El matrimonio entre los partidos políticos y los grandes fondos de inversión es más frecuente de lo que sería deseable en una economía de libre mercado, y cada día es más habitual que los intereses de ambos confluyan en un único objetivo. Tenemos un ejemplo de ello en el conflicto abierto entre los grupos empresariales que alquilaron establecimientos comerciales en los aeropuertos españoles y que ahora quieren cambiar las condiciones de los contratos después de haber visto cómo sus ingresos se reducían por el desplome de viajeros provocado por la pandemia.
Estas corporaciones tienen detrás a grandes inversores que han conseguido atraer al Partido Popular para que defienda la intervención de los precios de estos alquileres, lo cual provocaría un agujero de cerca de 3.000 millones de euros en las cuentas de Aena, empresa cuyo 51% está en manos de Enaire, entidad pública adscrita al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana que gestiona la navegación aérea en España.
Bajo la premisa de rebajar el importe que el gestor aeroportuario cobra a los pequeños comerciantes por usar las instalaciones para sus negocios, los partidos políticos (liderados por Coalición Canaria y PDeCAT), han impulsado una petición a la que se han sumado el PP, VOX , EH Bildu y ERC. Una propuesta que ha terminado convirtiéndose en una enmienda incluida por la puerta de atrás en en el Proyecto de Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, que ha sido aprobada en el Senado y que ahora vuelve al Pleno del Congreso. Los únicos que se han opuesto han sido PSOE y PNV.
Esta enmienda que previsiblemente se votará este jueves, exige a Aena rebajar la renta mínima garantizada anual con el argumento de que el 70% de las empresas inquilinas son pymes, pero si se analiza el volumen de facturación se comprueba que las pequeñas empresas sólo representan el 15% de los ingresos que obtiene el operador público por los alquileres de los locales comerciales. Es decir, que los que más se juegan en este conflicto son los grandes grupos.
En concreto los grandes beneficiados son gigantes como Dufry (con sede en Suiza y que gestiona los famosos Duty Free, tiendas libres de impuestos), SSP (grupo de restauración británico que franquicia a Burger King, Carlsberg o Starbucks) y Áreas, uno de los líderes en los aeropuertos españoles en el sector de retail pero que actualmente pasa por problemas financieros.
De hecho esta última compañía ha pedido 120 millones de euros al fondo de rescate de la Sepi. Los accionistas principales de estos grupos son actores financieros de la talla de Fidelity, Norges Bank, Alibaba Group, Qatar Holding, APG Asset Management y las sociedades de capital riesgo Advent International y PAI Partners.
UN IMPACTO DE 3.000 MILLONES DE EUROS
«En la enmienda legislativa no se diferencia entre pequeños y grandes comerciantes, por lo que si el objetivo fuera salvar a las pymes podría haberse especificado. Estamos ante un caso claro de doble rasero a la hora de fijar posturas ideológicas, porque mientras el PP critica la intervención de los precios en el mercado inmobiliario defiende que se rompan contratos en vigor para rebajar el importe de los alquileres y adaptarlos a la demanda. Está claro que el objetivo no es económico, sino político. Si el PP estuviera en el Gobierno no pondría en riesgo los ingresos de una empresa pública», señalan a MERCA2 fuentes socialistas.
El agujero que provoca esta negativa de los grandes grupos a pagar los alquileres es elevado. Ni en 2020 ni en lo que va de año están haciendo frente a los pagos y si sale adelante adelante la enmienda legislativa. Los últimos cálculos realizados por el Banco Santander indican que Aena dejaría de ingresar entre 1.200 y 2.000 millones de euros hasta que se recupere la totalidad de la actividad de 2019 en los aeropuertos, una cifra a la que hay que añadir otros 1.000 millones correspondientes a las rentas no cobradas desde marzo de 2020, cuando se decretó el inconstitucional estado de alarma.
«el objetivo no es económico, sino político. Si el PP estuviera en el Gobierno no pondría en riesgo los ingresos de una empresa pública»
Sobre esta polémica el presidente de la Asociación Española de Operadores Comerciales de Aeropuertos (Aeoca), Manuel Zea, considera que la rebaja de los alquileres es necesaria porque se trata de «empresas modestas» con no pueden hacer frente a las cuotas mensuales y y que «en su mayoría de carácter esencialmente familiar» por lo cual ha enviado una carta a los grupos parlamentarios para que apoyen la citada enmienda. En la misiva el responsable de esta asociación acusa a otros fondos de inversión (TCI y Blackrock, accionistas de Aena) de estar detrás de la oposición del PSOE a la reducción del precio de los alquileres.
«Son estos fondos quienes han promovido y convencido al consejo de administración para seguir la línea dura con los operadores comerciales, en contra de las dos primeras propuestas del departamento comercial de Aena, las cuales iban en la línea de adaptar las rentas al flujo de pasajeros», considera Zea.
PEQUEÑOS PACTAN, GRANDES DEMANDAN
El argumento de Zea contrasta con la actuación de los pequeños comerciantes que operan en los aeropuertos y que llegaron a un acuerdo con la empresa pública. Casi siete de cada diez comerciantes pactaron con AENA una rebaja del 100% de la renta durante el primer estado de alarma, y un descuento del 50% desde 21 de junio de 2020 y hasta el 8 de septiembre de 2021. Y ahora, que es cuando deben seguir pagando sus cuotas tal como establecían los contratos iniciales, es cuando pretenden rebajar la renta mínima garantizada aprovechando la enmienda a la nueva Ley de Transportes.
Al contrario de lo que hicieron los pequeños operadores de locales de restauración y moda en los aeropuertos, los grandes jugadores, respaldados por las grandes gestoras y fondos de inversión, decidieron no pagar los alquileres correspondientes a 2020 y, además, utilizaron la potencia de sus bufetes de abogados para solicitar (y conseguir) una suspensión cautelar del cobro de las rentas, así como de la ejecución de los avales que estipulan los contratos en caso de impago. En sus demandas Dufry, SSP y Áreas indicaban que el pago de los alquileres les haría entrar en riesgo de quiebra, pero lo cierto es que en aquellos momentos entre los tres grupos tenían en caja 2.880 millones de euros.
ENMIENDA ANTICONSTITUCIONAL
Las fuentes jurídicas consultadas por MERCA2 consideran que, en caso de salir adelante la reforma normativa, el gestor aeroportuario acudirá a los tribunales por destruir la seguridad jurídica, ya que se trata de una decisión política que se inmiscuye en una relación contractual entre empresas que está en los juzgados. Además, hay un elemento del que no se está hablando y que es muy relevante, el de la posible inconstitucionalidad de la enmienda por ser incluida en un texto legislativo que nada tiene que ver con la cuestión que regula.
Según indica el Tribunal Constitucional (TC) en su sentencia 119/2011, de 5 de julio, «con carácter general, la necesidad de una correlación material entre la enmienda y el texto enmendado se deriva, en primer lugar, del carácter subsidiario que, por su propia naturaleza, toda enmienda tiene respecto al texto enmendado. Además, la propia lógica de la tramitación legislativa también aboca a dicha conclusión, ya que, una vez que una iniciativa legislativa es aceptada por la Cámara o Asamblea Legislativa como objeto de deliberación, no cabe alterar su objeto mediante las enmiendas al articulado, toda vez que esa función la cumple, precisamente, el ya superado trámite de enmiendas a la totalidad, que no puede ser reabierto».
En la misma sentencia, el TC también cuestiona que sea en el Senado donde se introduzcan este tipo de enmiendas, ya que la facultad que tiene esta Cámara para introducir modificaciones a los textos legislativos “deben guardar una mínima relación de homogeneidad material con los proyectos de ley remitidos por el Congreso”.
Debido a la existencia de estos argumentos legales, el grupo que preside Maurici Lucena dará la batalla en los tribunales y, en lo que respecta al impacto financiero, no anotará el golpe en sus cuentas por recomendación del auditor, por considerar que la empresa tiene grandes posibilidades de salir airosa de esta pelea jurídica. De hecho un juzgado de Palma denegó hace una semana a Burger King Spain las medidas cautelares, entre las que destacaba la suspensión de la obligación de pagar casi 350.000 euros.
Si los jueces dan la razón a Aena los grandes grupos comerciales que operan en los aeropuertos sólo tendrán dos opciones: o pagar la renta estipulada en los contratos o sufrir el golpe financiero derivado de la ejecución sus avales (fianza).
