El pasado viernes 6 de octubre, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) reclamó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y al Gobierno que exija «máxima transparencia» a las comercializadoras eléctricas en la factura de la luz. El motivo es que la agrupación ha detectado que las compañías han cuadruplicado el margen de comercialización en la parte fija, por lo que, en consecuencia, piden a Competencia y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que actúen «para evitar engaños a los usuarios».
Dentro de la factura eléctrica PCPC (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor) del mercado eléctrico regulado se incluyen diversos conceptos: en primer lugar, el coste de producción de energía eléctrica, que se determina con base en el precio horario del mercado; los peajes de acceso a la red y los cargos; y, por último, el coste de comercialización, que incluye los costes de explotación y una retribución por el ejercicio de la actividad. La facturación se estructura en un término de potencia y en un término de energía, integrando los parámetros mencionados.
En dos años, las comercializadoras han multiplicado por cuatro el margen que cargan por cada kilovatio, subiendo de los 24,40 euros a 83,10 euros al año de media para un hogar con 4,6 kilovatios contratados
En el documento no se incluyen servicios adicionales, ni producto o servicio energético alguno ofrecido por la comercializadora. La facturación a PVPC se efectúa sobre las lecturas reales que el distribuidor pone a disposición del comercializador.
Según datos de OCU, en dos años, las comercializadoras eléctricas del mercado libre han multiplicado por cuatro el margen que cargan por cada kilovatio (kW) de potencia contratada, subiendo de los 24,40 euros a 83,10 euros al año de media para un hogar con 4,6 kW contratados.
FACTURA CON TÉRMINOS OPACOS
En concreto, señaló que la estrategia comercial utilizada por las compañías consiste en subir la parte fija de las facturas eléctricas y anunciar precios más atractivos por la energía consumida, lo que hace creer a los usuarios que están ahorrando en su recibo de electricidad, «cuando realmente no están rebajando su factura o al menos no en el grado que pensaban».
Para OCU, este incremento del precio de la potencia contratada en lugar de hacerlo sobre el kWh consumido es «engañoso para los consumidores, ya que, las comercializadoras aprovechan que la parte fija de la factura es menos conocida, ya que el importe era habitualmente el mismo en todas las compañías».
esta estrategia busca también asegurar unos ingresos fijos por cliente a las compañías y desincentiva que los usuarios reduzcan su consumo de la red
Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)
Igualmente, denuncia que esta estrategia busca también asegurar unos ingresos fijos por cliente a las compañías y «desincentiva que los usuarios reduzcan su consumo de la red, ya sea con medidas de eficiencia o con la instalación de paneles solares».
Por ello, OCU demanda a la CNMC y al Ministerio que exijan a las comercializadoras «la máxima transparencia, con tarifas sencillas y comprensibles», sin recargos al término fijo de la tarifa y que, si lo hacen, sea con «la máxima claridad posible», así como una publicidad que otorgue la misma visibilidad para todos los componentes -término fijo, variable, financiación del bono social o cualquier otra cuota mensual que apliquen, y que todas las comercializadoras los expresen en la misma unidad de medida (por día, por mes o por año).
La falta de claridad en la facturación no es la única controversia a la que han tenido que enfrentarse las energéticas en tiempos recientes. A mediados de septiembre, la CNMC realizó una investigación que desvelaba deficiencias en la atención al cliente de las principales comercializadoras de electricidad y gas. El regulador detectó opacidad en la contratación telefónica, además de la imposibilidad de contratar íntegramente por internet la tarifa regulada. Estas irregularidades, según informó en un comunicado, llevaron al organismo a reclamar cambios normativos para obligar a las empresas a facilitar a los consumidores un contrato totalmente online y a grabar las llamadas comerciales.
