La Comisión Europea ha recurrido la sentencia del Tribunal General de la UE (TUE) que anuló en julio la decisión que obligaba a la multinacional tecnológica Apple a devolver 13.000 millones de euros en Irlanda por haberse beneficiado durante años en este país de ventajas fiscales ilegales.
«La Comisión considera que el Tribunal General comete una serie de errores legales en su sentencia. Por esta razón, la Comisión lleva el asunto al Tribunal de Justicia», ha anunciado en un comunicado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Competencia, Margrethe Vestager.
El caso entre Bruselas, por un lado, y Apple e Irlanda, por otro, llega entonces a la máxima instancia de la Justicia europea, que tendrá que dirimir si el gigante tecnológico se benefició efectivamente de una ventaja fiscal a la que no podían acceder sus rivales. El proceso, no obstante, se prolongará meses.
La disputa se remonta a finales de agosto de 2016, cuando el Ejecutivo comunitario declaró ilegales los acuerdos fiscales (‘tax lease’) entre Apple y Dublín que estuvieron vigentes entre 1991 y 2014. Tanto la multinacional como Irlanda recurrieron al TUE.
En su fallo de mediados de julio, el Tribunal General argumentó que la Comisión no había conseguido demostrar que Apple se había beneficiado desde 1991 de ayudas públicas que falsearon la competencia en el mercado interior, algo prohibido por las reglas europeas de Competencia.
Vestager ha explicado que garantizar que todas las empresas «pagan su parte justa de impuestos» sigue siendo una «prioridad absoluta» para el Ejecutivo comunitario. Además, arguye que los jueces europeos ya han confirmado en «repetidas ocasiones» que los Estados miembros deben cumplir todas las normas europeas aunque tengan la competencia de establecer su propio sistema fiscal.
«Si los Estados miembros conceden a algunas multinacionales ventajas fiscales que no están disponibles para sus rivales, están dañando la competencia en la Unión Europea y violando las reglas sobre ayudas públicas», han incidido la danesa.
La responsable de Competencia de la Comisión ha asegurado además que «seguirá utilizando todas las herramientas» a su disposición para garantizar la justicia fiscal en el bloque. «De lo contrario, se niega al erario público y a los ciudadanos los fondos para realizar unas inversiones que son ahora incluso más necesarias para apoyar la recuperación económica», ha subrayado.
