El Gobierno de Italia que dirige la primera ministra, Giorgia Meloni, ha enviado este lunes a la Comisión Europea su propuesta de cambios al plan de recuperación nacional con el que Bruselas apoya a los Estados miembros tras la crisis del coronavirus y que está sujeto a una serie de reformas para modernizar sus economías.
En concreto, Italia pide revisar 144 inversiones y reformas relacionadas con áreas como la digitalización y la competitividad, la transición ecológica, la movilidad sostenible, la educación y la investigación, la inclusión y la cohesión, y la salud.
El Ejecutivo italiano propone cambios al plan relativo al plan energético de Bruselas para poner fin a la dependencia de la UE de los combustibles fósiles rusos, entre ellos el desarrollo de las energías renovables, el fomento de las competencias ecológicas tanto en el sector público como en el privado, la lucha contra las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente y la mejora de la producción de biometano.
También busca cambios sobre inversiones, especialmente relacionadas con la mejora de las redes energéticas, la eficiencia energética y las cadenas de suministro estratégicas. En un comunicado, Bruselas atribuye estos cambios a la necesidad de tener en cuenta la elevada inflación y las limitaciones de la cadena de suministro.
En el marco de la estrategia energética, Roma tiene acceso a 2.700 millones de euros para reducir la dependencia de las importaciones de combustibles fósiles rusos, incluyendo recursos para financiar inversiones y reformas relacionadas con la transición energética y la descarbonización.
Ahora la Comisión Europea tiene que realizar una evaluación de si el plan presentado por Italia sigue cumpliendo los criterios establecidos en el reglamento del plan de recuperación. En caso de ser positiva, Bruselas presentará una modificación a la ejecución del plan que tendrá que refrendar el Consejo, formado por los Veintisiete.
A finales de julio, Bruselas dio su visto bueno al desembolso un tercer tramo de 18.500 millones de euros del fondo anticrisis de la UE, después de aceptar cambios en el plan de recuperación acordado con Roma para aplazar a un siguiente pago unos 500 millones de euros vinculados a una reforma que aún no ha cumplido el Ejecutivo de Giorgia Meloni.
