Las telecos europeas han abierto un nuevo frente contra Telefónica en Bruselas. Operadores rivales han pedido formalmente a la Comisión Europea que regule el acceso a la red de conductos subterráneos de la antigua monopolista española, según adelantó Cinco Días. La jugada amplía el cerco regulatorio sobre uno de los activos menos visibles pero más estratégicos de la operadora presidida por Marc Murtra: los kilómetros de canalizaciones por los que discurre la fibra que da servicio a media España.
No es un asunto menor. Quien controla los conductos controla, en buena medida, el ritmo y el coste al que sus competidores pueden desplegar red propia.
Por qué los conductos de Telefónica importan tanto
La red de canalizaciones de la operadora es, junto con los postes y las arquetas, el legado físico del antiguo monopolio. Se construyó durante décadas con tarifas reguladas y, una vez liberalizado el sector, quedó como infraestructura esencial difícil de replicar. Cualquier rival que quiera tender fibra hasta el hogar (FTTH) en una calle por la que ya pasa un conducto de Telefónica se enfrenta a una disyuntiva incómoda: alquilar el espacio a la incumbente o abrir zanja propia, lo que multiplica los costes de despliegue por cinco o por diez según la zona.
En España, el acceso a esos conductos lleva años regulado por la CNMC a través de la oferta MARCo, que fija precios mayoristas y condiciones técnicas. La novedad es que los operadores pretenden ahora elevar ese mismo modelo al plano europeo, con condiciones armonizadas y, sobre todo, vinculantes para todos los Estados miembros.
Un nuevo frente en plena revisión del marco regulatorio
La presión llega en un momento delicado para la teleco española. Bruselas trabaja desde hace meses en la Digital Networks Act, la norma llamada a sustituir al actual Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas y a redefinir las reglas de juego para los próximos quince años. Los operadores alternativos —entre ellos varios de los grandes paneuropeos— ven en este proceso una ventana para forzar una regulación más estricta del acceso a infraestructuras pasivas. Telefónica, en cambio, defiende lo contrario: menos regulación ex ante y más libertad para rentabilizar inversiones en un mercado que ya considera suficientemente competitivo.
La paradoja es evidente. La propia Comisión lleva años repitiendo que Europa necesita campeones de telecomunicaciones capaces de competir con los gigantes estadounidenses y asiáticos, y al mismo tiempo recibe peticiones de mayor regulación que pueden erosionar precisamente los márgenes de esas operadoras. Para más contexto sobre el ecosistema regulador, conviene repasar el papel de la estrategia digital de la Comisión Europea, que marca la pauta de los próximos paquetes legislativos.
Telefónica no es la única afectada. Deutsche Telekom en Alemania, Orange en Francia y KPN en Países Bajos viven situaciones similares con sus respectivas redes heredadas. Pero el caso español tiene una particularidad: la incumbente ha sido, históricamente, una de las más activas en la apertura mayorista de su red de fibra, lo que paradójicamente ha facilitado el desembarco de competidores como MásMóvil, Digi o Vodafone.
Una batalla regulatoria que define la próxima década del sector
Aquí conviene poner las cosas en su sitio. La presión sobre los conductos no es una anécdota: encaja con un patrón europeo en el que los operadores alternativos llevan dos décadas pidiendo regular cada nueva capa de infraestructura tan pronto como aparece. Primero fue el bucle de cobre, después la fibra, ahora los conductos y mañana, previsiblemente, los emplazamientos para 5G y los data centers de borde. Es una estrategia legítima, pero tiene un coste: cada vuelta de tuerca regulatoria reduce el incentivo a invertir en red propia y consolida un modelo en el que la incumbente subvenciona, de facto, el negocio de los rivales.
Mi lectura, después de cubrir varios ciclos de este pulso, es que Bruselas no va a dar la razón a los operadores alternativos en toda la línea. La Comisión sabe que necesita a Telefónica y a sus pares para cumplir los objetivos de la Década Digital 2030, y una regulación demasiado dura sobre los conductos chocaría frontalmente con ese discurso. Pero tampoco va a despachar la petición sin más. Lo razonable es que aparezca una solución intermedia: armonización europea de las condiciones de acceso, sí, pero con flexibilidad nacional y precios que reflejen el coste real de mantener la infraestructura.
El calendario apremia. Se espera que el primer borrador de la Digital Networks Act avance durante el segundo semestre de 2026, y la postura que adopte la Comisión sobre los conductos será uno de los termómetros más fiables para medir hacia dónde se inclina la balanza. Telefónica afronta esa cita con un balance saneado y una estrategia industrial recién renovada bajo el mando de Murtra, pero también con un activo regulatorio cada vez más cuestionado. Queda por ver si la operadora consigue convertir su red de canalizaciones en una palanca de negociación o si termina siendo, una vez más, el precio que la antigua monopolista paga por seguir siéndolo.
