El Parlamento de Venezuela aprobó por unanimidad una reforma eléctrica que abre la generación al capital privado extranjero con concesiones de hasta 25 años y reabre la puerta a energéticas españolas con intereses históricos en el país, como Repsol y Naturgy.
La votación llegó después de tres aplazamientos del debate definitivo y se suma a otras modificaciones del marco legal venezolano dirigidas a abrir sectores estratégicos a la inversión extranjera. El texto se aprueba, además, en plena apertura petrolera, con la que Caracas busca recomponer la producción del país.
Qué permite la nueva ley: 25 años, arbitraje y umbral de 50 megavatios
La nueva Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico establece que la actividad de generación ‘será ejercida por la empresa operadora del Estado, así como por empresas mixtas y privadas que cuenten con la habilitación correspondiente’. Las concesiones podrán otorgarse por un plazo máximo de 25 años.
El permiso lo concede el Ministerio de Energía Eléctrica cuando la generación supere los 50 megavatios o cuando involucre bienes de dominio público, sistemas de transmisión troncal, distribución y comercialización en áreas de servicio exclusivo o sistemas integrados de escala regional. No es una puerta abierta a cualquier proyecto: es una puerta con umbral.
El punto que más mira el inversor institucional está al final del contrato. Concluida la habilitación, la compañía deberá restituir y transferir a la estatal Corpoelec, ‘o a quien se designe, libres de gravámenes’, todos los bienes incorporados, construidos o adquiridos durante su vigencia. La reversión de activos queda, por tanto, inscrita en el texto.
Para las controversias, la norma abre la puerta a los tribunales venezolanos o a ‘mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitraje’. Ese segundo carril es el que permite estructurar la inversión extranjera con cobertura jurídica fuera del país.
La reforma abre la generación, pero el activo vuelve al Estado al final de la concesión: el negocio que se dibuja es de operación, no de propiedad.
El capítulo sancionador fija multas de hasta el 2% de los ingresos brutos de los doce meses anteriores al mes de la infracción por incumplir las normas de instalaciones, las instrucciones de la autoridad o el deber de informar. También se sanciona la negativa injustificada a permitir verificaciones e inspecciones.
Las petroleras —con PDVSA como operador estatal— tienen un régimen propio. Deberán ‘asegurar y garantizar el suministro continuo, regular, confiable, suficiente y estable’ de electricidad para sus actividades primarias mediante autogeneración, cogeneración o contratación de terceros. No necesitan autorización del Estado para generar energía destinada a sus redes internas, salvo cuando se interconecten al sistema nacional.
Qué cambia para Repsol, Naturgy e Iberdrola
El sector eléctrico venezolano fue nacionalizado en 2007 por Hugo Chávez (1999-2013). Diecinueve años después, el presidente de la Asamblea Nacional, el chavista Jorge Rodríguez, defendió que la ley ‘no promueve en modo alguno la privatización’ del sector, pero sí ‘la apertura para que sectores privados puedan incorporarse a la generación y a la autogeneración’.
- Plazo: concesiones de hasta 25 años, con reversión de bienes a Corpoelec al cierre.
- Umbral: habilitación ministerial para generación superior a 50 MW o que afecte a redes troncales y áreas exclusivas.
- Arbitraje: vía alternativa a los tribunales venezolanos para resolver disputas.
- Régimen sancionador: hasta el 2% de los ingresos brutos de los últimos doce meses.
- Petroleras: autogeneración sin autorización previa mientras no se conecten a la red nacional.
Para Repsol y Naturgy, dos de las energéticas españolas con exposición histórica al mercado venezolano, el texto no resuelve el problema de fondo, pero habilita dos vías con respaldo legal explícito: la autogeneración para operaciones petroleras y la contratación de generación con terceros.
El segundo efecto es de arrastre. Iberdrola, con presencia industrial consolidada en Latinoamérica, y los grandes fondos que figuran de forma habitual en el capital de las cotizadas españolas —BlackRock, Norges Bank, Amundi— disponen ahora de un marco analizable en términos de retorno. Cualquier movimiento relevante en esa dirección tendría que comunicarse a la CNMV como hecho relevante o participación significativa.
El riesgo que el inversor debe poner en el precio
La comparación obligada es con la propia historia del país. La nacionalización de 2007 se llevó por delante la propiedad privada de la generación y dejó al Estado con una Corpoelec que arrastra una crisis de servicio reconocida por el propio Legislativo y agravada este año por el crecimiento de la demanda. La reforma corrige el monopolio, no el incentivo: quien construya un ciclo combinado o un parque solar de más de 50 MW deberá asumir que el activo revierte.
Con esa estructura, el negocio viable es el de operación y suministro a grandes consumidores —industrias, centros comerciales—, tal y como apuntó Jorge Rodríguez al señalar que el privado podrá ‘proporcionar el servicio’ sobre todo a los grandes clientes. Para el autoabastecimiento petrolero el cálculo es distinto: la norma exceptúa de autorización la generación para redes internas, siempre que no haya interconexión.
El detalle del 2% de los ingresos brutos tampoco es menor. Sobre un operador con facturación relevante, una sanción de ese calibre puede superar con holgura el margen anual de un activo de generación. Añadido a un plazo de 25 años y a la reversión final, el marco encarece la prima de riesgo que exigirá cualquier banco o fondo de infraestructuras para financiar la construcción.
Del lado político, la unanimidad del Parlamento controlado por el chavismo —con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y su hermano en la presidencia de la Asamblea— indica que la apertura es instrumental: se busca electricidad para la industria petrolera y para una demanda creciente, no un cambio de modelo. La apertura petrolera es el precedente inmediato y la referencia que mirará el sector energético venezolano en los próximos trimestres.
📊 Las Claves para el Inversor
- Qué vigilar: el desarrollo reglamentario de las habilitaciones y el primer concurso de generación por encima de 50 megavatios, que marcará el apetito real del capital extranjero.
- Reacción del valor: el mercado no descuenta ingresos venezolanos en Repsol ni en Naturgy; cualquier anuncio concreto sería un catalizador no incorporado en las valoraciones.
- Precedente sectorial: la nacionalización de 2007 y la reciente apertura petrolera fijan el patrón: entrada con arbitraje y salida con activos revertidos al Estado.
