El escándalo del concurso del agua de San Javier toca a su fin con un fuerte revés para los intereses de su alcalde, el ‘popular’ José Miguel Luengo Gallego. El Tribunal Administrativo Central ha sentenciado no solo la adjudicación de 247 millones de euros a Aqualia, sino que ordena la repetición de la misma al encontrarse diversas irregularidades, según ha podido conocer MERCA2. La Fiscalía de Cartagena, por su parte, indaga aún sobre el asunto debido a las posibles consecuencias penales en los que se habría podido incurrir por parte del Ayuntamiento.
El de San Javier (Murcia) es uno de los concursos de alcantarillado y gestión del agua más importantes de España. No solo por el montante económico, de casi el 20% del Presupuesto municipal, sino también por el interés suscitado durante los últimos meses. En concreto, hubiera costado cerca de 12,35 millones de euros al año a los conciudadanos del municipio en caso de no interponer recurso alguno.
No obstante, hubo empresas que miraron con lupa todas las puntuaciones del concurso ideado por Ingeagua, una consultora externa y afianzada en el sector, con el beneplácito de Luengo Gallego, a la postre presidente de la mesa de contratación. Aqualia, invitada al concurso público, según señalaron las mismas fuentes, fue la ganadora. Pero, lo que iba a ser un camino de rosas se ha convertido en una pesadilla para Luengo Gallego, la consultora y también para la propia vencedora.
EL GRAN TRIUNFO EN SAN JAVIER FRENTE A LA OPACIDAD
El recurso de una de las licitadoras no solo pedía la nulidad en la adjudicación, que hubiera podido derivar en una nueva calificación de los proyectos entregados, sino que requirió al juez la repetición del concurso desde su inicio. Es decir, empezar de cero, incluyendo la contratación de Ïngeagua para su elaboración. Esta victoria de una de las oferentes pone en evidencia una serie de presuntas irregularidades y valoraciones subjetivas que distan de la realidad.
se declara la nulidad del acto impugnado y la de todo el procedimiento de contratación, de acuerdo con lo declarado en su fundamento jurídico sexto
La compañía ha defendido sus propios intereses con un éxito apabullante, dado que FCC Aqualia es una de las principales concesionarias del agua en España. La compañía sospechó que el concurso no era limpio, como mandan los cánones, y presentó un recurso ante las notas y calificaciones chirriantes concedidas.
INGEAGUA TAN SOLO COBRÓ 18.029 € POR DOS AÑOS DE TRABAJO
En el escrito aceptado por el juez se pone de manifiesto la trama para adjudicar el megaconcurso de San Javier a Aqualia a través de Ingeagua, que tan solo cobró 18.029 euros, con IVA incluido, para preparar la adjudicación. Se trata de un contrato de «adjudicación directa» y una cantidad demasiado modesta para el valor total del concurso, cifrado en más de 224 millones sin IVA.
Luengo Gallego no buscó ni dio oportunidad alguna de presentarse a otras consultoras del sector, según señala el recurso al que ha tenido acceso en exclusiva este medio.
La recurrente solicitó al Ayuntamiento este contrato hasta en dos ocasiones, sin éxito. El objetivo era conocer su alcance y los servicios que incluía al desconocerse en qué consisten esos «servicios legales» por los que resultó adjudicataria. Todo un revés que el Tribunal Administrativo Central da por bueno en su escrito. El Ayuntamiento no ha publicado dicha adjudicación a Ingeagua ni tampoco ha permitido su acceso, desconociéndose así su contenido.
No obstante, según los pliegos del concurso de San Javier, Ingeagua asesoró en la redacción de los pliegos, la posterior evaluación de las ofertas presentadas y su valoración final. De esta forma, la consultora ayudó en el diseño antes de su convocatoria oficial, a redactar las condiciones y requisitos a los que debían ajustarse las empresas y a fijar el sistema de valoración. En la primera valoración subjetiva, Ingeagua aplicó sus criterios, con una puntuación máxima de 49 puntos -los obtenidos finalmente por Aqualia- sin que el Ayuntamiento realizara un análisis posterior ni una valoración propia. Es decir, el Consistorio comandado por Luengo Gallego iba a abonar 247 millones de euros sin haber estudiado detenidamente todo el procedimiento, dejando a Ingeagua actuar con su propio criterio.
LA NOTA SUBJETIVA Y UN MEMBRETE PÚBLICO DESATAN LAS ALARMAS
Con estos criterios, Ingeagua estudió las ocho ofertas presentadas en San Javier. La apertura de sobres se inició el 28 de febrero, con la habitual comprobación de la documentación administrativa; una semana después, el 7 de marzo, se abrió el sobre con la «oferta técnica evaluable mediante un juicio de valor».
No es hasta el 2 de mayo cuando comienzan a generarse todas las dudas del concurso. Ese día se dan a conocer dos documentos esenciales. El primero de ellos, firmado por Ingeagua, lleva el sello del Ayuntamiento de San Javier, sin que hubiera habido participación alguna por parte de algún funcionario del Consistorio. Se desconoce el motivo de este membrete y Luengo Gallego no ha dado explicaciones al respecto.
En este informe privado, a pesar de llevar el escudo de San Javier, se da a conocer las puntuaciones subjetivas de las ofertas, siendo Aqualia quien se lleva el gato al agua con la máxima nota, 49 puntos de 49 posibles. Hidrogea se queda a tan solo cuatro puntos, una distancia insalvable tal y como estaba diseñado el concurso y su más que curiosa fórmula matemática, como se explicó en MERCA2.
SAN JAVIER AVALA A INGEAGUA CON UN BREVE TEXTO
Tras darse a conocer estas notas, el Ayuntamiento avaló el trabajo y la evaluación de Ingeagua con un breve informe de apenas dos páginas. «Por parte de los técnicos que suscriben, se ha procedido a contrastar las valoraciones que constan en el informe de Ingeagua con los proyectos de los licitadores en cada uno de los criterios valorados, constatando la coherencia entre la valoración dada a cada uno de dichos criterios con el desarrollo que cada licitador realiza en su oferta», apuntan.
En el mismo escrito se señala a continuación: «Con todo lo anterior, las valoraciones son coherentes con los proyectos presentados por los licitadores en sus ofertas». Esta escueta explicación desata todas las alarmas en las recurrentes al no encontrar ningún análisis exhaustivo que confirme las notas dadas por Ingeagua a Aqualia. Es más, tampoco se ha realizado un análisis en profundidad de las notas.
LOS TÉCNICOS DE SAN JAVIER TARDARON APENAS UNAS HORAS EN CORROBORAR EL INFORME DE INGEAGUA
Y es que, el informe de Ingeagua y el del Consistorio tienen la misma fecha. Los técnicos tuvieron que leer centenares de folios de los proyectos, así como entender cada uno de los criterios a la perfección y sin mayores problemas, a pesar de tener que pedir ayuda a una consultora externa para montar toda la licitación al carecer de los conocimientos necesarios. En el propio recurso se pone de manifiesto este hecho.
«Se supone que en apenas unas horas, el jefe de Sección de Servicios Múltiples y el jefe de Negociado de Contratación del Ayuntamiento tuvieron tiempo suficiente para analizar el informe de Ingeagua con detenimiento, contrastarlo con las ochos ofertas y determinar criterio por criterio -son trece los utilizados en este caso- que todas las notas dadas por Ingeagua eran correctas y no había nada más que añadir», apostilla el recurso. Por este motivo, quizá, el Ayuntamiento de Luengo Gallego esté más interesado en ocultar el expediente que hacerlo público.
Un día más tarde, el 3 de mayo, la mesa de contratación, presidida por el alcalde ‘popular’, aceptó los dos informes por «unanimidad» sin realizar ningún tipo de análisis propio o a cargo de un tercero. No hubo ni una sola contrariedad o duda a resolver. Lo que traía Ingeagua era lo que valía, sin matiz propio.
LAS PRISAS DEL AYUNTAMIENTO POR DAR EL SÍ A LOS INFORMES
FCC Aqualia no ganó en los criterios objetivos, lo hizo Aguas de San Javier, con una puntuación de 47,67 puntos, según se atestigua en el recurso presentado. Pero ya podría ser una nota sensiblemente mejor que la filial de la constructora de Carlos Slim, la fórmula utilizada impedía que la segunda en los criterios subjetivos pudiera hacerse con el concurso.
No parece plausible que todo este ejercicio de valoración y contraste por parte del Ayuntamiento, que si se hubiera hecho con el más mínimo rigor y detenimiento habría requerido semanas, pueda completarse en ese periodo de tiempo tan corto, de apenas unas horas
De todo ello, se extrae que el Ayuntamiento de Luengo Gallego como la mesa de contratación, presidida también por el alcalde de San Javier, se apresuraron para exponer sus conclusiones finales, realizando nada más que un informe superficial. Y es que, los documentos presentados por las empresas constaban de más de 1.600 folios en su conjunto. Solo leerlos hubiera supuesto un trabajo de días, pero los dos responsables del Consistorio lograron analizarlos, compararlos con el informe de Ingeagua y no encontraron ni una sola laguna o matiz.
LUENGO GALLEGO Y SUS ANÁLISIS EN MENOS DE 24 HORAS
«No parece plausible que todo este ejercicio de valoración y contraste por parte del Ayuntamiento, que si se hubiera hecho con el más mínimo rigor y detenimiento habría requerido semanas, pueda completarse en ese periodo de tiempo tan corto, de apenas unas horas», remacha el recurso.
Aún así, en caso de que hubiera superdotados, con una capacidad de lectura y análisis asombrosa, la valoración del Ayuntamiento y de la mesa de contratación «es absolutamente insuficiente y resulta contraria a las exigencias» de la normativa de licitaciones públicas.
Y es que, no es ilegal recurrir a empresas externas, como en este caso a Ingeagua, pero sí lo es en caso de que el Consistorio no realice una comprobación y valoración propias de los informes. «La mesa de contratación ejercerá, entre otras funciones, de valoración de las proposiciones de las licitadoras», señala la normativa.
En este sentido, el Ayuntamiento de Luengo Gallego no expone las razones por las que asume como propio el informe de Ingeagua. Tan solo se limita a decir que le parece «coherente», mientras la mesa de contratación se limita a adherirse al mismo, como si de un manifiesto se tratara. Todo ello pone en serias dudas que Luengo Gallego haya llevado a cabo la labor debida. En el recurso se indica que no parece que se haya realizado análisis alguno, y de haberse hecho, éste sería «apresurado y superficial».
Sin la valoración propia e indelegable de los criterios subjetivos, «el concurso debe ser anulado», destaca el recurso. Un hecho al que el Tribunal da la razón al «no realizarse un análisis con la debida objetividad e imparcialidad» que deben garantizar los representantes de la mesa de contratación, presidida por el número dos del PP de Murcia.
Asimismo, también se arrojan numerosas sombras por la calificación de Ingeagua. Entre ellas, la falta de explicaciones de la consultora con sede en Málaga a las puntuaciones otorgadas. No hay un resumen o puntos concretos, a pesar de que la normativa vigente así lo requiere. Pero la mesa de contratación lo da por bueno, sin más, para otorgar a FCC Aqualia este concurso. De hecho, el recurrente pone de manifiesto la abundante jurisprudencia al respecto.
A modo de ejemplo, se explica en el recurso uno de los criterios subjetivos, en concreto el de sistemas de información geográfica, cuya asignación era de cuatro puntos. «Ingeagua se limita a otorgar las puntuaciones que estima oportunas, sin más explicación», apunta el escrito. En este sentido, la consultora puntúa la oferta de la recurrente con un escueto «regular» en vez de una propuesta «muy buena» o «buena», como era lo esperado en un concurso con 247 millones de euros en juego.
No hay explicación alguna sobre los criterios seguidos para alcanzar una puntuación inferior a la ganadora. «No se dice ni someramente qué le falta a la oferta para conseguir una mejor puntuación ni tampoco se muestra que han ofrecido el resto de licitadores para obtener una nota superior», señala el recurso. «No hay forma de saberlo», apostilla. Y es que, a pesar de ser criterios subjetivos debe haber una jerarquía en la puntuación.
Para evitarlo, el Ayuntamiento de San Javier, en manos de Luengo Gallego, e Ingeagua han tratado de escudarse en una supuesta confidencialidad, que abarcaría a todo el expediente. Es decir, todos los análisis y ofertas son opacos para todos los licitadores.
Según Ingeagua, todas las empresas han manifiestado el derecho de confidencialidad en lo que respecta a la difusión de las informaciones y documentos de la oferta. De esta forma, evitó dar explicaciones y especificaciones a la hora de mostrar los criterios ante el riesgo de desvelar información confidencial. «El razonamiento técnico que justifica la valoración otorgada a cada empresa ofertante, contiene información específica declarada como confidencial en los proyectos de gestión presentados, enumerando y describiendo la definición de servicios, dotación de equipos propuestos, características y organización… Su difusión violaría el derecho de confidencialidad», apunta.
No obstante, la consultora sí dio explicaciones en algunos criterios subjetivos en varias de las ofertas, mostrando así una doble y sospechosa vara de medir. «Si se puede hacer con algunas, se puede hacer con todos», afirmó la recurrente.
Con todas estas acciones, la empresa exigió anular todo el procedimiento y requerir una nueva licitación. Eso sí, se espera que Ingeagua no participe en el mismo, aunque eso dependerá de nuevo de Luengo Gallego, siempre y cuando no dimita por este bochornoso caso.
UN IMPECABLE RECURSO PARA UNA ANULACIÓN
De hecho, el Tribunal ha inadmitido algunos de los recursos presentados ante la resolución y requerimiento del pasado 14 de diciembre, por la que «se declara la nulidad del acto impugnado y la de todo el procedimiento de contratación».
El juez ya aseguró que el análisis de los motivos que fundamentan la interposición de los citados recursos puso de manifiesto que los perjuicios que podrían derivarse del levantamiento de la suspensión son de difícil o imposible reparación, pero ha dado un paso más al anular el concurso de gestión de agua, un hecho pocas veces visto en este tipo de licitaciones.
LOS ERRORES EN EL EXPEDIENTE Y EL SILENCIO DE LUENGO EN SAN JAVIER
Según ha podido constatar este medio, los errores en el expediente de adjudicación en la plataforma de contratación pública impiden visualizar toda la licitación. En el portal de transparencia del Consistorio de San Javier tampoco aparece ningún documento sobre este revés judicial, a pesar de que así lo corroboran diversas fuentes.
A pesar de los esfuerzos de Luengo Gallego de ocultar esta sentencia judicial, este varapalo se ha convertido en la comidilla del municipio murciano y deja en una situación muy comprometida al alcalde.
Y es que, han sido meses de lucha, con una opacidad más que manifiesta por parte del Consistorio de San Javier. Luengo Gallego se ha negado por activa y por pasiva a facilitar el expediente íntegro del concurso, a pesar de tener un ganador claro, con una nota más que sospechosa. Varias empresas ofertantes pidieron tener el expediente, pero el alcalde de la localidad ha puesto todo tipo de impedimentos.
FCC Aqualia ganó el concurso con la mejor nota posible en los criterios de tipo ambiental, innovación tecnológica y organización en la gestión y explotación del servicio. 49 puntos de 49 posibles. La UTE de Acciona obtuvo 35,75 puntos; mientras que Global Omnium alcanzó los 37,75; Hidrogea, 44; y Aguas de San Javier, con 35. El resto de empresas en la pugna obtuvieron una puntuación inferior a los 27,5 puntos, como Facsa, Socamex y Sacyr, con prácticamente la mitad que FCC Aqualia.
El concurso se realizó por Ingeagua, que invitó a la compañía controlada por el magnate mexicano Carlos Slim. La misma gestora del concurso público fue la encargada de valorar las ofertas y conceder la adjudicación, juez y parte del proceso, que algunas fuentes apuntan que se ha hecho a medida para la empresa.
CRÍTICAS A LUENGO GALLEGO, NÚMERO DOS DEL PP DE MURCIA
Las críticas por su opaca gestión derivaron en una honda preocupación en los grupos de la oposición, especialmente en Pleamar, quien llevó ante Fiscalía el concurso público. Esta práctica hizo sospechar sobre la imparcialidad y transparencia en la adjudicación del contrato a la filial de FCC, a pesar de la que la normativa es muy clara a la hora de dar información pública. El objetivo de estas compañías no era otro que ampliar y reforzar su tesis de que el concurso nunca debió darse a Aqualia.
En este mismo expediente debía incluirse la propuesta completa presentada por la sociedad adjudicataria FCC Aqualia en todo lo que no ha sido declarado expresamente como confidencial. La realidad es que había mucho que ocultar. Tal es la situación en San Javier que el Consistorio no ha dado a conocer este revés a la opinión pública. No consta, hasta la hora de realizar este artículo, ningún documento sobre la sentencia judicial, como tampoco ningún otro documento con el membrete del Consistorio que así lo indique.
Todo ello, a pesar de que Luengo Gallego tiene constancia de este revés desde el pasado 14 de diciembre. El silencio del hasta ahora número dos del PP de Murcia ha hecho un ruido ensordecedor entre las paredes del Consistorio, más cuando trata de aprobar los Presupuestos justo antes de Navidad. Este último pleno del año, que tendrá lugar este mismo jueves, podría hacer que se le atraganten las uvas al ‘popular’.
EL ESCÁNDALO DE SAN JAVIER Y UN REQUERIMIENTO CLAVE
El escándalo de San Javier saltó a la palestra a principios de mayo, justo antes de las elecciones autonómicas y municipales. El equipo municipal tenía prisa por atar el concurso antes de los comicios, pero no se esperaba la respuesta empresarial. Por norma, las empresas que pierden suelen dejar las cosas como están, sin meterse en el embrollo judicial. No obstante, las empresas ofertantes que no pasaron el corte no se dieron por vencidas. La primera dio en el clavo, la segunda llegó tarde ante el requerimiento de la primera.
Luengo Gallego no dio nunca las oportunas explicaciones sobre este concurso, hasta el punto de abroncar a la oposición por exigirlo. La única vez que se refirió fue para facilitar la licitación del concurso, una documentación pública y una tomadura de pelo para la formación liderada por Antonio Javier López-Alemán, quien recopiló toda la información publicada para presentarla ante la Fiscalía, si bien ha lamentado que ningún partido de la oposición con concejales en San Javier alzó la voz sobre este escándalo. El PSOE dio la callada por respuesta.
UN ESCÁNDALO CON CONFLICTO DE INTERÉS
Para aderezar aún más el escándalo, los conflictos de interés florecieron con el oscuro proceso de licitación de la gestión del agua potable y alcantarillado de la localidad murciana de San Javier. El más reciente apunta directamente a lo alto del Consistorio, ya que implicó directamente al alcalde del municipio José Miguel Luengo Gallego (PP).
Según ha podido confirmar este medio, el actual alcalde había trabajado como ingeniero en el principal contratista de obras propuesto por la empresa que el ayuntamiento ha escogido como ganadora del concurso, Aqualia.
Si esto por sí solo ya debería haber hecho saltar todas las alarmas, no se queda aquí: Luengo Gallego ha tenido un papel clave en decantar la balanza en favor de la filial de FCC al ser el presidente de la mesa de contratación del servicio de agua que ha dado luz verde al proyecto para que se lleve la jugosa licitación de más de 247 millones de euros. ¿Será Luengo Gallego o su sustituto quien debe realizar el nuevo concurso? Desde la oposición tienen claro que el alcalde debería dimitir ante estos hechos.
UN JUICIO POR AMENAZAS EN PLENO ESCÁNDALO DEL AGUA
Al escándalo del concurso del agua, se sumó un juicio por amenazas al actual presidente de Pleamar, partido de la oposición y que obtuvo la entrada en el Pleno con dos concejales en los pasados comicios municipales tras denunciar las presuntas irregularidades en la licitación del agua.
José Miguel Luengo fue denunciado por Manuel Reyes, entonces integrante de Pleamar por San Javier, un pequeño pero combativo partido que ha puesto la lupa sobre esa escandalosa adjudicación. Por aquel entonces, Reyes era el número tres de la formación y su campaña se centró no sólo en el concurso, sino también en indagar y depurar responsabilidades.
«No podíamos quedarnos de brazos cruzados», afirman fuentes de la formación a este medio. De hecho, Pleamar dio un ultimátum a los ‘populares’ para dar razones y argumentos a las informaciones publicadas por MERCA2. No obstante, Luengo Gallego calló antes y amenazó después.
