Asepeyo, Fraternidad, Fremap… En España existen 20 mutuas que colaboran con la Seguridad Social, todas asociadas a AMAT. Los empresarios y autónomos cubren a través de ellas las bajas de sus trabajadores por enfermedad común o accidente no laboral. El empresario elige libremente asociarse a la mutua, pero tiene que pagar de manera obligatoria.
Su objetivo es controlar el absentismo laboral y ayudar mejorar la sostenibilidad de la Seguridad Social. En caso de accidente de trabajo, la mutua paga desde el principio, así que es la primera interesada en que el trabajador se restablezca lo más pronto posible.
Básicamente su actividad se centran en hacer de intermediario con las prestaciones económicas y la asistencia sanitaria. No son compañías aseguradoras, pero aplican su técnica. Así, además de gestionar la prestación de incapacidad temporal por enfermedad común, embarazo, lactancia o por el cuidado de menores enfermo, tienen un papel clave en la gestión de las prestaciones económicas por cese en la actividad de los trabajadores autónomos.
TODO SON PROBLEMAS
El pasado 14 de marzo se declaró el estado de alarma y el Consejo de Ministros aprobó una serie de medidas para paliar el impacto económico provocado por el covid-19. Entre ellas, una prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos que hubieran tenido que cerrar su negocio a causa de esta crisis o si su facturación hubiera caído en un 75%.
Esta prestación se tramita a través de las mutuas y aquí surge el primer problema ¿y los que no tienen mutua? Le sigue otro, aún no han cobrado. Según explican a MERCA2 las organizaciones de autónomos, las mutuas empezarán a pagar a partir del 17 de abril a aquellos empresarios que ya tengan reconocida la prestación.
Se trata de un pago que esperan 900.000 autónomos, según la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y aquí se presenta un tercer problema, las mutuas están saturadas. La asociación de Autónomos Unidos para Actuar (AUPA) señala que se están rechazando los ceses de actividad por “pequeños errores administrativos” a la hora de rellenar las solicitudes cuando debería ser algo prácticamente automático. Es decir, ponen trabas y además no han cobrado.
OÍDOS SORDOS
Pero hay más, el papel más importante de las mutuas, el sanitario, tampoco se está cumpliendo. El ministro de Sanidad, Salvador Illa decidió que la baja laboral por coronavirus la asuma el Servicio Público de Salud.
Las mutuas se lavan las manos y hacen oídos sordos a la cantidad de llamadas que reciben estos días por parte de empresarios, algunos no saben a quién tienen que acudir si un trabajador está enfermo, pero en lugar de colaborar “no cogen ni el teléfono” explican algunos afectados, “no es su competencia”.
Se ha establecido que a los trabajadores contagiados y aislados por el virus se les de baja por accidente laboral y a efectos de la prestación económica se consideran situaciones asimiladas a accidente de trabajo. De manera que la asistencia sanitaria y la baja “dependen del Servicio Público de Salud, no de la mutua”.
En representación de todas las mutuas, AMAT justifica que son los médicos de los Servicios Públicos de Salud (SPS) los que tienen que emitir los partes de baja y alta en todos los casos de afectados por coronavirus. “En ningún caso, estos partes podrán ser emitidos por los facultativos de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina o de las Empresas Colaboradoras”. Posteriormente, la empresa debe remitir este parte a la mutua, detallan a MERCA2.
ENTONCES ¿TIENEN SENTIDO?
Si una asociación que se dedica a hacer de intermediario de la Seguridad Social en temas de salud y prestaciones económicas no puede dar respuesta ante la segunda mayor pandemia de la historia, cabe preguntarse si tiene sentido seguir pagando por ellas.
Las mutuas se financian con la aportación de cuotas que paga el empresario y después recauda la Tesorería General de la Seguridad Social. Pero en la situación actual, con los empresarios ahogados en gastos, teniendo que hacer frente a impuestos y nóminas, sin ingresos y algunos temiendo que están abocados a desaparecer, el debate está sobre la mesa.
Ahora les toca gestionar la vuelta al trabajo, dotar de material a los trabajadores y velar porque se tomen las precauciones para evitar el contacto y la duda es ¿serán capaz de hacerlo? Varios afectados denuncian que pagar una mutua es “un impuesto obligatorio que no sirven para nada” y su “única labor” es mandar un botiquín cuando constituyen la empresa, después nada “solo cobrar cada mes”.
