El polémico concurso de la concesión del agua y alcantarillado de San Javier ha sido suspendido cautelarmente tras la presentación de una batería de recursos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
Se trata de una de las mayores adjudicaciones en España, con 247 millones de euros, que el Ayuntamiento murciano de San Javier adjudicó a Aqualia. La concesión contiene presuntamente numerosas irregularidades e incluso la Fiscalía Provincial de Cartagena vio «indicios de criminalidad» tras la denuncia del partido político Pleamar.
«Al haberse interpuesto los recursos contra la adjudicación, tal interposición produce la suspensión automática de la tramitación del expediente de contratación», ha indicado la secretaria del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
CINCO DÍAS PARA DECIDIR SOBRE LA SUSPENSIÓN
«El análisis de los motivos que fundamentan la interposición de los citados recursos pone de manifiesto que los perjuicios que podrían derivarse del levantamiento de la suspensión son de difícil o imposible reparación, por lo que procede acordar el mantenimiento», ha indicado. La decisión no es firme, ya que se abre ahora un plazo de cinco días para la presentación de alegaciones por parte de las partes afectadas.
El Consistorio hubiera hipotecado el 20% de su Presupuesto anual durante veinte años para sufragar el coste de esta adjudicación a la filial de FCC. El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, se opuso hasta en tres ocasiones a firmar el concurso tras la investigación de la Fiscalía, pero antes aseguró que no había habido problema alguno. De hecho, el número dos de Fernando López Miras, presidente de Murcia, estaba contra las cuerdas tras la denuncia de Pleamar ante Fiscalía.
AQUALIA BARRIÓ EN LAS NOTAS DE SAN JAVIER
Aqualia barrió en las notas técnicas del concurso público, con una puntuación máxima otorgada por Ingeagua, empresa contratada por el Ayuntamiento de San Javier para realizar la valoración. No obstante, esta nota se realizó siguiendo criterios de adjudicación mediante juicio de valor, es decir, un análisis subjetivo de cada una de las ofertas presentadas pero sin mostrar los motivos por los cuales se otorgó la mejor puntuación posible.
En este caso, Aqualia se llevó los 49 puntos de 49 posibles, una oferta perfecta. El segundo oferente obtuvo 44 puntos, cinco menos. La diferencia puede ser entendida como ínfima, pero esos cinco puntos muestran una brecha prácticamente imposible de superar independientemente de la nota técnica a tenor de la fórmula utilizada por Ingeagua.
Cabe recordar que Ingeagua invitó a Aqualia a este concurso, una acción habitual en este tipo de contratos. No obstante, no todos habrían jugado con las mismas cartas, a tenor del durísimo escrito de Fiscalía, que ha dirigido la investigación también hacia Aqualia, al exigirle el contrato con Ingeagua.
De hecho, con esta brecha de apenas cinco puntos, Aqualia tenía asegurada la adjudicación. Era su gran ventaja e imposible de superar incluso mejorando la oferta económica temeraria de la filial de la constructora controlada por Carlos Slim. En este caso, el límite máximo se estableció en 65 millones de euros, mientras que Aqualia presentó una oferta por 80,7 millones de euros, un 24% por encima de los baremos máximos.
SAN JAVIER, UN ESCÁNDALO EN PLENA CAMPAÑA
El concurso en sí está ahora bajo la lupa de la Fiscalía a raíz de una denuncia de Pleamar San Javier, un partido de la oposición y sin representación municipal en aquel momento. El escándalo estalló en plena campaña municipal del pasado 28 de mayo y la formación realizó un informe con los datos del Consistorio y del concurso para conocer si había posibles indicios de delito.
Se trata de un informe público y que se presentó como un ultimátum al Consistorio, que prefirió guardar un silencio sepulcral para no dar nuevas pistas sobre el concurso público. El ‘popular’ José Miguel Luengo mantiene desde entonces su silencio, pero también se empeña en aprobar la adjudicación lo antes posible, según dio a conocer MERCA2.
Según ha podido confirmar este medio, el actual alcalde había trabajado como ingeniero en el principal contratista de obras propuesto por la empresa que el ayuntamiento ha escogido como ganadora del concurso, Aqualia. Si esto por sí solo ya debería haber hecho saltar todas las alarmas, no se queda aquí: Luengo Gallego ha tenido un papel clave en decantar la balanza en favor de la filial de FCC ya que es el presidente de la mesa de contratación del servicio de agua que ha dado luz verde al proyecto para que se lleve la jugosa licitación de más de 247 millones de euros.
