Tennessee se ha convertido en el segundo estado de Estados Unidos en prohibir los cajeros automáticos de criptomonedas, una decisión que afecta directamente a miles de personas que usaban estas máquinas para comprar bitcoin con efectivo. La medida convierte en delito tanto operar como ser propietario de uno de estos dispositivos en el estado.
La noticia llega en un momento delicado para un sector que ha vivido años de regulación errática en Estados Unidos. Y abre un debate que va más allá de Tennessee: ¿son los cajeros cripto una herramienta útil para los no bancarizados o una vía cómoda para estafadores?
Qué ha aprobado Tennessee y a quién afecta
Según informa el medio especializado Decrypt, Tennessee ha criminalizado la operación y la propiedad de cajeros automáticos de Bitcoin y otras criptomonedas dentro del estado. Esto significa que las máquinas ya instaladas en gasolineras, tiendas de conveniencia o centros comerciales tendrán que retirarse, y que cualquier negocio que mantenga una expuesta al público se enfrenta a sanciones penales.
El estado se suma así a una corriente que comenzó hace pocos meses con otro precedente similar en EE.UU., y que sitúa a Tennessee como el segundo estado en aplicar una prohibición tan tajante. La diferencia con otras regulaciones es importante: aquí no se trata de imponer límites, registros obligatorios o controles antifraude más estrictos. Se trata directamente de cerrar el grifo.
Para entender la magnitud, conviene recordar qué es un cajero cripto. Funciona de forma parecida a un cajero bancario tradicional, pero en lugar de retirar dólares, el usuario introduce billetes y recibe a cambio bitcoin (u otra criptomoneda) en su monedero digital. Algunos también permiten la operación inversa: vender cripto y recibir efectivo. Estados Unidos concentra la mayoría de estas máquinas del mundo, con decenas de miles repartidas por todo el país.
Por qué se prohíben: estafas, mayores y un patrón repetido
La razón oficial detrás de la prohibición es la protección al consumidor. Las autoridades estadounidenses llevan años alertando de un patrón muy concreto: estafadores que contactan con víctimas (a menudo personas mayores), las convencen de que tienen una deuda pendiente con Hacienda o un familiar en apuros, y las dirigen a un cajero cripto para que ingresen efectivo y lo conviertan en bitcoin enviado a un monedero controlado por el delincuente.
Una vez que el dinero sale en forma de cripto, recuperarlo es prácticamente imposible. La FBI ha publicado informes recurrentes sobre este tipo de fraude, con pérdidas que se cuentan en cientos de millones de dólares al año en Estados Unidos. Para los reguladores estatales, los cajeros se han convertido en el eslabón débil: un punto físico donde el efectivo entra al ecosistema cripto sin apenas controles.
Eso sí, el sector tiene argumentos para defenderse. Los operadores señalan que los cajeros ofrecen acceso a personas sin cuenta bancaria, que las grandes plataformas como Coinbase o Kraken exigen verificaciones que no todo el mundo puede pasar, y que la mayoría de transacciones son legítimas. Dicho de otro modo: el problema no estaría en la máquina, sino en la educación financiera del usuario y en los protocolos antifraude.
Lo que dice este movimiento sobre la regulación cripto en EE.UU.
La decisión de Tennessee encaja en una fotografía más amplia y, francamente, contradictoria. A nivel federal, el discurso de los últimos dos años ha virado hacia una mayor apertura: se aprobaron los ETFs al contado de bitcoin a comienzos de 2024 (los fondos cotizados que permiten invertir en bitcoin desde una cuenta de bolsa tradicional, sin tocar la cripto directamente), llegaron después los de Ethereum, y la SEC ha suavizado parte de su cruzada judicial contra exchanges. En paralelo, sin embargo, los estados están legislando por su cuenta, y no siempre en la misma dirección.
El precedente más claro de esta fragmentación lo vimos con Nueva York hace años, cuando su BitLicense (la licencia obligatoria para operar con cripto en el estado) expulsó a buena parte de los proyectos pequeños del mercado neoyorquino. La lección es la misma de entonces: en EE.UU. no hay una regulación cripto, hay cincuenta. Y eso obliga a los operadores a hacer mapas estado por estado, con costes legales que solo las grandes empresas pueden asumir.
Aquí aparece la contradicción interesante. Si el objetivo es proteger a los consumidores vulnerables, prohibir los cajeros puede ser efectivo a corto plazo, pero también empuja a quienes los usaban hacia alternativas menos visibles: aplicaciones peer-to-peer, intercambios informales o, sencillamente, viajes al estado vecino. El riesgo se desplaza, no desaparece. Mientras tanto, los usuarios que utilizaban estos cajeros de forma legítima (pequeñas remesas, primer contacto con bitcoin, ahorros en efectivo de personas no bancarizadas) pierden una opción que les funcionaba.
La pregunta que queda abierta es si otros estados seguirán el camino de Tennessee en los próximos meses, o si se impondrá un modelo intermedio con licencias estrictas y límites por operación. La diferencia entre ambos enfoques no es menor: uno cierra el mercado, el otro lo formaliza. Y la respuesta probablemente la veremos antes del cierre del año legislativo, cuando varios estados tienen sobre la mesa propuestas similares.
