Hace un par de años el Gobierno se planteó un gran objetivo: conectar los centros educativos españoles con una banda ancha de fibra superior a los 100 megas. Era ambicioso y estaba bien calculado. Aunque por el camino han surgido contratiempos. Y por otra parte, Telefónica, Vodafone y Orange aprovechan la oportunidad para satisfacer sus propios intereses.
En uno de los últimos Consejos de Ministros de 2017, el Ejecutivo de Mariano Rajoy avanzó en el plan de desarrollo de las escuelas conectadas. En concreto se aprobó un acuerdo por el que se ratifican las autorizaciones provisionales para la suscripción de distintos convenios de colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Red.es y siete comunidades autónomas para la extensión del acceso a banda ancha ultrarrápida en centros docentes.
Esta nueva revisión del plan se trata de una inversión de 74,36 millones de euros, que se financiará entre el Estado y las Comunidades Autónomas con aportaciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). De esta actuación del programa Escuelas Conectadas se beneficiarán más de 1,86 millones de alumnos de 5.991 centros educativos de primaria y ESO sostenidos con fondos públicos. Son los pertenecientes a las comunidades autónomas de Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Comunidad Valenciana.
Hasta aquí todo normal. Los gobiernos públicos licitan, y Telefónica, Vodafone y Orange se llevan los concursos, como ha sucedido hasta ahora. Pero detrás se esconde una polémica en torno a la cuantía económica de las ayudas, así como las comunidades que faltan por sumarse al plan.
Cambio de normas a mitad de partido
El conflicto en todo el asunto surge a mediados de septiembre, cuando también en Consejo de Ministros, el Gobierno decide cambiar las reglas de juego. En la referencia de Moncloa del 15 de septiembre se puede leer lo siguiente: “Con la aprobación de esta adenda, se establece un nuevo marco de financiación para el resto de Comunidades no adheridas aún al programa, de manera que las Comunidades Autónomas también contribuyan a su cofinanciación, gracias a su mejora presupuestaria recogida en los Presupuestos de 2017”.
Es decir, como la situación económica ha mejorado, según el Gobierno, las comunidades que se han sumado al programa deberán pagar más que las que lo hicieron en primera estancia, como Canarias, Andalucía, La Rioja, Murcia, Galicia o Asturias. Esto ha generado ciertas reticencias territoriales y, lógicamente, malestar por la discriminación. Aunque todo debe seguir adelante, al final se trata del futuro de miles de estudiantes.
De igual manera, y en pleno auge de la polémica, no se sabe nada de Cataluña. Ni está entre las primeras comunidades; ni en la segunda oleada. De hecho, según indicaba el Gobierno, el plazo para sumarme a los convenios finalizaba en diciembre de 2017. Así, salvo que haya algún tipo de nueva discriminación positiva, Cataluña se queda fuera de estos programas de ayuda.
Telefónica, Vodafone y Orange al acecho
Al margen de las polémicas territoriales, quienes se juegan bastante en este programa de Escuelas Conectadas son los tres grandes operadores. Así, Telefónica, que ya se ha levantado contratos por valor de 55 millones de euros; mientras que Vodafone y Orange también han pescado algo, aunque de menos valor, tienen una nueva oportunidad por partida doble.
En primer lugar por el propio monto económico. Se trata de un contrato público bastante interesante y que, además, de cara a la imagen de responsabilidad social también ayuda. Quién puede negar que ayudar a los escolares no es bueno…
Por otra parte, para Telefónica, Vodafone y Orange ganar estos contratos puede convertirse en el incentivo necesario para desplegar fibra en regiones donde a lo mejor no lo tuvieran pensado. Por ejemplo Orange hace unos meses se adjudicó el contrato de Asturias. Además, se lo ganó a Telecable, ahora en manos de Euskaltel, por lo que puso una pica de banda ancha en “territorio enemigo”. El planteamiento es que al desplegar redes en aquella región, sobre todo en las zonas menos habitadas, que es hacia donde se dirige el programa, ofrece la opción de seguir tirando fibra.
Contratos golosos y necesarios
Al margen del beneficio privado que sacan las empresas con estas adjudicaciones, la realidad es que son totalmente necesarias. De ahí el esfuerzo que está realizando el organismo público Red.es para la gestión de estas escuelas.
De esta iniciativa van a beneficiarse, en principio, más de 6,5 millones de alumnos y más de 16.500 centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos. Su finalidad, según explican, es “extender y consolidar el uso de la tecnología en el sistema educativo, conforme a los objetivos del Plan de Cultura Digital en la Escuela”. El convenio complementa las actuaciones que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y los Gobiernos autonómicos desarrollan para impulsar la sociedad de la información en la educación.
Los 330 millones de euros (220 del Gobierno, y el resto de las comunidades) con que se ha dotado a este plan se cofinanciarán a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con cargo al Programa Operativo Plurirregional de Crecimiento Inteligente.
A nivel tecnológico, el proyecto en la mayor parte de los casos se ha propuesto accesos de fibra óptica, excepto en colegios de muy pocos alumnos, en poblaciones pequeñas, donde se ofrecen soluciones basadas en 4G. También hay que construir una red wifi interna para las comunicaciones internas dentro de los propios centros docentes.
Bajo este contexto, Telefónica, Vodafone y Orange pelearán por estos contratos y, sobre todo, harán cábalas y números para valorar las regiones por las que pujar. Sus despliegues de red no se detienen, y si hay incentivos… mejor.
