Hasta ocho asociaciones empresariales del sector industrial español se han unido para exigir al Gobierno que desacople de forma inmediata el precio de los combustibles fósiles de la fijación del precio eléctrico, para permitir la supervivencia de la actividad.
Empresas como Acerinox, ArcelorMittal, Megasa, Ferroglobe, Siderúrgica Balboa, Celsa, Cementos Portland, Asturiana del Zinc o Xeal ya han apagado todos o algunos de sus hornos o han reducido su producción al mínimo, con el impacto que esto tiene en el empleo y en la cadena de suministro.
«Muchas industrias se han visto obligadas a paralizar la producción, ya que estos precios de la electricidad hacen imposible mantener la actividad», aseguran la asociación de empresas con gran consumo de energía (AEGE) la de empresas siderúrgicas (Unesid), en una carta remitida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la que se han adherido FADE, Ascer, Femetal, Confemetal, Feique y AGI Campo de Gibraltar.
Aunque la guerra en Ucrania ha intensificado el problema, las industrias electrointensivas afirman que llevan desde el pasado verano «padeciendo una crisis energética», generada por la evolución del precio del gas y de los derechos de emisión.
«Tras la invasión de Ucrania la situación ha explotado, creando una emergencia industrial sin precedentes. En los últimos días, las empresas sufren una escalada nunca vista en los precios de la energía eléctrica, alcanzando el pasado martes 8 de marzo un precio medio de 547 euros/MWh», han denunciado.
En España más del 80% del consumo industrial está expuesto al precio del mercado eléctrico diario. El sector critica que, desde la publicación del ‘Manifiesto por la Industria Electrointensiva Española’, el pasado 1 de diciembre, han transcurrido más de tres meses sin que se hayan adoptado medidas efectivas que reviertan la situación y mejoren las perspectivas.
Por eso, ante la ausencia de ofertas de las empresas eléctricas de contratos bilaterales de electricidad a precios anteriores a la crisis, estas asociaciones consideran «imprescindible» la acción del Gobierno español para salvaguardar a su industria básica, la economía nacional y el empleo de los cientos de miles de trabajadores afectados.
