Cox Energy ha cerrado la compra de los activos de Iberdrola en México por 4.000 millones de dólares, una de las mayores operaciones energéticas firmadas por una empresa española en Latinoamérica. La transacción, anunciada hace meses y pendiente de los últimos visados regulatorios, ya tiene fecha de cierre efectivo y reordena el mapa de la generación eléctrica privada en el país norteamericano.
Cox Iberdrola México: cifras y perímetro de la operación
El acuerdo, que la propia Cox describió en su día como transformacional, abarca la cartera de generación que la utility vasca conservaba en México tras el desencaje regulatorio iniciado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Hablamos de gigavatios de capacidad instalada, mayoritariamente ciclos combinados de gas y algunos activos renovables, que ahora pasan a manos de un grupo cotizado en BME Growth con apenas dos años de historia en el parqué.
El precio se sitúa en torno a los 4.000 millones de dólares, según las cifras manejadas por las partes y recogidas por El Conciso. La estructura financiera combina deuda bancaria, financiación puente y la entrada de socios institucionales en el vehículo destinado a sostener los activos. No se han hecho públicos todos los nombres de los financiadores, aunque en el mercado se da por hecho que han participado entidades de banca de inversión estadounidenses y al menos un fondo soberano de Oriente Próximo.
Para Iberdrola, la salida de México cierra un capítulo iniciado con la llegada de López Obrador al poder y agudizado tras la aprobación de la reforma eléctrica de 2021. La compañía que preside Ignacio Sánchez Galán llevaba años desinvirtiendo de forma ordenada, primero con la venta parcial de 2023 al fondo soberano mexicano Mexico Infrastructure Partners y, ahora, con esta operación que pone el broche al desembarco.
Una apuesta arriesgada para Cox y un alivio contable para Iberdrola
¿Tiene Cox capacidad real para digerir una operación de este tamaño? Esa es la pregunta que sobrevuela el mercado desde que el acuerdo se filtró. La compañía liderada por Enrique Riquelme ha pasado en pocos años de ser una desarrolladora de renovables con presencia en España y Latinoamérica a convertirse, sobre el papel, en un operador integrado con miles de millones en activos bajo gestión. El salto es enorme y los analistas que cubren el valor en BME Growth llevan semanas revisando sus modelos.
La operación tiene sentido industrial. México sigue siendo un mercado deficitario en generación eléctrica, con una demanda creciente vinculada al nearshoring y a la relocalización industrial impulsada por la rivalidad comercial entre Estados Unidos y China. Quien controle capacidad firme en el norte del país tiene, en teoría, una posición privilegiada para los próximos años. Eso sí, el riesgo regulatorio no ha desaparecido: el Gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene la línea de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y los inversores privados saben que las reglas del juego pueden volver a cambiar.
Para Iberdrola, en cambio, la lectura es más sencilla. La utility libera capital para concentrarse en sus mercados estratégicos —Reino Unido, Estados Unidos, Brasil y la propia España— y mejora ratios de apalancamiento en un ciclo en el que las primas de riesgo del sector eléctrico siguen tensionadas. El impacto contable se conocerá con detalle cuando la compañía publique resultados del primer semestre, previsiblemente en julio.
Lo que esta compra dice del nuevo capitalismo energético español
Conviene mirar esta operación con perspectiva. Hace una década, una compañía española sin apenas historial bursátil no habría podido ni soñar con cerrar una compra de 4.000 millones de dólares a una multinacional como Iberdrola. Que hoy sí pueda hacerlo dice algo sobre cómo ha cambiado el ecosistema financiero del sector: la abundancia de liquidez en infraestructura energética, la entrada agresiva de fondos soberanos en activos cotizados y la voluntad de las grandes utilities de rotar carteras a velocidades impensables hace pocos años.
Hay, sin embargo, una contradicción que merece atención. Cox se construye a base de operaciones apalancadas en un momento en que los tipos de interés, aunque corregidos a la baja desde los máximos de 2024, siguen muy por encima de los niveles que hicieron posible la fiebre renovable de la pasada década. Su capacidad para servir esa deuda dependerá de los flujos generados por los activos mexicanos, y esos flujos dependen, a su vez, de un marco regulatorio que en México nunca ha sido del todo previsible. Personalmente, creo que el movimiento es defendible desde el punto de vista estratégico, pero el margen de error es estrecho.
El verdadero examen llegará con la primera tanda de resultados consolidados que incluya los activos mexicanos. Antes de fin de año sabremos si la integración avanza al ritmo prometido y si los números cuadran con la promesa hecha al mercado. Hasta entonces, el sector observará, los bonos de Cox cotizarán cada movimiento y los analistas afinarán sus estimaciones operación a operación, contrato a contrato, megavatio a megavatio.
