Mes de infarto para FCC. Lo que prometían ser dos contratos de enjundia para la empresa cuyo máximo accionista es el mexicano Carlos Slim, han acabado en otras manos. En concreto, en manos de un consorcio chino, en el caso del metro de Bogotá, y de un consorcio coreano, en el caso del metro de Panamá. Ambos suman unos 5.500 millones de euros. Mientras tanto, la Audiencia Nacional investiga a FCC por supuesta corrupción y blanqueo en Panamá.
Fue a mediados de octubre cuando el consorcio liderado por la empresa pública china Harbour Engineering Company Limited (CHEC), junto a Xi’an Metro Company Limited, arrebató el contrato del metro de Bogotá a FCC. La presentación de una oferta inferior fue determinante: unos 90 millones de euros. El consorcio de FCC estaba compuesto por otras dos empresas de Carlos Slim. El contrato era por unos 3.000 millones de euros.
Justo un mes después. el consorcio comandado por la surcoreana Hyundai Engineering & Construction ha resultado ganadora para construir la línea 3 del metro de Panamá. En este caso, el consorcio de FCC (51%), junto a la mexicana Cicsa (también de Carlos Slim, con el 24%), y la surcoreana SKEC (25%), fue descalificado antes de la adjudicación.
A la pérdida de los contratos en el metro de Bogotá y Panamá se puede unir un arbitraje en Perú de más de 600 millones
La razón fue que uno de los socios del consorcio había incumplido el requisito mínimo obligatorio del coeficiente de liquidez. Fue SKEC. Tanto FCC, como Acciona (que también optaba al contrato en otro consorcio) han recurrido. El bocado es de lo más apetecible: 2.500 millones.
FCC Y LA JUSTICIA
El tercer disgusto de aquí a fin de año para FCC puede proceder de otro país latinoamericano. Se trata de Perú. Allí, la compañía de Carlos Slim está a la expectativa de lo que decida un tribunal arbitral.
El laudo está previsto que se dicte el próximo mes de diciembre. La cantidad en juego en sensiblemente inferior a lo perdido en Colombia y Panamá: 615 millones de euros. Por una parte, tanto FCC como ACS, Impregilo, Sansaldo y Cosapi reclaman esa suma al Estado peruano por incumplimiento grave del contrato de concesión de la línea 2 del metro de Lima.
Por su parte, el gobierno peruano reclama idéntica cantidad a todas esas empresas por los daños socioeconómicos y ambientales causados por los retrasos en la ejecución de la obra. Fue en 2017 cuando las constructoras solicitaron un arbitraje ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones) contra la República de Perú.
Mientras el Ciadi emite el laudo, y Panamá acepta o no el recurso presentado por FCC y Acciona, la compañía de Carlos Slim está envuelta bajo la sombra de la sospecha. En Panamá, habría sido favorecida en la concesión de la ampliación de la línea 2 de metro. Según El Confidencial, Roberto Roy, director general del metro, instó al presidente del país, Juan Carlos Varela, a que telefoneara a Carlos Slim. El fin no era otro que, extraoficialmente, negociar la construcción de dicho ramal. FCC ganó la obra junto a la brasileña Odebrecht.
TRATO DE FAVOR
La compañía, en un comunicado, dijo que todas las obras adjudicadas entre 2015 y 2019, “lo fueron en licitaciones públicas, sin que FCC recibiera ni solicitara ningún trato de favor en las mismas”. Sin embargo, y respecto a fechas anteriores (entre 2009 y 2014), la constructora acabará declarándose culpable de un supuesto pago de comisiones ilegales en el país. Según La Estrella de Panamá, pagará una multa de 20 millones de dólares.
FCC también ha sido citada en la Audiencia Nacional por delitos de corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales. Presuntamente pagó 82 millones de euros en comisiones. En este caso, para la adjudicación de la construcción de líneas de metro 1 y 2 y de la Ciudad de la Salud de Panamá.
