de lo que pasa cuando la transición se hace sin la infraestructura de respaldo suficiente.
Lo que usted tiene que hacer si vuelve a pasar
Esta es la parte que más me importa escribir, porque es la única sobre la que el ciudadano tiene control real.
La Unión Europea publicó en 2024 su recomendación de «kit de emergencia de 72 horas» para los hogares europeos. En España, muchos se rieron de ello en aquel momento. Nadie se rió el 28 de abril de 2025. Le recomiendo que lo prepare ahora, no cuando vuelva a apagarse la luz.
Lo que debe tener en casa, sin excusas:
Agua embotellada para al menos 72 horas por persona —un mínimo de tres litros diarios por persona para beber y cocinar—. Si tiene familia de cuatro, son doce litros mínimo.
Alimentos no perecederos que no requieran cocción eléctrica: conservas, frutos secos, galletas, barritas energéticas. Con apertura manual, no eléctrica.
Una radio a pilas o de manivela. Esto es crítico: cuando caen las redes móviles —y el 28-A cayeron en muchas zonas— la radio de pilas es el único medio de información que funciona sin depender de ninguna infraestructura.
Linternas con pilas de repuesto. No solo la linterna del móvil: cuando el móvil muere, se va también su linterna.
Un cargador externo (power bank) cargado. Le permite mantener el móvil vivo varias horas más después de que se corte la luz. Elija uno de al menos 20.000 mAh.
Dinero en efectivo. Los cajeros no funcionan sin luz. Los datáfonos tampoco. El efectivo es el único medio de pago que funciona en un apagón prolongado.
Medicación esencial para al menos una semana. Si usted o alguien en su hogar depende de medicación crónica, tenga siempre una reserva. Las farmacias también cierran o no pueden operar sus sistemas.
Un botiquín básico: analgésicos, antiséptico, vendas, termómetro.
Si tiene personas dependientes de equipos médicos en casa —respiradores, bombas de oxígeno, diálisis domiciliaria— contacte con su distribuidora eléctrica para registrarse como consumidor vulnerable prioritario. Existen protocolos específicos para estos casos, pero hay que solicitarlos proactivamente.
Cuando se restablezca la luz: no conecte todo a la vez. Espere varios minutos a que la red se estabilice. Conecte primero las luces, después la nevera, por último los equipos de mayor consumo. Los picos de reconexión simultánea pueden provocar nuevas sobrecargas locales.
Para quien quiera ir más lejos: un sistema de autoconsumo solar con batería doméstica proporciona suministro eléctrico básico durante un apagón de red. No es barato, pero hay subvenciones autonómicas y estatales que pueden cubrir entre el 30% y el 50% de la instalación. Si tiene vivienda propia, merece la pena estudiar los números.
Lo que España debería hacer y probablemente no hará a tiempo
El informe de ENTSO-E, el de la CNMC y el del propio Comité 28-A coinciden en las mismas recomendaciones: reforzar el control dinámico de tensión integrando las renovables en la gestión activa de la red, aumentar la capacidad de almacenamiento para compensar la pérdida de inercia síncrona, actualizar los procedimientos de operación —especialmente el 7.4— para los escenarios de alta penetración renovable, y fortalecer las interconexiones eléctricas con Europa para que un fallo interno no conduzca automáticamente al aislamiento y al colapso.
Todo esto requiere tiempo, inversión y voluntad política. El tiempo lo tenemos, aunque no sobra. La inversión existe, aunque Aena se lleva 1.635 millones en dividendos y la red eléctrica lleva años infrainvertida en interconexiones. Y la voluntad política es lo más escaso de los tres, porque el Gobierno tiene un incentivo muy concreto para no reconocer que su política energética tenía un agujero de seguridad del tamaño de un apagón continental.
La directora general de Política Energética del Ministerio declaró en el Senado que Red Eléctrica no comunicó al Ministerio que pudiera haber riesgo de interrupción los días previos. Red Eléctrica dice que sí había registrado variaciones de tensión el 22 de abril —seis días antes— pero las consideró aisladas. Los informes técnicos dicen que no eran aisladas. El Comité 28-A del propio Gobierno dice que había «herramientas disponibles» para haberlo evitado.
La conclusión que nadie en el Gobierno quiere pronunciar en voz alta es sencilla: el sistema se llevó al límite en nombre de un récord verde, sin asegurarse de que la red podía soportar ese nivel de penetración renovable sin la inercia de respaldo suficiente. Y cuando llegó la tormenta —una sobretensión que en condiciones normales debería haber sido absorbida— el sistema no tuvo margen.
Eso no significa que las renovables sean malas. Significa que hacer la transición sin la infraestructura de seguridad adecuada es irresponsable. Y que cuando la irresponsabilidad tiene consecuencias, en España hay un protocolo bien ensayado para gestionarlas: crear comisiones, cruzar acusaciones, encargar informes, esperar a que el ciudadano se olvide y seguir cobrando el sueldo.
Un año después del Gran Apagón, lo único que ha cambiado de forma segura y verificable es el precio de la luz.
El resto está pendiente. Como siempre.
