El Boletín Oficial del Estado ha oficializado este mes de junio la eliminación de arcenes en las carreteras estatales para construir carriles bici segregados, una medida que ya llevaba en vigor desde octubre de 2025 pero que ahora adquiere plena relevancia al publicarse en el BOE. La decisión, enmarcada en la Estrategia Estatal por la Bicicleta y la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, abre un nuevo abanico de oportunidades de inversión para empresas constructoras y de ingeniería civil que miren hacia la movilidad sostenible.
Qué dice exactamente la normativa del BOE
La nueva ordenanza permite suprimir total o parcialmente los arcenes de las vías estatales para habilitar carriles bici segregados, siempre que no se ponga en riesgo la seguridad vial, no se perjudique el funcionamiento de la carretera y se garantice la continuidad de las rutas ciclistas existentes. De esta forma, se busca crear una red ciclista continua, segura y conectada en todo el territorio.
La medida se justifica por la elevada siniestralidad: en 2024, 46 ciclistas murieron en accidentes de tráfico en vías interurbanas y urbanas, y el 90% de los fallecimientos en bicicleta son causados por vehículos motorizados, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). Actualmente, los ciclistas deben circular por el arcén siempre que exista y sea transitable, una situación que los expone a adelantamientos peligrosos.
La normativa recuerda además las obligaciones de los ciclistas: circular lo más pegados al borde derecho, en grupos de máximo dos en paralelo, y en hilera cuando haya aglomeraciones. La gran novedad es que ahora el Estado podrá prescindir del arcén para ganar espacio destinado exclusivamente a las bicicletas.
El negocio que se abre para las constructoras
Esta decisión regulatoria dispara las expectativas en el sector de la construcción y la obra civil. La creación de itinerarios ciclistas segregados exigirá proyectos de adaptación de firmes, señalización, pasarelas y conexiones interurbanas que, según fuentes del sector, podrían movilizar varios cientos de millones de euros en los próximos años. Las empresas con experiencia en infraestructuras viarias y movilidad sostenible parten con ventaja para adjudicarse estos contratos públicos.
Además, la Estrategia Estatal por la Bicicleta prevé que la red ciclista se financie con con fondos europeos vinculados a la transición ecológica, lo que añade certidumbre a la cartera de obra pública. Compañías como ACS, Ferrovial o Sacyr, que ya han ejecutado tramos de vías verdes y carriles bici en entornos urbanos, podrían ampliar su presencia en proyectos interurbanos.
La supresión del arcén es una apuesta estratégica por la bicicleta como transporte interurbano, que moverá millones en contratación pública de obra civil.
El debate entre seguridad vial y pérdida de espacio para el tráfico motorizado
No obstante, la eliminación del arcén no está exenta de polémica. Las asociaciones de conductores advierten de que suprimir el espacio de emergencia reduce la capacidad de reacción ante averías o accidentes. La DGT asegura que solo se autorizará la supresión cuando quede garantizada la seguridad, pero el equilibrio entre proteger al ciclista y no estrangular el tráfico será el verdadero examen de la medida.
Desde el punto de vista empresarial, el reto radica en diseñar soluciones que integren ambos modos de transporte sin conflictos. Las ingenierías ya están trabajando en sistemas de separación con balizas o barreras físicas que permitan carriles bici seguros sin eliminar completamente el arcén. Esta podría ser la clave para que la normativa convenza a todos los actores.
La apuesta por la bicicleta como transporte interurbano es ambiciosa, pero necesitará de un seguimiento riguroso. Si los carriles bici se construyen de forma inconexa, la inversión perderá eficacia. La industria tiene ante sí una oportunidad histórica para modernizar la red viaria con criterios de sostenibilidad, siempre que sepa conjugar la seguridad de los ciclistas con la funcionalidad de las carreteras.
