Querían que fuera antes del verano, y así ha sido. El Santander ha presentado -a dos semanas de la publicación de resultados semestrales- la solución para los minoritarios del Popular tras su resolución. Una bonificación que tendrá un coste de 685 millones de euros, aunque supondrá la emisión de bonos por valor de 980 ‘kilos’.
Eso sí, está destinada exclusivamente a todos aquellos inversores minoritarios que acudieron a la ampliación del Popular de 2016, y a los clientes del Santander. También a aquellos que adquirieron obligaciones subordinadas emitidas durante el pasado ejercicio. De este modo, se da luz verde a una necesidad para el banco de Ana Botín, cuya imagen había quedado en evidencia y afectada por la compra del Popular pese a los evidentes esfuerzos de medios de comunicación afines que justificaban la operación; a la vez que animaban a los inversores a acudir a la ampliación de capital con la que el banco cubriría la operación.
Según el baremo presentado por el Santander, los institucionales quedan excluidos. Y los límites para recibir compensación se hará de la siguiente manera. Los accionistas recibirán el 100% de su inversión. En el caso de los que tengan obligaciones subordinadas, quedaría así: hasta 100.000 euros recuperan el 100%. De 100.000 a 500.000 hasta el 75%; y llegará al 50% a partir del medio millón de euros. Además, deben haber continuado depositadas en Popular o en Santander durante todo este tiempo.
Todas aquellas personas que decidan aceptar el canje, van a recibir obligaciones perpetuas del Banco Santander con un valor de 100 euros (con ajustes a la baja). Eso sí, serán amortizables a voluntad de la entidad a partir del séptimo año a voluntad de la entidad cántabra; recibiendo el 100% del valor nominal y previa autorización de las autoridades comunitarias. Eso sí, si se quiere tener esta posibilidad debe tenerse en cuenta que se renuncia a cualquier acción penal contra el Popular, el Santander o cualquiera de sus directivos. Además, será imprescindible que exista una relación comercial con el Banco Santander durante los siete años posteriores.
Los que se quedan fuera
Para la entidad esta acción no tendrá un impacto adicional en las cuentas, dado que está incluido en los ajustes de la primera consolidación del Popular.
De esta compensación quedan excluidos los miembros del consejo de administración de Banco Popular, como las personas vinculadas a dichos consejeros y los accionistas que, individual o concertadamente, hayan tenido participación significativa declarada en la entidad.
También quedan fuera todos aquellos grandes inversores institucionales que acudieron a la ampliación. Es decir, los que invirtieron más de un millón de euros; así como los accionistas históricos del Popular. Por tanto, aunque la solución ayudará a miles de familias; habrá muchas que vean su inversión reducida a cero. Sin embargo, con esta solución el Santander trata de evitar que puedan derivarse responsabilidades penales por la última ampliación llevada a cabo por Ángel Ron.
Conviene no olvidar que el propio Popular ha reconocido unos ajustes en su cuenta de resultados de 2016 por valor de 600 millones de euros, procedentes de irregularidades cometidas durante la ampliación. Entre otras cosas, por créditos concedidos por el propio banco para financiar la compra de títulos; algo que obliga a que esas acciones no computen como capital.
La historia
En tan sólo 24 horas el Banco Popular pasó de valer 10.500 millones de Euros a valer 0, pese a las llamadas a la tranquilidad y la negación los días previos por parte de la dirección del banco y de las autoridades. El pasado 7 de Julio se suspendía la cotización del Banco Popular, perdiendo todos los inversores su dinero, y procediéndose a la polémica venta al Banco de Santander por 1 Euro.
Falta saber y comprobar si las cientos de demandas de agrupaciones de perjudicados se van a retirar y detener las demandas previstas por esta medida del Banco de Santander.
