El Gobierno rompe la estabilidad jurídica y las eléctricas se revuelven

Frente al plan de choque anunciado por el Gobierno para rebajar el recibo de la luz, las eléctricas pasan a la ofensiva. Los operadores relevantes del mercado (Endesa, Iberdrola y Naturgy) han reaccionado bajo el paraguas del Foro Nuclear, alertando de un cese anticipado de la producción de las centrales en caso de que este proyecto de Ley se aprobase y entrase en vigor. El Gobierno rompe las reglas del juego, con lo que ahuyenta a los inversores y las eléctricas se defienden.

En un contexto en el que el precio del MWh vuelve a romper registros, con 172,78 euros este martes, 19 euros más que el día anterior, el Gobierno pone paños calientes con un  horizonte temporal a marzo de 2022, aferrándose a la excepcionalidad del momento.

Para la patronal, el Real Decreto-ley aprobado en el Consejo de Ministros, aun siendo de aplicación temporal, ahonda todavía más en la penalización a la generación eléctrica de origen nuclear. No se trata de una pataleta, ya que en los términos en los que está planteado, unido a la excesiva presión fiscal actual, «abocaría al cese de la actividad de todo el parque nuclear».

El Foro Nuclear pone contra las cuerdas al Gobierno y explica que “en el caso de que este proyecto de Ley se aprobase y entrase en vigor, el precio de venta real de la generación eléctrica nuclear, una vez minorado el precio del CO2, no debería ser inferior a 57-60 €/MWh con el nivel impositivo actual». De no ser así, «sería imposible la continuidad de las centrales nucleares españolas».

«Siempre la litigiosidad y la falta de seguridad jurídica llevan aparejada la huida del inversor»

El presidente del Foro Nuclear, Ignacio Araluce, ha expresado que este cese anticipado provocaría «un cierre desordenado de la generación nuclear y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y tejido industrial».

Además, desde la patronal nuclear, se quejan del cambio improvisado en las reglas del juego que ha realizado el Gobierno, ya que «de haber estado en vigor este proyecto de Ley, no se hubiera solicitado la renovación de las autorizaciones de explotación de nuestras centrales».

Unidas Podemos no ha tardado en calificar este comunicado, a través de varios representantes, con Ione Belarra a la cabeza, de «chantaje al Gobierno». Haciendo hincapié en su propuesta de tener una empresa energética pública.

LA BOLSA CASTIGA A LAS ELÉCTRICAS

Tras las palabras del lunes por la noche de Pedro Sánchez en TVE, los inversores penalizaron desde el inicio de la sesión bursátil del martes a las grandes compañías eléctricas españolas. Sobre todo los inversores extranjeros, que huyen de un país que presenta un marco regulatorio poco estable y que da bandazos según la coyuntura. «Siempre la litigiosidad y la falta de seguridad jurídica llevan aparejada la huida del inversor», afirmaba la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, tras la rueda de prensa de Teresa Ribera.

La más perjudicada fue Endesa, debido a que toda su actividad la tiene en España, que perdió el soporte de los 20 euros al finalizar la sesión con una bajada de un 5,18 %, hasta los 19,41 euros. Iberdrola se dejó un 1,71% y mantiene el soporte de los 10 euros por poco, cotizando a 10,08€  y Naturgy fue la menos castigada con un retroceso del 0,64 %, quedando en 21,84 euros su valor.

Los inversores buscan rentabilidad en las empresas a través de la cotización de la acción y de la entrega de dividendos, y con este ‘hachazo’ del Gobierno a los beneficios de las eléctricas, esa capacidad de pagar dividendos se verá mermada, por lo que esos valores pierden claramente atractivo entre los fondos e inversores.

Por estos motivos, la decisión del Gobierno de Sánchez de detraer beneficios a las eléctricas va a hacer perder mucho dinero especialmente a Endesa, Iberdrola y Naturgy, ya que a los 2.600 millones que tendrán que devolver se unirán las pérdidas de valor de sus acciones y, por tanto, la depreciación de las compañías.

MEDIDAS «CONFISCATORIAS Y DE DUDOSA LEGALIDAD»

La portavoz del PP ha declarado que recortar beneficios a las eléctricas para rebajar el precio de la luz va en la línea de «intervenir la economía y no es el camino correcto» y ha ironizado diciendo que, «tratándose de un Gobierno socialista y comunista», la intervención «preocupa enormemente», apostillando «uno sabe cómo empieza pero no cómo acaba, parece que pasamos del peronismo al ‘pedronismo’».

Gamarra también considera que las medidas aprobadas «son confiscatorias y de dudosa legalidad», y que pueden «frenar la competitividad y la inversión».  

Por su parte, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha criticado la decisión del Gobierno de recortar el beneficio de las empresas eléctricas, pues cree que el Ejecutivo va «tarde, mal y en la dirección equivocada», tras más de cuatro meses de escala continua en los precios de la electricidad en España.

Además, Espinosa de los Monteros se ha mostrado irónico con lo que pasará con la «competición de progres del mundo» para «ver quién ataca más» a la energía nuclear «ahora resulta que la ONU dice que no hay que excluir esta tecnología».

SÁNCHEZ HIZO SALTAR LAS ALARMAS

En una entrevista en la que rehuyó en varias ocasiones de las preguntas del entrevistador, Carlos Franganillo, las palabras de Pedro Sánchez de este lunes en vez de tranquilar, causaron alarma entre muchos analistas. El presidente del Gobierno mezcló medidas llegando a afirmar que iban a ‘topar’ el precio del gas y con esa medida reducir el recibo de la luz, lo que hizo dudar a los analistas de si estaba hablando de obligar a hacer ‘dumping’ a las empresas (vender a pérdidas) o pensaba que podía imponer él el precio del gas a Rusia o Qatar.

Sánchez, en su deseo de convencer a los españoles, tras meses desaparecido, embarulló la respuesta haciendo parecer que iban a tomar una medida de calado internacional, «ante el alza de lo que va a venir en los próximos meses del precio del gas, lo que vamos a hacer es topar el recibo del gas natural y también lo que vamos a hacer es con esta medida, reducir el recibo de la luz», y siguió mezclando medidas, «vamos a redirigir esos beneficios extraordinarios de las eléctricas, se lo pueden permitir, para topar el recibo del gas».

Tuvo que ser Teresa Ribera, tras el Consejo de Ministros, quien explicara que son dos medidas independientes y diferentes, y que poner un tope el precio del gas, se hará para que no se dispare el recibo de la calefacción este invierno, aunque lo que se perdona ahora, se pagará más tarde. La medida va dirigida a aquellas empresas que comercializan gas, por lo que no tiene nada que ver con el recibo de la luz, mientras que la detracción de los beneficios de las eléctricas sí que va dirigida exclusivamente a abaratar la tarifa eléctrica.

María Castañeda
María Castañeda
Redactora de MERCA2 de empresas y economía; especializada en energía, sostenibilidad y turismo.