El sector del carbón español baja los brazos. Ni siquiera los responsables políticos que velan por los intereses de la minería, a nivel regional, entienden que la pelea sobre esta actividad económica deba tener encontronazos entre las administraciones autonómicas y el gobierno central. Así, los presidentes Castilla y León, Aragón y Asturias lo único que reclaman es que se aplique la denominada transición justa de cara al empleo.
Esta ha sido la actitud tomada por los presidentes autonómicos Juan Vicente Herrera, Javier Lambán y Javier Fernández. De diferentes colores políticos e intereses, la realidad les golpea de tal manera que lo único que piden al Gobierno es que sea exigente con las compañías privadas cuando estas vayan ejecutando los cierres de las centrales térmicas de carbón. También deslizan la idea de que los cierres podrían ir más allá de 2020, pero lo hacen en voz bajita.
Y es que la evidencia sobre la necesidad de cambiar la forma de generar energía es indiscutible. Resulta irrefutable la versión digital del diario La Nueva España (Asturias) de este miércoles que, una tras otra, lleva las noticias sobre los episodios de alta contaminación que está viviendo Oviedo y las Cuencas durante estos días; y justo debajo el resultado de la reunión de los presidentes con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Sobre lo que ha trascendido del resultado de la reunión, el mandatario aragonés ha recordado que los tres presidentes llevan meses trabajando conjuntamente en el asunto y que tienen sintonía en sus posiciones en la búsqueda de alternativas para el cierre. «La ministra sabe que cuenta con nosotros para una transición ecológica justa -ha añadido-, pero es obvio que debe reunir requisitos concretos» y ha apelado a la «responsabilidad social» de las empresas que hasta ahora han explotado las minas y las centrales, algunas de las cuales ahora se quieren desentender y toman las decisiones buscando su beneficio personal.
A su juicio, no puede haber «un cierre abrupto» en 2020 de las centrales térmicas, porque ello provocaría un «éxodo de población» en la comarca más próspera de Teruel, Andorra. Por su parte, Javier Fernández ha precisado que habían transmitido a la ministra que «no somos la aldea gala» pero que la nueva realidad «no puede colapsar lo que existe y hay que articular la actividad».
LA REALIDAD EMPRESARIAL NO PERDONA
La realidad ambiental no perdona. Nadie puede negar que las emisiones son un problema. Del mismo modo, los políticos han entendido que ni siquiera las trincheras para sacar réditos políticos tienen sentido. Primero porque el número de familias asociadas al carbón nacional son cada vez menores; y segundo, porque Bruselas manda, tanto para las ayudas que se acaban este mismo mes, como las prerrogativas sobre los cierres.
En este contexto, y pese a que desde el Gobierno han manifestado que serán firmes con las empresas, lo cierto es que estas son soberanas sobre sus negocios y nadie puede obligarles, a coste cero, a tener que llevar acciones contra sus intereses.
Fuentes de una gran energética aseguran a MERCA2 que las decisiones sobre el cierre de centrales serán dialogados con el Gobierno, pero que en ningún caso se tomarán medidas que vayan contra sus intereses.
