La crisis sanitaria y económica a causa de la pandemia del coronavirus empuja al Gobierno a tomar medidas extraordinarias para paliar sus efectos. La economía de los hogares españoles preocupa, y mucho, pero las tensiones internas del Ejecutivo afloran y no es fácil ponerse de acuerdo.
Este martes la suerte está echada, y será el Consejo de Ministros el que decida si se aprueba, o no, una moratoria en el pago del alquiler, o si tienen un plan mejor.
Tras decretarse el Estado de alarma, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó una moratoria en el pago de la cuota de la hipoteca. Pero solo se refirió al sector del alquiler para abogar por un entendimiento entre casero e inquilino para evitar el impago.
La polémica está servida. Desde Podemos piden que se apruebe una moratoria en el pago de la cuota del alquiler destinada a aquellas familias que, tras los efectos del Covid-19, se encuentren en situación de vulnerabilidad y sean incapaces de afrontar el pago.
Pero esta idea fue muy debatida por Nadia Calviño, que insiste en que esta medida ahogaría aún más a las familias, ya que el 96% de las viviendas en alquiler en España están en manos de propietarios particulares. Por lo que la moratoria supondría el empobrecimiento para estos arrendadores, que muchos de ellos cuentan con esta cuota para hacer frente a sus pagos. Por su parte, desde las filas de Pedro Sánchez barajan otra posibilidad: una línea de crédito avalado por el Estado sin intereses, o con intereses muy bajos y con un plazo de retorno de entre tres y seis años.
El plan mezcla las dos propuestas que estaban sobre la mesa del Consejo de Ministros. Por un lado, lanzará una línea de microcréditos avalados por el Estado con hasta 100 millones de euros para los inquilinos de propietarios particulares, y una moratoria de hasta cuatro meses para arrendatarios de grandes tenedores.
RIESGOS DEL MICROCRÉDITO
En declaraciones a MERCA2, el presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid, Julián Salcedo, explica que, aunque este crédito sea concedido por el ICO, “si los arrendatarios son muy vulnerables, los créditos no serán devueltos nunca y acabará siendo el Estado quien asuma el quebranto”.
Y se muestra a favor de movilizar los fondos aprobados para el vigente Plan Estatal de Viviendas (VPEV), para conceder las ayudas a las familias en quiebra, pero “no deja de ser vestir un santo para desvestir a otro”, y añade que “el Gobierno se olvida de que la utilización de los fondos del PEV corresponde a las comunidades autónomas”.
Además, Salcedo insiste en que “el Estado, en colaboración con las CCAA, debe mantener un adecuado equilibrio en las medidas que apruebe para arrendadores y arrendatarios. A los caseros, lo importante es darles seguridad, confianza, tranquilidad, y hacerlo ya”.
Entre las medidas más viables, Julián Salcedo destaca una prórroga, un aplazamiento de la renta, por un período suficientemente amplio, no menor a tres meses, susceptible de ser prorrogado por otro plazo igual, dependiendo de la evolución del Covid-19 y de sus circunstancias personales. “A los arrendadores es a quienes tiene que facilitar la liquidez suficiente para recibir sus rentas (o la parte más significativa de ellas) en el plazo que las tenían previstas”, afirma.
EQUILIBRIO ENTRE PROPIETARIO E INQUILINO
Por su parte, según ha explicado a este medio el director de estudios de Pisos.com, Ferran Font, “existe, por un lado, hay la necesidad de proteger a aquellas familias en situación de vulnerabilidad pero, por otro lado, está la voluntad de defender los derechos de los propietarios, que en su gran mayoría son particulares, a cobrar un alquiler que en muchos casos es un complemento necesario a sus ingresos regulares para seguir con su día a día”.
Hasta la fecha, el Gobierno defendía la moratoria únicamente en las hipotecas, “por el hecho de que detrás de los créditos hay una entidad bancaria con la que se puede tratar de manera más o menos unificada, mientras que resultaría imposible gestionar el impacto que tendría esta moratoria en los alquileres si se tuviera que gestionar cada caso individualmente y, menos aún, las graves consecuencias económicas que tendría en la economía de las familias de los pequeños propietarios”, asegura Font.
Desde Pisos.com insisten en que “es cierto que hay que defender a las familias en situación de vulnerabilidad y éste debe ser un trabajo de todos. Los profesionales tenedores de vivienda en alquiler han empezado a poner de su parte anunciando moratorias en el pago del alquiler, mientras el Gobierno ha anunciado la paralización de los desahucios durante seis meses de las familias en situación de vulnerabilidad” y apunta que “el Estado debería encontrar la manera de ayudar a estas familias vía ayudas directas o pagos aplazados, pero sin necesidad de trasladar el problema de unas familias a otras”.
MEDIDAS RÁPIDAS Y SIN BUROCRACIA
Fuentes próximas a la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), se muestran a favor de “rescatar a los inquilinos en situación de vulnerabilidad”, pero alerta de que se trata de un mercado mayoritariamente entre particulares “y si se ayuda a arrendatarios, no se puede desfavorecer arrendadores”.
En este sentido, apuestan por aplicar la misma medida de forma equitativa “ambos deben recibir la misma ayuda” y añade que “estas medidas deben ejecutarse con rapidez y sin picaresca”, por lo que defienden un proceso ágil y sin retrasos burocráticos.
“Lo importante es entender que la renta no puede quedar en suspensión a la espera de que se conceda el posible crédito, porque si no el propietario se hunde también. Lo fundamental es que el Gobierno entienda que el alquiler consta de dos partes y hay que ayudarles por igual, para que no se desequilibre”.
Por último, desde la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (Asipa), aplaude el apoyo directo a inquilinos en forma de microcréditos, pero califican de “injusta” la discriminación entre tipos de ahorro, imponiendo la obligación solo a los grandes tenedores de financiar a su cargo estas rentas aplazadas, que les conducirá “a una bola de deuda con un altísimo volumen de impago”.
Una discriminación que, según Julián Salcedo, podría ser “incluso inconstitucional, «y será con toda seguridad objeto de recurso ante el Tribunal Constitucional, admitido a trámite, pero cuando salga la sentencia el daño ya estará hecho”.
