Cuando se cumplen dos semanas desde que el Gobierno sacara adelante el ‘Decretazo’ para rebajar el recibo de la luz, cada vez son más los expertos que consideran que el Ejecutivo podía haber tomado otro tipo de medidas, más efectivas y que hubieran protegido más la seguridad jurídica de la economía del país, en un momento especialmente delicado en el que España necesita de la inversión extranjera para salir de la profunda crisis provocada por la pandemia.
Unas medidas con las que las eléctricas no hubieran tenido que recibir el ‘hachazo’ a sus beneficios (aproximadamente un 35% de los mismos), que ha provocado un auténtico tsunami en los mercados y ha ahuyentado la inversión en el sector energético procedente de fuera de nuestras fronteras.
La repercusión del plan de choque ideado a toda prisa por el Gobierno para intentar atajar la crisis de la factura eléctrica ante los continuos récords del precio del MWh ha hecho que las grandes energéticas perdieran 10.000 millones de euros en capitalización bursátil en apenas tres o cuatro sesiones de la Bolsa, y que decenas de miles de pequeños accionistas vieran disminuir sus ahorros de una manera considerable.
Los inversores extranjeros se han mostrado muy contrariados ante el intervencionismo del Gobierno en los beneficios de unas empresas privadas como son las eléctricas, y se quejan de que en un Estado democrático se pueda cambiar las reglas del juego a mitad de la partida de manera unilateral, sin previa negociación con las empresas implicadas, cuando además, tenían otras opciones mucho menos lesivas para los intereses de las empresas y del país en general.
«Si las eléctricas españolas van a juicio y ganan, tendremos que pagar todos los españoles»
El Ejecutivo de Sánchez reedita así una nueva versión de la reforma del sector eléctrico de 2013 que supuso un drástico recorte a las renovables y que todavía está pagando el Gobierno en diferentes procedimientos de arbitraje internacionales.
LAMINACIÓN EN EL TIEMPO
Alberto Martín Rivals, socio del sector energía de KPMG España, considera que el mensaje que se trasmite desde el Gobierno es que «cuando los precios son muy bajos, como ocurrió durante la pandemia, no te ayudo, pero si los precios se disparan ahí si te intervengo y no puedes compensar los momentos malos con momentos mejores». Esta acción la permite la legislación europea en momentos extraordinarios, pero normalmente compensando a las empresas afectadas, pero tal y como se ha hecho en esta ocasión «genera mucha inseguridad».
«Lo que normalmente se hace, en un contexto como el actual, es tomar medidas de laminación de ese efecto en el tiempo», es decir, «no trasladar la idea de que esto que lo pague otro, si no decir, no es razonable en este momento transmitir esto al consumidor de golpe, así que vamos a laminarlo en el tiempo».
De esta forma, «cuando el precio del gas este muy bajo, a lo mejor es el momento de compensar a los agentes que han tenido que sacrificar un poco sus beneficios en un momento en el que los precios estaban altos». Esa medida «no genera la inseguridad jurídica que estamos sufriendo ahora».
Este tipo de medidas son «más razonables». De hecho, no resultan «tan atractivas desde el punto de vista del mensaje político que se quiere dar», pero de la forma en que se ha alterado la regulación, «en el fondo lo que se consigue es acabar perjudicando la imagen de un país».
MORATORIA DE UN AÑO DE LA PENALIZACIÓN POR EMITIR CO2
El Consejero Delegado de Aleasoft, Antonio Delgado Rigalt, cree que el Gobierno debería haber negociado con el resto de los mandatarios europeos en Bruselas desde principios de año y haber conseguido atajar el repunte del precio de las emisiones de CO2, que «está disparado». Eso depende «de Europa y si hubiera una moratoria por ejemplo de un año, traería una reducción de lo que es el precio de mercado entre un 20% y un 35% y hacer eso está en manos de los políticos europeos».
Para el directivo de Aleasoft, «el Real Decreto es bastante agresivo: el gobierno esta nervioso y eso no es justificación para tomar medidas que generan inseguridad jurídica y regulatoria».
Estamos en un momento «estratégico para España y deberíamos estimular la inversión exterior y, sim embargo, se están tomando medidas que ahuyentan a un posible inversor». No se puede explicar que «un fondo esté invirtiendo en un país a largo plazo y ahora de repente le digan que tiene un exceso de retribución». Porque cuando «el fondo invirtió nadie le avisó de eso, y esperaba la retribución según el devenir del mercado y en ningún sitio le dijeron que la retribución tuviera un límite».
Esta medida tan polémica «puede ir a los tribunales», porque, «no se puede gobernar a golpe de Real Decreto de un día para otro, sin haber hablado previamente con los agentes del sector y con la oposición: hay que tomar medidas estratégicas».
MAYOR REDUCCIÓN DEL IVA
Delgado también considera que, además de las medidas fiscales tomadas, «el Gobierno podría haber reducido el IVA del 10% al 5% de forma general para los consumidores domésticos y en el caso de aquellos más vulnerables se podría reducir de un 10% a un 1%». Esta reducción la podría hacer efectiva en cualquier momento.
Otros analistas piensan que para el Gobierno es más fácil meter la mano en las grandes empresas, que apretarse el cinturón y gastar menos, y así poder rebajar el IVA más de lo que se ha hecho. Pero claro, es que con el IVA de del recibo de la luz el Ejecutivo está ganando mucho dinero.
COPIAR EL EJEMPLO DE ITALIA
Sergio Ávila, Analista de IG.com, opina que el Ejecutivo podía haber hecho algo parecido a lo que ha hecho Italia, donde «Draghi destina 4.000 millones de euros para afrontar la subida de la luz y del gas». Con esos 4.000 millones «se baja el recibo de la luz en base a aplicar esa cantidad a los presupuestos generales del estado y que se pueda pagar en base a impuestos o a deuda futura».
Ávila considera que «es muy probable que las eléctricas españolas vayan a juicio y si ganan, que no es descartable, todos los españoles tendremos que pagar ese montante con intereses adicionales en el futuro».
ELIMINACIÓN DEL COSTE EXTRAPENINSULAR
Desde la oposición, hace ya meses, se presentaron una serie de medidas encaminadas a abaratar el recibo de la luz, que no se tuvieron en cuenta por parte del Gobierno y fueron rechazadas. Una de ellas era «la eliminación del recibo del extracoste de la producción de energía fuera de la península», según palabras del portavoz de energía del Grupo Parlamentario Popular, Guillermo Mariscal, a MERCA2.
En una situación extraordinaria -como la denominó la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera-, esta medida aliviaría el recibo de la luz de los españoles, aunque conllevaría que ese extracoste tuviera que ser asumido por el Gobierno a través de los Presupuestos Generales del Estado, algo a lo que Pedro Sánchez no está dispuesto.
En definitiva, el Gobierno podía haber tomado otra serie de medidas, posiblemente más eficaces, por supuesto menos lesivas para el sector energético español, y más favorables a la seguridad jurídica de la economía española, tal y como han expresado los expertos a lo largo de los últimos días.
Sin embargo, Pedro Sánchez optó por dar un gran paso hacia la izquierda, interviniendo los beneficios de empresas privadas, y poniendo en riesgo el marco jurídico español, la inversión extranjera y el plan de transición energética 2030, tomando medidas más populistas, pero con un enorme riesgo potencial para el país.
