La brecha entre representantes políticos y electores vuelve a hacerse visible en uno de los debates más sensibles del momento: la vivienda. A pocos días de la votación del real decreto que amplía la duración de los contratos de alquiler y limita la subida anual al 2%, las encuestas dibujan un escenario incómodo para la derecha parlamentaria.
Mientras Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal se preparan para tumbar la medida en el Congreso junto a Junts, una mayoría significativa de sus propios votantes se muestra favorable a la prórroga. El último estudio, elaborado por el Ateneo del Dato para el grupo europeo The Left y hecho público el 20 de abril, es contundente: el 73,6% de la población respalda el decreto.
El apoyo es especialmente alto entre votantes de Sumar (91%) y del PSOE (81%), pero la clave está en el electorado conservador. Según esta encuesta, el 65% de quienes votan al PP y el 60% de los de Vox también apoyan la medida. No solo eso: el 36% de los electores de Vox reconoce que esta cuestión podría hacerle cambiar su voto, una duda que comparte el 32% de los votantes ‘populares‘.
Estos datos refuerzan una tendencia que ya apuntaba una encuesta previa publicada por El Mundo y realizada por Sigma Dos. En aquel sondeo, aunque con cifras más bajas, ya se detectaba que el 28,6% de los simpatizantes del PP y el 25% de los de Vox apoyaban la iniciativa impulsada por Sumar. Dos semanas de debate público, movilización social y presión política parecen haber inclinado aún más la balanza.
El contraste es evidente: mientras una mayoría social —transversal ideológicamente— avala la intervención para contener los precios del alquiler, los principales partidos de la derecha se alinean para bloquearla en el Parlamento.
La votación, prevista para el 28 de abril, se ha convertido así en un pulso no solo político, sino también entre representantes y representados. En este contexto, la campaña impulsada por organizaciones sociales y partidos favorables al decreto se ha intensificado.
Ventana de oportunidad
La Confederación de Sindicatos de Inquilinos ha desplegado una estrategia de movilización en todo el país con asambleas, piquetes informativos y acciones directas para informar a los potenciales beneficiarios, que pueden descargar un modelo de burofax diseñado por el Ministerio de Consumo para solicitar que se aplique la prórroga.
El objetivo es claro: que los inquilinos ejerzan su derecho antes de que el Congreso decida el futuro de la norma. Según estos colectivos, alrededor de 2,7 millones de personas podrían acogerse a esta prórroga extraordinaria. La medida, aprobada mediante el Real Decreto-ley 8/2026 y vigente desde el 22 de marzo, permite extender los contratos de alquiler hasta dos años adicionales para aquellos que finalicen entre esa fecha y el 31 de diciembre de 2027.
Además, establece un límite del 2% en la actualización anual de la renta durante ese periodo. El impacto potencial es considerable. Estimaciones de Sumar apuntan a que, sin esta intervención, el precio del alquiler podría aumentar cerca de un 50% en muchos casos, lo que supondría una diferencia de hasta 4.000 euros anuales en comparación entre 2021 y 2026.
En un contexto en el que el acceso a la vivienda se ha consolidado como el principal problema para amplias capas de la población, según el CIS, la medida busca ofrecer un alivio inmediato y frenar la escalada de precios. Desde el movimiento por la vivienda insisten en que, independientemente de lo que ocurra en el Congreso, existe una ventana de oportunidad. La clave está en que los inquilinos soliciten la prórroga antes del 28 de abril, mientras el decreto sigue en vigor. Si lo hacen correctamente —mediante comunicación formal al arrendador—, la extensión del contrato será válida incluso si la norma decae posteriormente.
