El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, convocado por la secretaria general de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez, se han reunido este martes por videoconferencia con los delegados del Gobierno en España para explicar el estado actual de los debates y negociaciones relativos a la reforma de la Política Agraria Común (PAC) post 2020.
En la reunión se ha analizado el acuerdo sobre el Marco Financiero Plurianual alcanzado por el Consejo Europeo en junio, que permitirá disponer para el próximo periodo de aplicación de la PAC en España de un presupuesto de 47.720 millones de euros.
Miranda ha explicado las principales características del acuerdo general sobre el Reglamento de los Planes Estratégicos alcanzado en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea en octubre y que ha permitido el comienzo de los trílogos, las negociaciones entre Consejo, Comisión Europea y Parlamento Europeo.
De esta forma, se espera que el reglamento definitivo, tras el acuerdo alcanzado entre las tres instituciones, pueda aprobarse a comienzos de 2021.
En España se trabajará en paralelo con el objetivo de presentar a la CE un borrador del Plan Estratégico de España antes del verano de 2021, de forma que la presentación formal se realizará a finales del 2021, para que esté aprobado en 2022, listo para su puesta en marcha en enero de 2023.
En la actualidad se está debatiendo la estrategia de intervención, es decir, las medidas concretas que contendrá el plan, mediante su debate con las comunidades autónomas y escuchando las aportaciones de todos los agentes interesados. Además de exponer la situación de los trabajos se han analizado los elementos principales que afectan a cada autonomía.
En la reunión se ha destacado el papel que deben jugar las delegaciones del Gobierno, como estructura territorial de la Administración General del Estado (AGE), para contribuir a trasladar, con todos los agentes implicados, el papel de la PAC a los sectores.
Agricultura ha recordado que esta nueva política agraria contribuirá a dar estabilidad a las rentas de agricultores y ganaderos, además de generar valor a largo plazo, de manera sostenible, a través de herramientas que permitan a las explotaciones adaptarse a las necesarias transformaciones económicas y medioambientales.
